El presidente Alberto Fernández emitió por cadena nacional un discurso sobre el escándalo de "los jueces de Clarín". Tras la filtración de un presunto chat entre jueces, fiscales y directivas del grupo de Héctor Magnetto, anunció cuatro medidas. La más importante es que el Ejecutivo solicitará que se investiguen penalmente los hechos relacionados al viaje del lawfare, en especial, lo relacionado a su financiamiento.
Fue en un mensaje por cadena nacional. "He decidido dar este mensaje desde la Casa Rosada porque es evidente que gran parte del sistema de medios privados ha decidido no dar cuenta de lo ocurrido en ese singular viaje a Lago Escondido", dijo.
Entre las cuatro medidas que tomó el mandatario está la de instruir al ministro de Justicia., Martín Soria, a presentarse ante el Ministerio Público Fiscal para que se investiguen penalmente los hechos relacionados al viaje en cuestión. El segundo punto es instruir al representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura para que solicite la apertura de un sumario ante la Comisión de Disciplina para investigar la conducta de los magistrados federales.
También solicitará el Presidente al bloque de legisladores del Frente de Todos de la Ciudad de Buenos Aires que evalúe la conducta de los funcionarios de ese distrito involucrados y, de corresponder, presentar el Juicio Político a los funcionarios de la Ciudad involucrados. Por último, pidió al Congreso de la Nación que avance con el tratamiento de los proyectos de reformas del Poder Judicial pendientes y la cobertura del cargo de Procurador General de la Nación.
El escándalo de "los jueces de Clarín" arrancó por los presuntos chats que fueron hackeados del teléfono del ministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro. En ellos se puede observar el diálogo que mantuvieron jueces, fiscales y directivos del Grupo Clarín tras la publicación del documento que certificaba su viaje a Lago Escondido, Bariloche. El pasado 13 de octubre hubo un vuelo desde San Fernando hacia esa ciudad de Río Negro que compartieron jueces y fiscales del lawfare junto con miembros de la exSIDE y un conocido publicista. El Destape obtuvo la planilla de ese vuelo, con el detalle de los pasajeros.
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Jorge Rendo y Pablo Casey, presidente y abogado del Grupo Clarín respectivamente, invitaron a un grupo de funcionarios, jueces y fiscales directamente vinculados a la persecución judicial a Cristina Fernández de Kirchner a pasar unos días en Lago Escondido, la estancia patagónica del magnate inglés Joe Lewis, amigo personal de Mauricio Macri. Descubiertos, intentaron encubrir esta reunión a través de la confección de facturas truchas y el direccionamiento de la causa en la que se los investiga, dos delitos graves.
Sobre esto, Fernández expresó hoy: "Por vez primera queda expuesto ante nosotros, con enorme contundencia, el modo en que ciertas corporaciones operan sobre funcionarios, jueces y fiscales procurando de ellos favores que, en muchos casos, buscan ventajas indebidas, mientras que en otros simplemente propician la persecución de aquellos que los enfrentan". Asimismo, agregó: "Espero que todos tomemos conciencia de la gravedad de los hechos. Lastima la democracia ver la promiscuidad antirepublicana con la que se mueven algunos empresarios, algunos jueces, algunos fiscales y algunos funcionarios. Hasta aquí se han sentido impunes. Es hora que empiecen a rendir cuenta por sus conductas".
El mandatario, además, destacó el accionar de su gestión contra el lawfare: "Desde el inicio de mi gestión he advertido sobre la existencia de sótanos que la Argentina fue sosteniendo a lo largo de los años. Me comprometí a eliminarlos para garantizar una democracia más plena, profunda y auténtica. Pusimos fin a los operadores y mesas judiciales. Los servicios de inteligencia dejaron de deambular por pasillos de los tribunales. Las escuchas de opositores al poder de turno del Estado desaparecieron por completo. Los órganos de fiscalización y recaudación estatales no volvieron a usarse en perjuicio de eventuales críticos al gobierno".
El discurso completo de Alberto
Desde el inicio de mi gestión he advertido sobre la existencia de sótanos que la Argentina fue sosteniendo a lo largo de los años. Me comprometí a eliminarlos para garantizar una democracia más plena, profunda y auténtica.
Pusimos fin a los operadores y mesas judiciales. Los servicios de inteligencia dejaron de deambular por pasillos de los tribunales. Las escuchas de opositores al poder de turno del Estado desaparecieron por completo. Los órganos de fiscalización y recaudación estatales no volvieron a usarse en perjuicio de eventuales críticos al gobierno.
Todo ese esfuerzo se vuelve vano cuando los factores de poder influyen negativamente sobre las estructuras del Estado. Argentina necesita de una vez y para siempre de funcionarios honestos, jueces probos y empresarios que obtengan sus ganancias sin corromper a otros.
