Julián Leunda, quien se desempeñaba como Jefe de Asesores de la Presidencia, presentó su renuncia. Su nombre aparecía nombrado en los presuntos chats donde hay conversaciones privadas entre jueces, fiscales, funcionarios y empresarios para tapar el financiamiento del "vuelo del Lawfare" de "los jueces de Clarín" a Lago Escondido. Tanto para el presidente Alberto Fernández como para la vicepresidenta Cristina Kirchner condenaron esa filtración.
“Tengo el agrado de dirigirme a usted para presentarle mi renuncia indeclinable, desde el día de la fecha, al cargo de Jefe de Gabinete de Asesores de Presidencia de la Nación que asumí el 1 de agosto de 2022. Agradezco la confianza depositada en estos casi tres años y destaco que ha sido un honor haber formado parte del gobierno que usted encabeza”, expresó Leunda en su carta de renuncia.
Piden la detención de los participantes del viaje
Marcelo Hertzriken Velasco, el abogado de Bariloche y denunciante del vuelo del lawfare, pidió la detención de los participantes del viaje a Lago Escondido. La solicitud fue contra el administrador de la estancia de Joe Lewis, Nicolás Van Ditmar, del especialista en comunicación Tomás Reinke, del abogado del Grupo Clarín Pablo Casey y del ministro de Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro.
Hertzriken Velasco formuló hace semanas la denuncia penal ante la Fiscalía Federal de esa ciudad de Río Negro (a cargo de María Cándida Etchepare), en la que identificó la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias agravado hacia jueces y fiscales, admisión de dádivas y violación de los deberes de funcionario público.
Hertzriken Velasco este martes le pidió a la Justicia que detenga a los participantes que no tienen fueros y arbitre las medidas necesarias para proceder al desafuero de los jueces que participaron y así detenerlos con prisión preventiva. El motivo que alega para la preventiva es que pueden llevar adelante "entorpecimiento investigativo" y pide que sean llamados a indagatoria "toda vez que han ofrecido dádivas cuyo valor promedia los U$D 5.000/10.000 por cada uno, ya sea como autores o partícipes necesarios".
En la presentación, el abogado también apunta a los jueces Julián Ercolini, de Comodoro Py; Carlos Alberto Mahiques, presidente de la Sala II de la Cámara de Casación Penal; Pablo Cayssials, juez del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 9 y Pablo Yadarola, juez del Juzgado Penal Económico N° 2, participantes del viaje al sur.
En esos casos, le pidió a la fiscal Etchepare que solicite el allanamiento de sus despachos ubicados en la Ciudad de Buenos Aires "para secuestrarles la totalidad de los teléfonos celulares que se hallen en su poder, para ser peritados, así como obtenga sus resúmenes bancarios del último mes".
Además, el abogado le pidió a la fiscal que arbitre las medidas procesales para avanzar en el "trámite cautelar" de desafuero de los magistrados, "a los cuales con fueros puede citarlos inmediatamente a indagatoria y luego detenerlos en prisión preventiva requerida ante el juez por protagonizar análogas conductas a las enrostradas".
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