La Unión Cívica Radical entrará este miércoles al recinto con el acuerdo interno de que sus 34 legisladores votarán a favor de la ley ómnibus que quiere Javier Milei. El retiro del capítulo fiscal fue determinante para que decidan acompañar la iniciativa, a la que le harán múltiples cuestionamientos en la discusión en particular. Hay aval para apoyar la delegación de facultades, mientras que rechazan las privatizaciones de empresas públicas si no se modifica ese punto.
A las 10 está convocada la sesión y en ese momento los conducidos por Rodrigo de Loredo estarán sentados en sus bancas. El bloque mantuvo esta mañana una reunión que se extendió por cuatro horas y en la que los distintos legisladores aportaron sus visiones sobre la votación histórica que se avecina. “Hay matices, pero lo importante es que se priorizó la unidad”, explicaron desde la conducción.
Por el momento lograron aplacar las disidencias internas que surgieron en diciembre cuando discutieron por la presidencia del bloque y se mostrarán en unidad. La división en ese entonces era entre los 12 referenciados en Facundo Manes, que pretendían una oposición más dura contra el Gobierno, y los que estaban con De Loredo, respaldado por los gobernadores del espacio que buscan una oposición dialoguista.
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De acuerdo a lo que supo El Destape sobre lo que allí se discutió, los radicales no quieren ser elegidos por el Presidente como el blanco perfecto a apuntar porque no consigue las reformas que pretende. La UCR y sus referentes históricos como Hipólito Yrigoyen y Raúl Alfonsín vienen de ser insultados por Milei en la última campaña.
“No queremos ser útiles al relato de Milei de que la oposición no la deja gobernar”, explicó uno de los diputados que debatió en ese encuentro y que abona a la idea de aportar las “herramientas necesarias” al Gobierno para que comience su gestión sin excusas. Eso sí, anticiparon que votarán decenas de artículos en forma negativa y en otros se propondrán muchos cambios. El Destape había contado que tienen “188 torpedos”, como describió un legislador, en base a todas las disidencias que postularon en su dictamen.
La consideración que hacen para explicar la posición es que la aprobación en general del proyecto sólo permite abrir el trámite para luego pasar a lo que más les interesa que es el debate artículo por artículo. “Votar en general no implica aceptar el proyecto de ley sino abrir la posibilidad a la discusión de los artículos en particular”, marcó un diputado.
El primer punto que rechazan así como está redactado es el de privatizaciones. El oficialismo aceptó eliminar del listado de empresas sujetas a privatización a YPF, mientras que para Nucleoeléctrica, Banco Nación y ARSAT se estableció que haya una privatización parcial, debiendo el Estado mantener el control de la empresa.
El radicalismo piensa que hay que preservar estas empresas porque las considera estratégicas, aunque reconoce que otras como la energética Enarsa pueden ser privatizadas. Las voces que apoyan esa intención son las más antikirchneristas del sector vinculado al gobernador Alfredo Cornejo. “Sirvió para que se compre gas licuado y se lleven adelante políticas ineficientes durante el kirchnerismo”, se escuchó como argumento para sostener esa posición y quieren hacer un nuevo listado, algo así como “un combo” en el que también entre Aerolíneas Argentinas, entre otras.
Lo del listado no es menor porque en el radicalismo aseguran que si se discute como está planteado en el actual paquete libertario de 37 empresas sujetas a privatización en su totalidad y otras tres hasta un 49%, ese anexo no sale. “Hay 13 de las 41 empresas que tienen superávit”, describen como para rechazar la iniciativa oficial que excluye a YPF.
La UCR busca encontrar un punto de acuerdo con Hacemos Coalición Federal, el bloque que conduce Miguel Ángel Pichetto y que ya anticipó que también apoyará en general la ley. Allí, la Coalición Cívica plantea privatizar 18 empresas, con control legislativo. Mientras que a instancias de Nicolás Massot otros legisladores pretenden acompañar el paquete libertario, pero sujetas a la opinión de la Comisión Bicameral de Privatizaciones. “Queremos que se discuta ley por ley cada una, con intervención de las comisiones permanentes, no de una bicameral”, contraponen en la UCR.
En cuanto a la delegación de facultades, el Gobierno hizo modificaciones clave para conseguir el respaldo de la oposición. Tanto el PRO, la UCR y Hacemos se preparan para aprobar ese artículo con la promesa de reducir las facultades que pretenden que sean delegadas, entre ellas la fiscal y la previsional. El plazo será por un año con la posibilidad de un año más de prórroga.
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En cuanto a la flexibilidad para tomar deuda, la UCR rechaza que haya una reestructuración de pasivos sin condiciones y que se pueda tomar deuda externa sin pasar por el Congreso. Por el lado de seguridad, habrá un guiño a Patricia Bullrich. Si bien no votarán lo que refiere a legítima defensa, la resistencia a la autoridad y la criminalización de la protesta por motivos de”seguridad nacional”; se aprestan a acompañar lo referido a la organización de las manifestaciones aunque restan mejoras en la redacción del artículo.
Otros temas en debate que los gobernadores pidieron que se modifiquen son los de biocombustibles, pesca e hidrocarburos. Sobre los dos primeros no hay acuerdo y se desconoce qué pueda llegar a ocurrir con ellos. Mientras que el tercer punto tiene muchas chances de ser aprobado.
Así las cosas, hay un amplio consenso entre oficialistas y opositores dialoguistas de que la ley ómnibus tendrá media sanción. La discusión más intensa vendrá en el debate artículo por artículo y allí dependerá de los límites de negociación que se imponga Milei. En el oficialismo consideran que si se desvirtúa el espíritu de un capítulo o un artículo es mejor retirarlo y volver a la carga en ordinarias.
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