Algunos días atrás, un diario de alcance nacional dio a conocer detalles de un viaje que habría realizado un grupo de jueces, fiscales, ex funcionarios públicos y ex agentes de la Agencia Federal de Inteligencia, en un avión privado, hasta Lago Escondido. Allí, habrían pasado un fin de semana alojados en la mansión perteneciente a Joe Lewis, un empresario británico poseedor de grandes extensiones de tierra en esa zona de nuestra Patagonia.
Parece evidente que el viaje existió. Y todo parece indicar que, sabiendo que el hecho se había convertido en noticia, quienes habrían participado del mismo se inquietaron ante el riesgo cierto de estar incursos en una serie de delitos tales como la percepción de dádivas y el incumplimiento de deberes de funcionario público. Contaban con una certeza: el principal grupo de medios de comunicación de Argentina garantizaría la no divulgación de los hechos. En apariencia, eran a la vez los convocantes al encuentro. Sabiendo eso, todos habrían comprometido sus mejores esfuerzos tratando de evitar que otros medios difundieran lo ocurrido.
Por vez primera queda expuesto ante nosotros, con enorme contundencia, el modo en que ciertas corporaciones operan sobre funcionarios, jueces y fiscales procurando de ellos favores que, en muchos casos, buscan ventajas indebidas, mientras que en otros simplemente propician la persecución de aquellos que los enfrentan.
Todo parece indicar que ha quedado al descubierto, una vez más, el deterioro de la calidad institucional en que han incurrido algunos jueces, fiscales, ex funcionarios y empresarios. Todos ellos involucrados en un perverso juego de cohechos que afecta gravemente el buen funcionamiento del Estado y, en particular, de la administración de justicia.
No dejo de advertir que lo que ha trascendido es, aparentemente, el resultado de la intromisión en una plataforma de comunicación. Pero eso no es obstáculo para indagar cuál ha sido el propósito de ese viaje, quiénes participaron del mismo y quien financió el traslado y hospedaje de los viajantes. Ese hecho se habría verificado con antelación al momento en el que los integrantes del grupo “Operación Página 12” se inquietaran por la difusión de la noticia y dialogaran en ese sitio digital buscando quedar impunes.
He decidido dar este mensaje desde la Casa Rosada, porque es evidente que gran parte del sistema de medios privados ha decidido no dar cuenta de lo ocurrido en ese singular viaje a Lago Escondido.
Espero que todos tomemos conciencia de la gravedad de los hechos. Lastima la democracia ver la promiscuidad antirepublicana con la que se mueven algunos empresarios, algunos jueces, algunos fiscales y algunos funcionarios. Hasta aquí se han sentido impunes. Es hora que empiecen a rendir cuenta por sus conductas.
Convencido de que debemos decir “Nunca Más” a las prácticas que dañan la institucionalidad de la República, he resuelto:
1) Instruir al Ministro de Justicia a presentarse ante el Ministerio Público Fiscal, a fin de solicitar se investiguen penalmente los hechos relacionados al viaje en cuestión, en especial, lo relacionado a su financiamiento.
2) Instruir al representante del PEN ante el Consejo de la Magistratura para que solicite la apertura de un sumario ante la Comisión de Disciplina para investigar la conducta de los magistrados federales.
3) Solicitar al Bloque de Legisladores del Frente de Todos de la Ciudad de Buenos Aires que evalúe la conducta de los funcionarios de ese distrito involucrados y, de corresponder, presentar el Juicio Político a los funcionarios de la Ciudad involucrados.
4) Una vez más, solicitar al Congreso de la Nación que avance con el tratamiento de los proyectos de reformas del Poder Judicial pendientes y la necesaria cobertura del cargo de Procurador General de la Nación.
Quiénes son los que hicieron el vuelo del lawfare
- El juez Julián Ercolini, uno de los inquisidores de CFK en las causas Vialidad y Hotesur.
- Juan Bautista Mahiques, ariete de la persecución judicial durante el gobierno de Mauricio Macri y actual jefe de los fiscales porteños.
- Carlos Mahiques, padre de Juan Bautista y juez de la Cámara de Casación puesto a dedo por Macri.
- El juez Pablo Yadarola, del fuero penal económico pero que buscar llegar a la Cámara Federal de Comodoro Py.
- El juez Pablo Cayssials, que anuló la adecuación de oficio del Grupo Clarín a la ley audiovisual y fue clave para lograr en su momento el desplazamiento de Alejandra Gils Carbó.
- Marcelo D’Alessandro, actual ministro de Justicia y Seguridad porteño.
- Leonardo Bergroth, que trabajó en la exSIDE bajo el ala de Antonio Stiuso.
- Tomás Reinke, publicista, presidente de Mediabit y director en Sentidos.
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