El fiscal Eduardo Taiano finalmente desestimó la denuncia penal de los diputados macristas contra los periodistas de El Destape. Tomó la decisión luego de que se hiciera público que quería investigar a Roberto Navarro, Ari Lijalad y Franco Mizrahi por hacer periodismo, por publicar notas sobre el entramado de espionaje ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri, y poco después de que se publicara una solicitada con la firma de más de 1.000 periodistas, académicos, artistas, intelectuales y dirigentes políticos en repudio a la judicialización del periodismo.
El Destape informó acerca de la maniobra que había iniciado el fiscal Taiano en base a una denuncia encabezada por Waldo Wolff, que aún hoy preside la Comisión de Libertad de Expresión. En lugar de desestimar la demanda, que acusaba a los periodistas de delitos que prevén hasta 6 años de cárcel, Taiano pidió que se investiguen las publicaciones de El Destape y que lo hiciera la División de Cibercrimen de la Policía porteña. La jueza del caso, María Romilda Servini, le delegó la investigación. Ahora, el mismo fiscal Taiano cambió su embestida original y desestimó la demanda.
La denuncia penal contra Navarro, Lijalad y Mizrahi fue presentada por los diputados Wolff, Fernando Iglesias, Álvaro de Lamadrid y Jorge Enríquez. Wolff, que aún hoy presidente de la Comisión de Libertad de Expresión, dijo que no había denunciado a los periodistas pero la jueza Servini lo desmintió. La decisión del fiscal Taiano también revela que Wolff mintió: no habría nada que desestimar si no existiera denuncia contra los periodistas.
La voltereta del fiscal Taiano es notable. Podría haber desestimado la denuncia de plano pero pidió investigar a Navarro, Lijalad y Mizrahi. Le requirió a la jueza Servini que previo a pronunciarse sobre si darle impulso o desestimar la denuncia “resultaría conveniente verificar las fechas en las que habrían tenido lugar cada una de las publicaciones mencionadas en la denuncia, la forma en que habría sido publicado el libro de actas en cada una de ellas, como así también si dichas publicaciones al día de hoy continúan vigentes”.
En su escrito de hace apenas unas horas, el fiscal Taiano también planteaba que “resultaría pertinente establecer si al día de hoy existe alguna nueva publicación donde surja el libro de actas en cuestión y en tal caso se verifique la forma en que el mismo se encuentra siendo publicado”. Y solicitaba “que se le de intervención a la División Cibercrimen de la Policía de la Ciudad”. Era clara su intención de investigar a los periodistas de El Destape.
La jueza Servini, por su parte, decidió delegar en el fiscal Taiano la investigación. “Por recibida la presentación efectuada por el Fiscal Federal” y “dispónese la delegación de la investigación –únicamente de este legajo- en cabeza del Magistrado a cargo de la Fiscalía Nacional en los Criminal y Correccional Federal N° 8”, dice la respuesta de la jueza ante el pedido del fiscal que ahora dio marcha atrás.
Navarro, Lijalad y Mizrahi fueron denunciados por la publicación de varias notas a partir de la información que surge de un libro de actas de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante la gestión de Macri, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, al que tuvieron acceso por su trabajo como periodistas. Como ya explicaron, la acusación tenía como objetivo voltear la causa por espionaje ilegal que involucra al ex presidente y es absolutamente falsa, malintencionada y ataca la libertad de expresión y el derecho a la información.
Este es un caso totalmente opuesto al de Daniel Santoro, procesado y con pedido de juicio oral por formar parte de una asociación ilícita paraestatal dedicada a extorsionar, amenazar y hacer espionaje ilegal. Y donde, como explicó el juez Alejo Ramos Padilla, las acciones de Santoro “exceden el trabajo periodístico y el de cualquier profesión y si se dieron en el marco de las operaciones que llevaba adelante la asociación ilícita paraestatal”. Navarro, Lijalad y Mizrahi fueron denunciados por hacer periodismo; Santoro por delitos que nada tienen que ver con esa profesión, aunque se camuflen en ella.
En el caso de los periodista de El Destape se trató de un intento de judicializar el periodismo, en particular a El Destape. De amedrentar a quienes hagan investigaciones periodísticas sobre el espionaje ilegal desatado de manera sistemática durante el gobierno de Macri. Y en especial a quienes remarquen que buena parte del lawfare sigue activo, que los vínculos entre el macrismo, Clarín y una parte de Comodoro Py no se rompen por un resultado electoral adverso. Esta vez, al menos, el fiscal Taiano retrocedió a tiempo.
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