Marcelo D'Alessandro, ministro de Seguridad de la Ciudad, se transformó en una de las figuras políticas de la semana al filtrarse una serie de conversaciones de Telegram junto a jueces, fiscales y empresarios de medios para encubrir un viaje a Lago Escondido y evitar que se publicara en los medios de comunicación. Tras el escándalo, el Gobierno porteño cerró filas y decidió apoyarlo sin ningún lugar a dudas. A partir de allí, aparecieron varios cuestionamientos de parte del Frente de Todos al funcionario que empezó a ocupar cargos meses antes de que asumiera el macrismo, con pretensiones de sentarse en alguna silla nacional.
De estrecha relación con la jueza María Servini, de competencia electoral y siempre requerida por ello, se transformó en una figura clave para la administración porteña. Con ella se conocen hace más de 20 años por su rol de abogado y su actual cargo, como también al magistrado federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, un camaleón político que, según La Nación, llegó a ocupar esa silla gracias a Silvia Majdalani, la número dos de la AFI macrista.
De su gestión, puertas adentro, una figura del amplio rubro de Cambiemos le reconoció al ministro el logro de haber bajado, en los números, la tasa de delito en la Ciudad. Ese fue uno de sus puntos luminosos en la gestión. Pero, al mismo tiempo, tampoco se olvidó de algunos lugares oscuros como el asesinato de Lucas González, un joven que volvía de un entrenamiento en su club de fútbol y fue perseguido por la Policía por portación de cara, acribillado y con un intento de encubrir la escena del crimen.
Desde el Frente de Todos, hace tiempo denunciaron varias irregularidades en el accionar del funcionario, entre ellas el vallado y la restricción de la libertad de la vicepresidenta; el espionaje de la Policía de la Ciudad desde las casas de los vecinos a los manifestantes el 27 de agosto; efectivos colocando volquetes con piedras alrededor de la manifestación y la posterior represión. Todo el mismo día.
También la participación de miembros de la fuerza de seguridad en tareas de espionaje ilegal, entre ellas a familiares de las víctimas del submarino ARA San Juan; represión a docentes, estudiantes, trabajadores de la economía popular, enfermeras, jubilados y mujeres en la marcha del 8M y el velorio de Diego Maradona, además de la persecución a estudiantes que tomaron colegios; el regalo de patrulleros a municipios bonaerenses para hacer campaña y la desaparición del policía Arshak, cuya familia no fue acompañada en la búsqueda.
Marcelo D'Alessandro ocupó cargos desde antes del gobierno macrista en la Ciudad de Buenos Aires. Con Jorge Telerman fue director general de Infracciones desde comienzos de 2007, silla en la que se sentó hasta la mitad del segundo mandato de Mauricio Macri en la Capital Federal para, luego, pasar a formar parte de la Cámara de Diputados en 2013 por el Frente Renovador. Después de un breve paso por el Colegio de Abogados de Lomas de Zamora, regresó a la CABA en 2016 como secretario de Seguridad para, tras la renuncia de Diego Santilli por su candidatura en 2021, convertirse en el ministro.
Su regreso a la administración porteña tras el paso por el Frente Renovador se adjudicó, en su momento, no sólo a su vínculo con la magistrada sino también a los lazos que supo construir con Daniel Angelici, operador judicial del PRO en la Capital, además de su experiencia previa en algunos puestos locales. Desembarcó en el rol de secretario de Seguridad cuando la CABA encaró el proceso de unificación de las policías Metropolitana y Federal.
Apenas desembarcó en la CABA, tuvo que hacerse cargo del primer escándalo que involucró a Horacio Rodríguez Larreta, la detención de José Potocar, jefe de la Policía de la Ciudad, por coimas cobradas a vecinos de Saavedra y Nuñez a cambio de seguridad y el manejo de los trapitos en las inmediaciones de la cancha de River. Cuando se creó esa fuerza, el jefe de Gobierno decidió poner al frente a un civil y optó por la persona mencionada. En su momento, se dijo desconocer el pasado de este hombre y se lo suspendió. Fue D'Alessandro el encargado de defender a la Policía porteña para separarla de la historia pesada de la Metropolitana del “Fino” Palacios y de los antecedentes de la Federal. Se optó por la estrategia de la “manzana podrida”.
En el inicio, D'Alessandro estuvo bajo la gestión ministerial de Martín Ocampo, eyectado de su silla en Seguridad en noviembre de 2018 tras un fallido operativo de control en un Superclásico entre Boca y River, en el Monumental, cuando se emboscó el micro del plantel xeneixe. Ese lugar fue ocupado, desde entonces, por Diego Santilli hasta que decidió salir de los límites porteños para convertirse en Diputado Nacional, lo que catapultó a D'Alessandro como el máximo responsable en la materia.
D'Alessandro goza de cierta autonomía dentro del Gobierno de la Ciudad. Marcelo es de Marcelo. Ni de Horacio Rodríguez Larreta ni de Patricia Bullrich, con quien arrancó mal la relación a comienzos de su gestión al revisar los legajos de los efectivos de la Federal a la CABA y con quien se cruzó públicamente tras la represión del 27 de agosto en la puerta de la casa de CFK. La titular del PRO fue la primera dirigente de peso nacional que salió a apoyarlo. O, en realidad, a apuntar contra el kirchnerismo y, por elevación, ponerse del lado del ministro porteño. En definitiva, no se apoyó lo revelado por los chats sino la difusión de los mismos y cómo se obtuvieron. Pero el respaldo fue interpretado como total y contundente.
La primera que marcó alguna diferencia interna en torno a la figura de D'Alessandro y su participación en el grupo con jueces y empresarios de medios fue Margarita Stolbizer, una aliada de Juntos por el Cambio por el GEN. En diálogo con Radio con Vos, y ante una repregunta, la actual diputada aseguró que el funcionario debería renunciar a su cargo. Según su versión de los hechos, cuando una persona con responsabilidad pública tiene una imputación tan grave, debe ponerse a disposición de la Justicia. Como, para regresar al tema central para la oposición, debería (de hecho lo hizo) hacerlo la vicepresidenta Cristina Kirchner que, para la legisladora, tendría que declinar no a candidaturas futuras sino al cargo que ostenta en la actualidad.
Por el momento, un pedido semejante no pareciera tener ningún destino dentro de las decisiones futuras del gobierno porteño que “de ninguna manera” le pedirá la renuncia al ministro. Por esas casualidades de la vida, el funcionario apuntado por su participación en los chats del lawfare fue el encargado de custodiar la movilización kirchnerista en apoyo a la vice tras la lectura de la condena a seis años de prisión y proscripción.
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