La fiscal federal de Bariloche María Cándida Etchepare pidió a la Justicia que se investigue por el delito de aceptación de dádivas al grupo de magistrados, funcionarios porteños, empresarios de medios de comunicación y un ex agente de inteligencia por el delito de "aceptación de dádivas", a raíz de un viaje que realizaron en octubre pasado a Lago Escondido, provincia de Río Negro, donde el magnate inglés Joe Lewis posee una estancia. En el dictamen de la fiscal se observan imágenes de las autoridades de Lago Escondido a los abrazos con los directivos del grupo Clarín.
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Las filmaciones fueron captadas en el Aeropuerto Internacional Teniente Candelaria de Bariloche se observa al presidente del Grupo Clarín Jorge Rendo y el abogado de Clarín Pablo Casey. "El contingente fue recibido personalmente por Nicolás Van Ditmar, presidente de “Hidden Lake S.A.”, circunstancia ampliamente conocida a nivel local principalmente en virtud de los públicos conflictos de la empresa y distintas organizaciones por el acceso al Lago Escondido, ubicado dentro de la citada estancia. En las imágenes, aquél está acompañado por tres personas, dos varones y una mujer, quienes también saludan a los recién llegados", sostiene la fiscal.
Acerca del vuelo de regreso, la fiscal explica que "las filmaciones se observa como las mismas dos camionetas de alta gama (una blanca y otra negra) ingresan directamente a la pista de aterrizaje y frenan junto a un avión privado, sin ingresar al edificio del aeropuerto". Por ese motivo convocó a declarar al Jefe de la Unidad Regional de Seguridad Aeroportuaria (UOSP) de Bariloche, el Subinspector Gómez, para que explique por qué no hicieron el protocolo de seguridad. El funcionario expresó que lo hicieron pero no a través de las cámaras de seguridad para evitar cruzarse con manifestantes que iban a pedir por las mujeres detenidas en Bariloche.
En los presuntos chats de Telegram, los jueces, funcionarios y directivos de Clarín se molestan por el plan de vuelo que publicó El Destape como prueba del viaje y alertan que no deben conocerse las imágenes de la llegada al aeropuerto que ahora aparecen en el dictamen de la fiscal.
Etchepare consigna en su pedido de investigación por dádivas que inició actuaciones a partir de una denuncia presentada por el abogado Marcelo Hertzriken Velasco, quien puso en conocimiento de la fiscal que el 13 de octubre pasado viajaron desde Buenos Aires a Bariloche los involucrados mencionados.
El viaje se llevó a cabo en un avión privado de la empresa Servicios y Emprendimientos Aeronáuticos S.A., con matrícula LV-GCK, según consta en la denuncia. "Todos ellos retornaron al aeropuerto de San Fernando el día 15 del mismo mes y año, tal como surge de la Declaración Jurada acompañada por la Policía de Seguridad Aeroportuaria ante el requerimiento de esta Fiscalía", remarca la funcionaria judicial.
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En la presentación, la fiscal afirma además que el avión pertenece a una empresa que posee un nombre de "fantasía", conocido como "Flyzar", que pertenece al empresario aeronáutico Gustavo Fernando Carmona.
"A su vez, la firma acompañó -a pedido de esta sede- copia de las facturas emitidas en favor de los denunciados, muchas de ellas datadas el mismo 13 de octubre por la suma de $120.000, a excepción, de las que corresponden a Bergroth de fecha 17 y 19 del mismo mes por la suma de $120.000 y $60.000, respectivamente. Es decir, estas últimas resultan posteriores a la fecha en que habría viajado y por un monto superior. Llama la atención que en todos los casos los pagos figuran como efectuados en la modalidad "contado" y que el pago se realizara el mismo día del vuelo", remarca la fiscal.
Etchepare indica que "en cuanto a los pasajeros arribados" a Bariloche ese día "no figura en ninguno de los vuelos el ex presidente Macri, pero de ellos sí surgió la presencia de dos altos directivos del Grupo Clarín S.A, Pablo Casey y de Jorge Carlos Rendo".
Por eso para la fiscal, "si bien los hechos denunciados inicialmente por Hertzriken Velasco no eran del todo exactos, sí tenían una base cierta de ocurrencia que podría implicar un ilícito penal, en particular, la existencia de un viaje de lujo en un avión privado y con destino a una magnánima estancia en el que participaron jueces, un ministro de la Ciudad de Buenos Aires y dos empresarios".
Los participantes de ese encuentro "se reunieron en esta ciudad con otros dos empresarios con altos cargos en un poderoso conglomerado de medios de comunicación nacional, cuya presencia en la reunión fue evidentemente ocultada, no solo por haber tomado otro vuelo, sino por su omisión en el relato de quien -presuntamente- los alojara", dice luego el texto.
"A esto se suma, como hipótesis delictiva a corroborar por la investigación que habrá de llevarse a cabo, que todas las facturas emitidas por los servicios fueron abonadas 'al contado' e, incluso, en el caso del alojamiento, formalizadas con posterioridad, de modo tal que adquiere sustentación (con el grado que requiere esta incipiente instancia) la denuncia del letrado en cuanto a que el viaje en su totalidad pudo haber sido un ilícito regalo a los funcionarios, extremo que habrá de corroborarse o descartarse a lo largo de la pesquisa", afirma Etchepare.
En ese sentido, considera que los hechos podrían encuadrarse ante la posible comisión de delitos de acción pública en infracción a los artículos 248, 256, 256 bis, 257, 258 y 291 del Código Penal, y solicita que el denunciante sea aceptado como querellante.
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