Gabriela Boquin, fiscala ante la Cámara Comercial, logró frenar una estafa de Mauricio Macri. Y no cualquier estafa: en 2016, apenas asumió la presidencia, Macri ordenó condonar la multimillonaria deuda de su familia con el Estado por la concesión que tenían del servicio postal con la empresa Correo Argentino. Boquin advirtió la maniobra y la impidió. Macri no se lo esperaba: acababa de llegar a la Casa Rosada y a su impunidad de nido le sumaba la construida en base a privilegios para con la prensa corporativa, el espionaje ilegal y la sumisión de jueces y fiscales. Y, fiel a su tradición, desplegó todo tipo aprietes contra Boquin.
La fiscala Boquin tiene un vademécum de aprietes que incluye:
- El robo de los papeles del caso de Correo de su auto frente a su casa
- Fallas, huecos y extraños cambios en su custodia
- Un sumario administrativo a partir de una falsa denuncia de maltrato laboral
- La infiltración de su oficina para pasarle documentos de la causa al diputado PRO Pablo Tonelli, ex abogado de Correo
- La aparición de su gato muerto en la puerta de su casa
- Una causa en Comodoro Py armada por los Macri, cerrada en dos oportunidades pero recientemente reabierta por la Cámara de Casación
- Reiterados intentos por apartarla del expediente
- Ataques directos por parte de dirigentes de Cambiemos y de Mauricio Macri en entrevistas e incluso en su libro
Robo
El 15 de octubre de 2016 Boquin trabajaba en su primer dictamen para impedir la condonación de la deuda de los Macri con el Estado. El caso aún no se conocía pero el plan de Macri ya se había puesto en marcha. El 28 de junio anterior el gobierno de Macri había aceptado la propuesta de la familia Macri que implicaba una quita del 98,82% de la deuda, unos 70.163 millones de pesos. Boquin tenía que intervenir el caso y tenía papeles del expediente en el auto estacionado frente a su casa. Un hombre encapuchado los robó.
La escena quedó grabada por una cámara de seguridad. El periodista Ariel Zak la reconstruyó: “El asaltante llevaba guantes de látex blancos. Pretendía no dejar huellas. No improvisaba. Con el auto a su merced, no robó ni el estéreo ni la rueda de auxilio. No le importaron tampoco los elementos de valor que había en la gaveta. Salió del auto con un maletín, con un rejunte de papeles adentro”.
No fue un robo al voleo. Fue la primera señal de hasta donde podían llegar los Macri en este caso. Sabían que Boquin trabajaba en dos dictámenes que presentó poco después, el 30 de diciembre de 2016 y el 8 de febrero de 2017. Ahí empezaría otra historia.
Custodia gruyere
A pesar de los continuos aprietes la fiscala Boquin nunca quiso custodia personal ni choferes. Sí pidió custodia para la puerta de su domicilio cuando comprendió que el robo de su auto no fue al azar.
Era 2017 y gobernaba Macri, al que Boquin le frenó la estafa. Complejo. Como fiscal nacional le correspondía pedirle custodia a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Cuando lo hizo se la negaron y la mandaron a pedirla a la ciudad. La solicitó entonces a Martin Ocampo, aún ministro de Seguridad porteño. Otra negativa: que era un tema del gobierno nacional. Ciudad y Nación eran de Cambiemos pero se pasaban la pelota.
Finalmente Bullrich envió la custodia pero ahí empezó otro capítulo: las fallas y huecos que dejaba el personal que debía cuidar su casa. Le forzaron la cerradura del auto a su marido, le tiraron a su gato muerto en la puerta de su casa, pero la custodia no veía nada. Varias veces Boquin llegó a su casa y el custodio no estaba. Señales.
Sáquenla
Los Macri no dejaron truco por intentar para apartar a Boquin del caso Correo. En diversos escritos que constan en el expediente, los Macri acusaron a Boquin de tener “un objetivo mediático y político” y llevar adelante una “aventura procesal”. Es lo más leve que le dijeron, pero en resumen su argumento era que la fiscala no tenía que investigar ni meterse en el caso.
Lo cierto es que hasta la Corte Suprema ratificó a Boquin. También las juezas que intervinieron en la causa sostuvieron que la fiscala tenía legitimidad para investigar y pedir pruebas. Lo hizo la jueza comercial de primera instancia Marta Cirulli, cuando escribió: “la legitimación del Ministerio Público para peticionar esas medidas ha sido estimada implícitamente por el Superior”. Por el “Superior” se refiere a la Sala B de la Cámara Comercial, cómplice de las maniobras dilatorias de esta causa durante más de 17 años pero que, sin embargo, no llegaron al extremo de negar la esencia de la fiscalía: investigar. El 6 de diciembre de 2017, las juezas María Lilia Gomez Alonso de Díaz Cordero y Matilde Ballerini afirmaron: “La Sra Fiscal posee legitimación para requerir las medidas que considere necesarias a efectos de obtener los antecedentes necesarios que permitan decidir las cuestiones pendientes en el principal de este concurso”
Con estos rechazos los Macri intentaron otro camino: pasar la decisión sobre Boquin al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) porteño, que de inmediato aceptó entrometerse en una causa a todas luces fuera de su jurisdicción. Esa jugada es la que hoy está en la Corte, que tiene que decidir si es válida o no. Mientras, el caso está frenado.
