La instrumentación del Lawfare tuvo diversos actores judiciales, que siguen en funciones. Por eso, el senador Oscar Parrilli pidió este martes la destitución –vía juicio político- del fiscal Carlos Stornelli y del defensor oficial Gustavo Kollmann, quien representó legalmente al chofer Oscar Centeno. Los acusa de “mal desempeño en sus funciones” en la causa “Cuadernos” y sus derivadas. Ambos son señalados como armadores clave de la persecución a los opositores, especialmente, contra Cristina Kirchner, durante el gobierno de Mauricio Macri desde la causa de las fotocopias.
En las dos presentaciones que hizo el senador (una en el Ministerio Público Fiscal y la otra en el de la Defensa) hay fuertes cuestionamientos a quienes dirige el pedido de desplazar a estos funcionarios judiciales: el Procurador General de la Nación interino, Eduardo Casal; y la Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez. Al primero, Parrilli directamente le reclama que se excuse de intervenir en el proceso de remoción. Considera que tuvo una actitud “encubridora” de Stornelli por la que “deberá responder oportunamente". Deja asentada su recusación si interviene en el proceso. A la segunda, le apunta por considerar que no podía desconocer lo actuado por Kollmann.
No son los únicos funcionarios judiciales cuestionados por el senador en sus pedidos de jury. También apunta contra los superiores del extinto juez Claudio Bonadio.
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Parrilli menciona que “la obscenidad de la causa” cuenta “con la invalorable colaboración de la Cámara Federal porteña (sala 1), con dos jueces apócrifos, trasplantados y serviles a los intereses de la mafia enquistada desde diciembre de 2015 hasta el 9 de diciembre de 2019”. La mención es a Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, quienes llegaron al tribunal porteño a dedo, por decisión de Macri. “También de dos jueces de la Cámara Federal de Casación Penal, Diego Barroetaveña y (Daniel) Petrone, con la sola excepción de la Dra. Ana María Figueroa, quien en soledad documentó en sus votos las sistemáticas violaciones a los derechos básicos que se perpetraron en este pútrido expediente”, agrega el senador. Justamente, Figueroa fue la camarista que días atrás denunció presiones por parte del gobierno de Cambiemos.
El pedido de jury a Stornelli
El fiscal Stornelli es investigado en la justicia federal de Dolores por su relación con la banda del agente inorgánico Marcelo D’Alessio, que estaba dedicada al espionaje ilegal. Está procesado en el D’Alessiogate y tiene un expediente abierto en el Ministerio Público Fiscal, que avanza a paso demasiado lento. No obstante, la presentación de Parrilli apunta directamente al accionar de Stornelli en la causa de las fotocopias, que estuvo repleta de irregularidades.
Para Parrilli con la causa Cuadernos se puso en marcha “un sistema de persecución judicial” ideado por “el gobierno del ex presidente Mauricio Macri, con él como su principal responsable”, que estuvo “auxiliado con la complicidad activa y pasiva de distintos exponentes del Poder Judicial y del Ministerio Público de la Defensa y Fiscal”. Entre ellos, el fiscal Stornelli y el defensor Kollmann, quienes “han posibilitado el encarcelamiento y extorsión de decenas de personas”. Detrás de esta persecución se escondía “como principal objetivo, la descalificación personal y política” de Cristina Fernández de Kirchner “y de sus funcionarios más cercanos del gobierno”. A la hora de describir los hechos, el actual senador nacional destaca que no se debe “olvidar el aporte invalorable de muchos medios de comunicación”.
Entre las irregularidades que rodearon “Cuadernos”, el legislador nacional menciona el fórum shopping, es decir, la elección de un juzgado y fiscalía a dedo para instruir la pesquisa. Es que la causa no fue a sorteo como hubiera correspondido sino que quedó a cargo de la dupla Bonadío-Stornelli por una supuesta conexidad con la causa GNL que ya tramitaba en el juzgado federal Nº 11, expediente que también estuvo repleto de ilegalidades. Allí, por ejemplo, declaró como testigo el mentado espía y falso abogado, Marcelo D’Alessio. Parrilli también recuerda que en GNL se contó con la participación del perito David Cohen, que hoy está procesado por su falsear un estudio clave de esa investigación.
La elección del juzgado tenía por fin último, según el denunciante, perseguir a la expresidenta. “Es evidente que un fiscal cómplice y un defensor oficial complaciente y colaborador de la maniobra constituía el aderezo necesario para consumarla. Carlos Stornelli y Gustavo Kollman, en distintos escenarios, son responsables de este dislate, no merecedores del honor de ser magistrados de la Nación”, sostiene el exsecretario General de la Presidencia.
Incluso, en los escritos se recuerda que la exesposa de Centeno, Hilda Horovitz, ya había prestado una declaración con un relato similar al de Cuadernos y que los hechos a investigar se habían sorteado y recaído en el juzgado que estaba a cargo de Sergio Torres. Cuando el periodista Cabot le entrega la información del chofer a Stornelli, el fiscal ya sabía de la existencia del relato de Horovitz. “Sin embargo, Carlos Stornelli no envió al periodista Cabot al juzgado del Dr. Torres para que le reciba declaración, sino que se la recibió él – bajo ese formato extraño en bares y su domicilio particular que luego documentó en su público despacho - y envió su testimonio a Bonadío”, quien decidió quedársela.
