El bloque del Frente de Todos llevó parlantes al recinto de la Legislatura porteña y reprodujo los audios en los que se escucha al ministro de Justicia y Seguridad, Marcelo D’Alessandro, y al jefe de los fiscales, Juan Bautista Mahiques, montando una operación para encubrir el viaje a Lago Escondido.
"Los ponemos porque parece que no los escucharon y no se enteraron. Si no, no se explica cómo no tratamos el pedido de juicio político a Mahiques y a D’Alessandro y cómo Larreta los encubre", expresó la diputada Lucía Cámpora.
“Se trata de la defensa de la democracia. Estamos hablando de mafia o democracia y ustedes están eligiendo la mafia al elegir no discutir el juicio político contra Marcelo D’Alessandro y Juan Bautista Mahiques”, agregó Cámpora en un pedido de una cuestión de privilegio al tiempo que agregó: "No entiendo cómo les da la cara después para hablar de seguridad, de democracia, de instituciones, de republicanismo si tienen estos dos mafiosos a cargo de la Seguridad y la Justicia”.
Confirman inicio de juicio académico a Ercolini en la UBA por su viaje a Lago Escondido
El fiscal federal Alejandro Alagia, consejero por el claustro de profesores de la Facultad de Derecho de la UBA, confirmó que la institución comenzará a tratar hoy el pedido de juicio académico al juez federal Julián Ercolini, investigado por el delito de dádivas y encubrimiento tras el viaje a Lago Escondido.
"Es un pedido que han hecho los profesores y otras personalidades del mundo académico, y tiene un acompañamiento muy importante. El juicio se pide no por irregularidades sino porque hay graves faltas que lesionan la ética universitaria. Aparece un juez federal que puede condenar delitos que él mismo está cometiendo", apuntó Alagia en declaraciones para Radio 10.
El pedido de juicio académico a Ercolini se da en el marco de la causa en la que se investiga el viaje realizado a Lago Escondido en octubre pasado por magistrados, funcionarios del Gobierno porteño y directivos del Grupo Clarín.
El juicio académico es un mecanismo previsto en el Estatuto de la UBA que debe ser tratado inicialmente en el Consejo Directivo de la Facultad de Derecho y, luego, podría ser analizado por el Consejo Superior de la universidad, según se explicaron desde el colectivo que promueve este procedimiento contra el magistrado.
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