Sumario a la Casal
El lunes 12 de octubre de 2020, en la puesta en escena con Joaquín Morales Solá y Asociados, el ex presidente Macri dijo que desde que CFK volvió al Gobierno “se ha dedicado personalmente con Zannini, con Nissen, con la fiscal Boquín, a perseguir a mi familia con el Correo”. El viernes 16, desde la Procuración que aún maneja el interino Eduardo Casal resolvieron el inicio del sumario administrativo contra Boquín a partir de una denuncia que, tal como informó El Destape, es falsa y guionada.
El sumario lo inició el interino Casal en base a una denuncia por supuestos maltratos laborales, basado en principio en la declaración de una ex empleada de la fiscalía de Boquin cuyo esposo, el juez Sebastián Sánchez Cannavó, estaba concursando para acceder a la Sala B de la Cámara Comercial. Es un dato muy relevante: es la Sala que interviene en el caso Correo Argentino. Le habían prometido que si se cargaba a Boquin lo nombraban en el cargo.
Casal mantuvo abierto este sumario contra Boquin durante meses. En el mismo período protegió al procesado fiscal Carlos Stornelli. Distinta vara, siempre.
Filtraciones
No solo no existió el maltrato laboral. Lo que Boquin había descubierto era que una empleada de su fiscalía le pasaba información al entorno Macri, algo que denunció ante Casal pero que este demoró 9 meses en solucionar. En agosto de 2020 lo contó ante la Bicameral del Ministerio Público del Congreso.
“Es falaz decir que se retiraron de mis dependencias por maltratos o pidieron traslados. Esto no existió. Es más una de las testigos el traslado lo pedí yo ¿por qué? Por falta de confianza ¿Y por qué por falta de confianza? Porque descubrí que le entregaba documentación en pleno trámite de la investigación de la causa Correo Argentino al diputado Pablo Tonelli", afirmó Boquin.
La fiscala amplió: “Esa documentación que le pasaba y que le iba comunicando los pasos del expediente al Dr. Pablo Toneli estaban relacionados con la propia vinculación del Dr. Pablo Tonelli en la causa porque luego cuando yo denuncié el vaciamiento estaban las facturas del Dr. Pablo Tonelli por millones de pesos retirando dinero de Correo Argentino. Cuando descubrí esto le comuniqué al Procurador General personalmente, y tengo el mail en donde le solicité la reunión, diciéndole que necesitaba que la transfiriera”.
Contradenuncia
La Cámara de Casación es la retaguardia judicial de Macri. Cuenta con 9 de sus 12 miembros actuales y cada caso que lo involucra y llega a esa instancia se resuelve como quiere el ex presidente. Hace unos días, los camaristas Juan Carlos Gemignani, Eduardo Riggi y Mariano Borinsky reabrieron una denuncia de los Macri contra Boquin, el procurador del Tesoro Carlos Zannini y el titular de la Inspección de Justicia Ricardo Nissen, a quienes acusan de persecución por el caso Correo.
A Gemingnani lo acusan de reiterados casos de violencia de género; Riggi fue parte de la operación para desviar la investigación del asesinato de Mariano Ferreyra; Borinsky se juntó al menos 16 veces con Macri en Olivos mientras definía causas clave pero aún así sigue siendo juez e interviene en los casos de su compañero de paddle.
El caso ya fue archivado dos veces por el juez Sebastián Casanello por inexistencia de delito. La primera vez se la hicieron reabrir los camaristas Mariano Llorens y Martín Doctrina Irurzun. Llorens también visitó a Macri en Olivos; Irurzun fue el teórico y práctico del encarcelamiento de ex funcionarios kirchneristas.
“Elocuente persecución política” dicen los Macri sobre el trabajo de Boquin, la fiscal del caso, Zannini, que como jefe de los abogados del Estado busca que paguen su deuda, y Nissen, que como titular de la IGJ agregó en el expediente que Correo Argentino no tiene los papeles en regla. El mundo del revés.
La reapertura de esta denuncia de los Macri contra Boquin, Zannini y Nissen no es casual. Llega justo cuando lograron frenar todo el expediente de la deuda hasta que la Corte se pronuncie. No pagan, ahora van por los que les frenaron la condonación e intentaron que paguen.
Mauricio
El ex presidente le dedica varias páginas de su libro Primer Tiempo al caso Correo. Allí cargó contra Boquin. Dijo que “Boquín tergiversó deliberadamente los términos del acuerdo, usando criterios irracionales, aplicando tasas altísimas, dolarizando deudas en pesos y multiplicando intereses sobre intereses para llegar a una cifra absurda y decir que la empresa quería pagar sólo el 1% de lo que correspondía. Lanzó al aire un número disparatado que se pegó por todos lados: los supuestos 70.000 millones de pesos por los que mi familia quería perjudicar al Estado. Un rato más tarde Cristina Kirchner celebró el escrito de Boquín en las redes sociales”.
Todo falso, como ya detalló El Destape. Ya la referencia temporal es errada. Boquin presentó su dictamen por la mañana del 8 de febrero de 2017. Tal vez Macri haga referencia al horario que se despertó y se enteró. Pero es lo menos grave.
Macri y su prensa servicial han acusado a Boquin de ser ella la que realizó el cálculo sobre los montos de la deuda que el ex presidente le iba a condonar a su familia. Y eso es falso. Los números los hizo la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) de la Procuración General, cuya titular era Judith König.
Y esos números, decimales más o menos, fueron ya refrendados por la Auditoría General de la Nación (AGN) y por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJUDECO), la oficina de escuchas que maneja la Corte Suprema.
Tampoco es cierto que CFK celebrara por redes el escrito de Boquín. Lo que hizo CFK fue difundir en su cuenta de Twitter la publicación de este periodista, que fue el primero en hacer público el caso.
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