Académicos de la Facultad de Derecho de la UBA intentan iniciar juicio académico contra Julián Ercolini y para ello ya lograron juntar 14.000 firmas en solo cuatro días de difusión. El pedido lo respaldan una decena de profesores y profesoras de esa Casa de Altos Estudios. El proceso que se le quiere impulsar al juez federal de Comodoro Py está relacionado con su participación en el vuelo del lawfare. Además, reclaman que el decano de la Facultad se expida al respecto.
Julián Ercolini fue quien elevó a juicio la causa Vialidad y que en los últimos días apareció involucrado en la filtración de supuestos chats por el viaje a Lago Escondido. "En la UBA hay un Código Académico que regula el juicio académico para que un profesor sea sacado de ese cargo", explicó a El Destape Radio la Doctora en Derecho Marisa Herrera al contó que Ercolini es profesor y Director de la especialización en Administración de Justicia y señaló que eso constituye una "contradicción". Además, Herrera denunció que la Facultad, como institución, todavía no sacó ningún comunicado. Herrera sostuvo además que "todo esto lo acarreamos desde el fallo de la Corte del Consejo de la Magistratura” y concluyó que "es el Consejo de la Magistratura el que debería sancionar a los jueces".
Como la Facultad de Derecho no tuvo ninguna declaración sobre los hechos que se conocieron los últimos días, un grupo de profesores de esa casa de estudios firmó una misiva destinada al decano Leandro Vergara a fin de solicitarle que "se expida al respecto". "Lo que podría encuadrar en las disposiciones reglamentarias del Código de la Universidad de Buenos Aires y del propio Estatuto Universitario, en relación con la posible falta de ética académica, indignidad moral o inconducta notoria a que hacen referencia dichas disposiciones", sostuvo la carta que lleva la firma de más de diez profesores, entre ellos Raul Zaffaroni y Eduardo Barcesat.
Entre las tantísimas firmas se encuentran la de los profesores Eugenio Raúl Zaffaroni, Lucila Larrandart, Alejandro Alagia -quien también firma la presente denuncia como integrante del Consejo Directivo- Nelly Minyersky, Beatriz Rajland, Marisa Herrera, Sebastián Barocelli, Carlos Alberto Arianna, Sebastián Tedeschi, Carlos de Feo, Mauro Benente, Valeria Thus, Enrique Néstor Arias Gibert, Raúl Ojeda, Horacio Corte, Cristina Caamaño, Marcelo Ferreira, Marcelo Raffin, Gustavo Caramelo, Mirta López González, Gabriel Anitua, Viviana Dobarro, Ricardo Huñis, Adriana Micale, Laura Clerico, Lucia Montenegro, Sergio Di Gioja, Cecilia Kandus, Sandra Wierzba, Elizabeth Gómez Alcorta, Marías Balone, Nora Chernavsky, Ricardo Nissen, Carlos Alberto Beraldi, Luis Fernando Niño, Leticia Vita, Graciela Lovece, Diego Duquelsky, Adrián Martín, Ana Clara Pietchestein, Paula Casa, Nadia Espina, Manuel Cuiñas Rodríguez, Andrés Harfuch, y la Red de Profesoras de Derecho por destacar sólo algunos/as, además de otros/as reconocidos/as integrantes del ámbito académico como ser Rita Segato, Graciela Morgade, Alberto Kornblihtt, Eduardo Dvorkin, Ricardo Foster, Diego Hurtado, Roberto Rivarola, Ana Franchi, Andrea Gamarnik, entre tantísimas otras personas pertenecientes, en su amplia mayoría, al ámbito académico de la Universidad de Buenos Aires y en menor medida, a otras universidades públicas y personas en general.
