A 19 días de la desaparición de Loan Danilo Peña en Corrientes, el bloque de diputados provinciales de Unión por la Patria (UxP) formalizó el pedido de renuncia de dos funcionarios claves del gobernador correntino Gustavo Valdés: su ministro de Seguridad, Buenaventura Duarte, y el de Justicia y Derechos Humanos, Juan José López Desimoni. A ambos los acusan de haber incurrido en "graves faltas que comprometen el ejercicio de su cargo" y de incumplir sus "deberes de funcionario público". Además, desde la oposición afirman que el abogado de la tía de Loan, José Codazzi, "es amigo" de Valdés y aumentan las sospechas sobre su declaración.
"Su accionar constituye un claro incumplimiento de las funciones, con cuyo caso se demostraría que las autoridades no se encuentran en condiciones políticas, técnicas y emocionales de llevar a cargo sus funciones y obligaciones inherentes al cargo de ministro de Seguridad y ministro de Justicia", dice el pedido de renuncia al que accedió El Destape y que fue ingresado ayer por la noche, mientras se sucedían protestas de vecinos en distintos puntos y plazas de la provincia por la aparición del niño de cinco años.
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Para el bloque de diputados opositores, ambos ministros -que acompañan a Valdés desde 2017- demostraron "una ineficacia para cumplir sus atribuciones y para gestionar la seguridad pública, evidenciándose esto en la incompetencia manifiesta de ambos Ministerios en la investigación y resolución del caso Loan". "Ante la gravedad de las faltas cometidas, demostrando impericia, inoperancia y un posible incumplimiento en el cargo de funcionario público, lo que representa un serio riesgo para la seguridad pública de la provincia y para el bienestar de sus habitantes. A su vez, se observa que ambos funcionarios habrían perdido la credibilidad y autoridad ante la sociedad correntina", agregan en el texto firmado por los diputados César Lezcano, María Marlene Gauna, Adriana Vidal Domínguez, Germán Braillard y Belén Martino, quienes solicitan "la inmediata destitución" de los ministros.
En 2017, cuando Valdés arribó al poder de Corrientes, Desimoni fue su ministro de Seguridad, mientras que Duarte llegó a la cartera de Justicia y Derechos Humanos en 2019. En 2021, ambos hicieron un enroque en sus cargos, los que mantienen hasta el día de hoy. "Se prestan los cargos para mantener su impunidad", indicaron fuentes opositoras a El Destape sobre este movimiento de fichas en el Gobierno provincial.
Los legisladores provinciales ya habían adelantado hace unos días su intención de pedir la renuncia del ministro de Seguridad al afirmar que la provincia necesita "un cambio para reconstruir su autoridad policial" tras las más de dos semanas que lleva desaparecido Loan. La oposición provincial asegura que el caso, que sacó a la luz otros escándalos policiales y políticos ocurridos recientemente en Corrientes, forma parte de "un sistema disciplinario para los subalternos, que protege a muchos jefes".
Este pedido de renuncia se suma a las críticas que suma el gobernador Valdés, no sólo por haberse pronunciado recién 11 días después de la desaparición del niño para insinuar que se trataba de "un posible caso de trata de personas" -y remarcar que no era su voz la que circulaba en un polémico audio-, sino porque el sábado pasado publicó un tuit en el que aseguró que se había dado "un gran paso en la reoslución del caso Loan". Ese mensaje, con el que el gobernador anticipaba la declaración de la tía del niño -Laudelina Peña- en la fiscalía provincial, fue calificado como "nefasto" por la defensa de la familia de Loan.
Los abogados defensores también pusieron dudas sobre el momento y lugar de la declaración de Laudelina, que fue llevada por su abogado, José Codazzi, a testificar por la madrugada ante la Fiscalía de Investigaciones Complejas de la provincia. La participación de Codazzi en el caso también es sospechosa para parte de la oposición, que aseguró a El Destape que ese abogado "es amigo" de Valdés. Laudelina reveló que Loan habría sido atropellado por la exfuncionaria María Victoria Caillava y su marido Carlos Pérez, quienes la habrían amenazado de muerte para que no hable.
“A Laudelina la alojaron en un hotel. Recibimos información que decían que la estaban aleccionando. Estaban constatando que si no pasaba la prueba de conocimiento y de efectividad, se la iban a llevar”, dijo ayer por la noche el abogado defensor Fernando Burlando, en declaraciones a C5N, sembrando dudas sobre el contenido y los motivos de la declaración de la tía.
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