El lawfare sigue activo y el caso Correo Argentino es su nueva víctima. La Cámara Federal porteña, con las firmas de los jueces Martín “Doctrina” Irurzun y Mariano Llorens, revivió una contradenuncia de la familia Macri y ordenó que se investigue a la fiscala Gabriela Boquin.
No es casual. El propio Macri, en su reciente raid televisivo, apuntó directo contra Boquin, que fue quien logró frenar la condonación de la multimillonaria deuda de la familia Macri con el Estado. Ahora Comodoro Py quiere investigarla y no solo a ella. También al procurador del Tesoro Carlos Zannini, al titular de la Inspección General de Justicia (IGJ) Ricardo Nissen y a la interventora de Correo Argentino Flor Inés Farber. Todos señalados por Macri en sus entrevistas guionadas.
En esta nueva causa, los Macri denuncian que hay una persecución judicial en su contra por el caso Correo, donde deben miles de millones de pesos al Estado desde el 2001. El mundo del revés. Dicen, además, que todo el caso genera un “escándalo mediático que denosta la figura política del ex presidente Macri, asociando su imagen con la de una empresa de su familia de la que es ajeno”. Sic.
Esta resolución de los jueces Irurzun y Llorens revela, una vez más, como siguen vigentes los opacos entramados de persecución mediático judicial y la influencia que Macri mantiene en ellos. Y no es el único movimiento en este sentido. Las declaraciones de Macri contra Boquin también activaron otro apriete por parte del procurador interino Eduardo Casal, que sigue respondiendo al ex presidente.
Este avance contra Boquin se da en el marco de una denuncia que presentaron los Macri en Comodoro Py. El objeto inicial era impugnar el sorteo de Farber, la nueva interventora de Correo Argentino. Pero el objetivo real es, como lo revela este fallo, apuntar contra Boquin, Nissen y Zannini.
Esta contradenuncia de la familia Macri, presentada por sus abogados Francisco Castex y Luciano Pauls, fue archivada por el juez Sebastián Casanello por “inexistencia de delito”. Pero los Macri apelaron y ahora los camaristas Doctrina Irurzun y Llorens revocaron la decisión de Casanello y le ordenaron investigar a la fiscala, al titular de la IGJ y el procurador del Tesoro.
Los Macri dicen que hay una persecución contra ellos por el caso Correo, orquestada por Boquin, Nissen, la ex procuradora Alejandra Gils Carbó y Zannini. “Se han utilizado los resortes del poder y de la justicia para dañar patrimonialmente y afectar la reputación de Correo Argentino SA y sus accionistas, impidiendo a Correo Argentino S.A. recuperar sus bienes y condenarla a un estado falencial, que le impone una desprotección e indefensión desusada, injusta y antijurídica. Lo que se busca sin escrúpulo alguno es que se decrete a cualquier costo la quiebra de Correo Argentino SA”, dice a apelación de sus abogados.
Lo que no dicen es que lograron durante 19 años saltearse todos los plazos legales para resolver su deuda con el Estado y más de 700 acreedores y que tanto los planteos de Boquin como la intervención de Correo y el proceso actual de salvataje son exactamente lo que marca la ley de Concursos y Quiebras. Eso sí, con 15 años de retraso gracias a distintas maniobras pergeñadas por los abogados de la familia Macri y en las que nada tienen que ver los que ahora serán investigados.
En su resolución, los camaristas porteños le indican al juez Casanello que investigue, que analice las medidas de prueba que pidieron los abogados de los Macri y que cite a los testigos que propusieron. Entre estos testimonios están el del ex ministro de Justicia Germán Garavano, el ex senador Miguel Ángel Pichetto y el diputado y ex apoderado de Correo Pablo Tonelli, que denunciaron públicamente la imaginaria persecución política de la “famiglia”.
Los Macri, por su parte, piden que se “disponga un registro de llamadas realizadas y recibidas entre los teléfonos particulares, de trabajo u otro tipo de Gabriela Boquín, Carlos Zannini, Ricardo Nissen, Alejandra Gils Carbó (quien estaría tras los actos de la Fiscal Boquín), desde un poco antes del 28 de junio de 2016 hasta la actualidad. Especialmente en los períodos próximos a los dictámenes y resoluciones persecutorios hacia Correo Argentino S.A.”. Lo mismo con sus mails. También que se registren sus computadoras.
En el caso de Boquin, esta avanzada de Comodoro Py es más escandalosa. Según indicaron fuentes judiciales a El Destape, la jurisprudencia histórica de la Cámara Federal es no investigar a los actores judiciales porque cada litigio debe transcurrir en su fuero. Doctrina Irurzun y Llorens están en el fuero penal, Boquin en el Comercial.
Los abogados de los Macri describen la “persecución” en 4 puntos que ahora la Cámara porteña habilitó investigar:
1) Hablan de “los falsos, intimidatorios y desajustados a derecho dictámenes de la Fiscal Gabriela Boquín”
2) El Grupo Macri también dice que sufre “la persecución de Ricardo Nissen quien, en su carácter de inspector de la IGJ, resolvió – de manera totalmente arbitraria- declarar irregulares e ineficaces a los efectos administrativos la memoria, el informe de la comisión fiscalizadora, el informe del auditor independiente y los Estados Contables finalizados al 31 de diciembre de 2018, correspondientes a la sociedad Correo Argentino S.A”.
3) Tildan de “ilegal” a la "intervención de Correo Argentino S.A. desplazando a sus legítimas autoridades y perjudicando a sus accionistas, con el fin ya inequívoco de lograr su inmediata quiebra”.
4) Por último, consideran “ilegítimo” el “sorteo por el que resultó designada la contadora, Flor Inés Farber” al frente de la intervención de la empresa.
Todo esto había sido archivado por Casanello, para quien no había delito. La Cámara Federal porteña, aquella en la que Macri ubicó a dedo a Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, la que revisa todo lo que hacen los juzgados de primera instancia de Comodoro Py, dio vuelta el fallo y ordenó que se investigue. Es decir, le hizo un importante guiño a Macri en el caso que más le preocupa.
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