Desde hace ya unos años, la República Argentina intenta modernizar y reequipar sus fuerzas armadas y de seguridad, en un contexto en el que se ha perdido o reducido la capacidad Industrial que tuvo la Argentina hasta la década del 90, ya que en el año 1994 la administración del presidente Carlos Menem, alineada con las políticas de defensa de los Estados Unidos de América, cerró y líquido la empresa Tanque Argentino Mediano Sociedad de Estado (TAMSE), una empresa que había sido creada para proveer a nuestras fuerzas armadas de toda una familia de vehículos blindados de combate y de transporte de personal. Al perder esa capacidad industrial, que incluía la posibilidad de poder renovar y mejorar esos vehículos, el ejército argentino se ve obligado a adquirir en el exterior, los sustitutos de los viejos M-113 estadounidenses, que aún conforman la mayor parte del parque de transporte blindado de nuestro ejército y que se habían fabricado, en la década del 60.
En el año 2023, el gobierno argentino firma una carta de intención con la República federativa del Brasil para adquirir los vehículos blindados de combate VBTP-MR Guaraní 6 x 6, desarrollados en conjuntos por la empresa italiana IVECO y los talleres del ejército de Brasil.
Pero la actual administración del presidente Javier Gerardo Milei cambió totalmente las coordenadas de la política exterior, y en particular planteó un contencioso ideológico con el gobierno de la brasileño, lo que llevó a renunciar al proyecto de adquisición de material militar, y reemplazarlo por el proyecto de adquisición del VVCBR M-1126 Stryker, vehículo perteneciente a una familia de vehículos de diseño canadiense, bajo requerimiento del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos de América, lo que incluiría algunos vehículos empleados por el ejército de Nueva Zelanda.
Se trata de una muestra más de un alineamiento incondicional con la política exterior estadounidense, y en particular con su política de defensa, y un abandono de la posibilidad de usar las adquisiciones de material para las fuerzas de defensa y seguridad, como una herramienta para el desarrollo de una política Industrial independiente argentina. Con un agravante, que cuando un país compra material militar, éste está fuertemente condicionado para los usos que se puede hacer de él, o para su disposición comercial, así como restringido por las licencias sobre los sistemas que estos vehículos portan. Como es el caso de la nueva adquisición de la Fuerza Aérea Argentina de los antiguos cazas F-16 a Dinamarca, para los que mantenimiento y actualizaciones del equipamiento, dependerán de la aprobación exclusiva del gobierno norteamericano. Por ello, el modo y el proveedor de la compra de equipamiento militar puede ser un elemento que contribuye a incrementar nuestra autonomía, o a restringirla severamente. Y el caso de la compra de material estadounidense o con licencias estadounidenses es claramente una pérdida absoluta de autonomía, no sólo porque tenemos que adquirirles los repuestos y el equipamiento a ellos, sino también por las restricciones severas que impone los Estados Unidos de América cuando exporta material militar sensible (como podría ser el caso de que la Argentina tenga que defenderse de una agresión británica en nuestro territorio).
O sea que, en vez de tener una política de defensa independiente, el gobierno de La Libertad Avanza fomenta una política de defensa subordinada a los intereses de un sector hegemónico que pretende imponer una visión unilateral de la política internacional. Y así, perdemos las posibilidades de desarrollo tecnológico nacional. Y mientras que la provisión brasileña no ofrecía esta limitante, el material a los Estados Unidos de América o el material que está alcanzado por las restricciones y licencias estadounidenses, nos subordina aún más a sus dictados.
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