“Dos extremos de clarísimo fórum shopping se advierten aquí. Primero, la elección y ‘encuentros’ fuera del ámbito tribunalicio entre un denunciante y un fiscal federal, quien extramuros de todo protocolo conductual recibe y auspicia el avance de una pesquisa, la que además conserva sin recaudo alguno de asignación de causas”, resalta el denunciante. “Luego, una presentación directa de aquel fiscal, poco ortodoxo en su labor institucional, ante un juez que elige deliberadamente y una causa para enlazar la investigación nueva respecto de los ‘cuadernos’ aportados por un periodista y de presunta autoría de quien luego sería imputado en esta pesquisa”, se agrega.
A esto se suma la presión sobre Centeno para que cambie de abogado. El chofer, ya detenido, mantuvo un encuentro a solas con Bonadio y Stornelli, reunión que luego derivó en que cambiara de abogado y eligiera a Kollman como defensor.
El encuentro ocurrió el 1 de agosto de 2018 en los tribunales de Comodoro Py, cuando Centeno ya estaba detenido. El letrado Norberto Frontini, que –se resalta en el pedido de jury- era su defensor en la causa “conexa” GNL, intentó asistir al chofer antes de la indagatoria y no pudo hacerlo. “Es decir, al detenido Centeno lo privaron de ser asistido por su abogado, lo tuvieron en un despacho ‘negociando’ con el fiscal sin asistencia letrada (tal como taxativamente lo exige la ley 27.304 en su artículo 8) y finalmente lo ‘convencieron’ de que designara al defensor oficial”, se recuerda.
A partir de entonces, Centeno se convirtió el colaborador.
Allí entra en escena Kollman. “El Defensor Kollman no sólo silenció la extorsión y el ‘apriete’ a Centeno por parte del Fiscal Stornelli y el Juzgado de Bonadío, sino que participó en la maniobra cuando al día siguiente ‘simuló’ el arrepentimiento de Centeno con algunas formalidades mentirosas que escondieron el encierro ilegal de éste el día anterior mientras se negaba a su abogado estar presente en la reunión, pese a que la ley así lo exigía”, se narra en los pedidos de jury.
En este marco, los cuadernos, “no fueron encontrados habida cuenta de que luego de ‘confesar’ Centeno que los poseía en su casa, modificó su declaración en el sentido de que los habría quemado, para finalmente a semanas de la elección general del 2019 el periodista estrella de La Nación, Cabot, los habría obtenido en la calle. Francamente, tamaña ridiculez ofende al sentido común y la inteligencia”, remarca el denunciante.
En el pedido de jury también se rememora respecto a Stornelli que “varias de las defensas particulares de imputados han relatado minuciosamente las extorsiones que llevaba a cabo este impresentable fiscal, hablando de la entrega de sortijas para obtener la libertad para quienes se acogieran al régimen de arrepentido y además, como si esto fuera poco, involucraran a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner”.
El rol de Kollmann
De acuerdo a Parrilli, Kollmann, “posiblemente con la participación de otras personas pertenecientes al Ministerio Público Fiscal y al Poder Judicial de la Nación" pergeñó y ejecutó "la formación de diversos expedientes judiciales en las que consintieron todo tipo excesos, abusos y flagrantes violaciones a diversas garantías constitucionales”. Por ello, incurrió “en el mal desempeño de las funciones a cargo de un funcionario de la Defensoría General de la Nación, graves negligencias en su accionar y en perjuicio de las personas cuya representación asumieron y, asimismo, mediante la posible comisión de hechos ilícitos de carácter doloso”.
El defensor público apuntado participó en tres causas que fueron elevadas a juicio: Cuadernos, la de subsidios al transporte ferroviario; y una tercera de lavado de activos producido de los delitos cometidos en los dos expedientes anteriores. En esas causas están imputados el exsecretario de Obras Públicas, José López, y el chofer Centeno, ambos como miembros de esas asociaciones ilícitas. Los dos son defendidos por Kollmann y se presentaron como arrepentidos.
“La grave que aquí se denuncia consiste en que López y Centeno, desde que aparecen en la causa, tienen intereses manifiesta y absolutamente contrapuestos”, se destaca. “La prueba que obra en contra de López es la defensa material ejercida por Centeno unos días antes en su indagatoria”, se indica. Pero no fue advertido por el defensor.
Además, se destaca que Kollmann “nunca solicitó que se resguarden los derechos de sus asistidos registrando debidamente –por medios audiovisuales–las declaraciones de arrepentidos”, tal como lo exige la ley. Eso las debiera volver nulas.
Para Parrilli, Kollmann “es parte de la maniobra extorsiva, con la invalorable colaboración de tapar todo, prestarse a la maniobra y producir, por su ilícita actuación, la detención de decenas de personas a manos del inescrupuloso Bonadío merced el relato incriminatorio justamente de su asistido”, en referencia a Oscar Centeno.
Al concluir sus escritos, el senador nacional del Frente de Todos, recuerda la promesa pública del Presidente Alberto Fernández de terminar de una vez y para siempre con “los sótanos de la democracia” y de reordenar la justicia para acabar con “la construcción de falsas causas” y “la arbitrariedad en materia de detenciones”. Resalta que los casos de Stornelli y Kollmann se insertan en esa lógica que se pretende desterrar.
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