Tan solo un par de horas luego de presentada la denuncia contra Miriam Lewin por abuso de autoridad por el proyecto Nodio (Observatorio de la desinformación y la violencia simbólica en medios y plataformas digitales), el fiscal Carlos Stornelli pidió a la jueza de la causa que se realice una indagatoria a la titular de la Defensoría del Pueblo.
Además, pidió a la jueza federal María Eugenia Capuchetti, nombrada en su cargo en reemplazo de Oyarbide por el gobierno de Macri, el dictado de una medida cautelar para frenar el observatorio denominado NODIO, quien es que tiene que definir si hay elementos suficientes para avanzar en una investigación.
La denuncia contra Miriam Lewin fue realizada por los diputados de Juntos por el Cambio, Fernando Iglesias y Waldo Wolff hace no más de 48 horas y el martes pasado se realizó el sorteo, donde el fiscal Carlos Stornelli salió "beneficiado". Se trata de los mismo denunciantes que presentaron una denuncia con el director de El Destape, Roberto Navarro, y los periodistas de investigación Ari Lijalad y Franco Mizrahi.
Los argumentos de Stornelli
"¿Se castigará a la prensa, especialmente libre, otorgándosele a la esclava patente de corso?¿No ha muerto La Mazorca?", es uno de los tantos argumentos que esboza el fiscal procesado en la causa de espionaje ilegal en Dolores.
Por otro lado, sugiere la voluntad de "dictar una cuarentena mental" e insiste en que argumentar que un observatorio destinado a analizar publicaciones (pero que no tiene poder de policía) constituye un acto de "censura previa" y que atenta contra las libertades individuales.
¿Qué es Nodio?
La Defensoría del Público presentó hace una semana atrás Nodio, “un observatorio de medios y plataformas digitales con el objetivo garantizar iniciativas que protejan a la ciudadanía de las noticias falsas, maliciosas y de las falacias”.
Pretende trabajar “en la detección y verificación de la información, en la identificación y desarticulación de estrategias argumentativas, la identificación de las operaciones de difusión y los sistemas de alertas”, entre otras acciones con el objetivo de proteger a la ciudadanía comunicacional de este tipo de informaciones.
Lewin sostuvo que “insultar a quien piensa distinto, cancelar a quien es diferente, descalificar, agredir y no argumentar, bloquea el diálogo y vulnera derechos. Construir con falsedades noticias que apelan a la emocionalidad y fortalecen prejuicios que fomentan la intolerancia es poner en riesgo la convivencia democrática”.
"Tiene como objetivo promover la libertad de expresión y el debate democrático", destacó la Defensoría, un organismo creado con ese fin por la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, bajo la órbita del Congreso Nacional y sin capacidad sancionatoria.
"La Defensoría está muy lejos de cualquier intento de control de la información pública. Por el contrario, nos propusimos, desde los inicios de esta gestión concretar una apertura a todos los actores del sector interesados, pilares para el trabajo en conjunto por una sociedad más participativa, inclusiva y democrática", explicó Lewin.
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