"Si bien el reglamento que regula el proceso de juicio de juicio académico recepta una legitimación activa amplia para la apertura de este proceso, lo cierto es que en atención a la repercusión social -en especial, en el ámbito académico y judicial- que ha tenido el hecho que aquí se denuncia, es que se ha decidido habilitar un formulario de Google para que personas pertenecientes, principalmente, a la comunidad académica se pueda expresar al respecto a partir de la adhesión a una nota/comunicado en el que se han recibido más de catorce mil (14.000) adhesiones en tan solo 4 días de difusión. Al respecto, es dable señalar que se acompaña el listado con el total de las firmas/adhesiones recabadas, entendiendo pertinente a los fines de tomar total dimensión de la indignación y preocupación que ha tenido en el ámbito principalmente académico, de la conducta desplegada por el profesor Ercolini, destacar el acompañamiento de una gran cantidad de profesores/as y docentes de nuestra Casa de Estudios y de otros destacados profesores/as también integrantes de la comunidad académica en general", señala el escrito dirigido hacia el decano de Derecho, Leandro Vergara.
Sobre Ercolini, los académicos argumentaron que esa falta de "integridad ética" son incompatibles con los principios y enseñanzas de la universidad pública y por eso alertaron sobre posibles consecuencias que podría tener en los estudiantes que hoy se forman en esa facultad. "Mancillando no sólo los principios universitarios sino también los principios que enseñamos desde el Departamento de Derecho Penal y Criminología como base misma del Derecho Penal y Procesal Penal, ambos apéndices constitucionales", argumentaron.
Otra carta en el mismo sentido fue remitida a Mario Villar, director del Departamento de Derecho Penal y Criminología de Derecho de la UBA. A él también le solicitaron que se expida sobre el actuar del juez Ercolini. "Cabe recordar que la Universidad de Buenos Aires es una comunidad de profesores, alumnos y graduados, que procura la formación integral y armónica de sus componentes e infunde en ellos el espíritu de rectitud moral y de responsabilidad cívica (Estatuto Universitario: Bases III), por lo que esta situación no debe pasar inadvertida", argumentaron los profesores: Alejandro Alagia; Alejandro W. Slokar; Maximiliano Rusconi., Profesores Adjuntos Marcelo Buigo, Renato Vanelli, Elizabeth Gómez Alcorta y Profesores Eméritos Eugenio Raúl Zaffaroni y Eduardo Barcesat.
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El comunicado de hoy expresa: "Dan cuenta de una connivencia política-judicial-económica que viola principios estructurales del Estado de Derecho como lo son los de independencia, imparcialidad y buena fe, por destacar los más básicos cuando se encuentra comprometido de manera directa uno de los poderes del Estado como es el Poder Judicial -el menos democrático en su diseño constitucional por su carácter cuasi vitalicio- con la consecuente responsabilidad que encierra en términos de calidad institucional democrática en lo relativo a su conformación y apego a los principios éticos. En este contexto de extrema gravedad, en fecha 5 de diciembre de 2022 el Presidente de la Nación anunció, a través de cadena nacional, que instruyó al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación para que adopte las medidas necesarias a fin de que se investigue el viaje mencionado, en atención a la configuración de los delitos de aceptación de dádivas"
"Un juez deberá ejercer su función judicial de forma independiente, partiendo de su valoración de los hechos y en virtud de una comprensión consciente de la ley, libre de cualquier influencia ajena, de instigaciones, presiones, amenazas o interferencias, sean directas o indirectas, provenientes de cualquier fuente o por cualquier razón", argumentan
Contra Ercolini, afirman: "Un juez deberá ser independiente en relación con la sociedad en general y en relación con las partes particulares de una controversia que deba resolver como juez. Un juez no sólo estará libre de conexiones inapropiadas con los poderes ejecutivo y legislativo y de influencias inapropiadas por parte de los citados poderes, sino que también deberá tener apariencia de ser libre de las anteriores a los ojos de un observador razonable. Un juez exhibirá y promoverá altos estándares de conducta judicial, con el fin de reforzar la confianza del público en la judicatura, que es fundamental para mantener la independencia judicial”.
Y se preguntan: "¿Cómo es posible dar cumplimiento con esto deberes y esta conducta que exige este instrumento ante un juez y profesor imputado por el delito de dádivas en el marco de un 'cónclave' que encierra vinculaciones directas con empresarios y funcionarios que están directamente comprometidos en causas judiciales de alto impacto político?"
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