Incumplimiento y amenazas de LLA: la reacción de los gobernadores de Juntos por el Cambio

La desprolijidad fue total y el incumplimiento prácticamente también. El desconcierto generado por la demora en la publicación del dictamen de mayoría final, aquel impulsado por La Libertad Avanza en compañía de sus aliados del PRO y gran parte de la UCR y Hacemos Coalición Federal, no dejó contentos a los bloques de Juntos por el Cambio que ahora, de manera ampliada, deberán abordar el proyecto en el recinto. Esta instancia, sin embargo, se demoró por la falta de consumación de las promesas y acuerdos políticos previos pactados con los gobernadores.

En principio, los gobernadores de la alianza vieron extendido el plazo de negociación porque hubo puntos clave que no fueron incorporados al dictamen. Ese período, en principio, se prolongaría hasta más allá del martes, cuando podría comenzar la maratónica sesión. Durante el tiempo que queda, los mandatarios tendrán que reimpulsar lo que no pudieron ejecutar en la madrugada del miércoles.

Muchos sectores se vieron envueltos en la bronca porque no fueron incorporadas todas las modificaciones a un dictamen que, claramente, no se conoció al momento de firmar sino que se terminó después. “Es una crisis total”, dijo alguien que supo ocupar una banca en Diputados y conoce las consecuencias de los acuerdos no cumplidos.

Al desconcierto, existente y profundo, se le sumaron las amenazas del Poder Ejecutivo, particularmente en manos de Luis Caputo, ministro de Economía, que decidió apretar con la famosa “billetera” y la promesa de ajuste en caso de no tener la ley. Sus dichos en redes sociales no parecieron tener un gran impacto en la psiquis de los mandatarios o legisladores que, de hecho, salieron a confrontarlo.

A la advertencia hecha por Rodrigo de Loredo, quien echó mano de la posibilidad de impulsar el juicio político contra el ministro, se le sumó la observación de un colega del bloque.radical. Según se explicó, funcionario de Economía no vería facilitados los argumentos para justificar un ajuste provincial porque le aprobarán la ley en general y recién buscarán modificarla en particular. Esto generará dos efectos: por un lado, que el título sea positivo para el gobierno y, por el otro, camuflar los cambios en una maraña de tecnicismos difíciles de explicar a la ciudadanía. La gran pregunta es si al gobierno le interesa o no le interesa justificar el recorte.

Pero a la relativa calma también se le sumó la inoperancia de semejante plan del ministerio de Economía. Trazar la relación entre cada diputado y el gobernador de su provincia para ajustar transferencias pareció forzado y aún más imposible en los casos en que gobernadores críticos no tengan legisladores propios.

Y, por si fuera poco, cierta insensibilidad a planteos como el realizado por Caputo porque, más allá de las amenazas, la negociación va por otro lado. En esa línea, habrá provincias más equilibradas en sus finanzas por los ingresos productivos, y por lo tanto menos preocupadas por lo que pueda decir el gobierno. Pero, en el medio, buscarán grises. No votar por el miedo a, sino por el resultado de la negociación. Jubilaciones figuró como imposible bajo las condiciones actuales, pero retenciones, con plazos y alguna segmentación, podría prosperar.

“Vamos a apoyar la desregulación y la desburocratización del Estado”, dijo el mandatario de Jujuy, el PRO Ignacio Torres. Pero advirtió que votarán “en contra del capítulo de las retenciones” y se opondrán “al congelamiento de las jubilaciones sin una fórmula de actualización que cuide a nuestros jubilados de la inflación”. Pero no fue lo único que pidieron los jefes provinciales.

Hubo una lista de seis puntos acordada con el gobierno y que no se plasmó en el dictamen. Sin ir más lejos, no están contemplados el pago de la deuda con las provincias mediante la operatoria del traspaso de activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad al Tesoro. Tampoco fue incluida la modificación para coparticipar los ingresos generados por el tributo cobrado a quienes se acojan al blanqueo de capitales en discusión.

En principio, se barajó la posibilidad de que, en estos días, se le hagan nuevas modificaciones al dictamen que llegará al recinto. Básicamente, que los diputados podrían no debatir lo que se aprobó hace unas horas en el plenario de comisión sino el texto que surja de una negociación en curso. Por las dudas, uno de los bloques medianamente colaboracionistas decidió impulsar un conjunto de observaciones que retomó lo solicitado por los gobernadores.

Durante la tarde del miércoles se presentaron las disidencias parciales presentadas por el bloque Hacemos Coalición Federal, el segmento que decidió acompañar el proyecto de Javier Milei. En él, se marcaron objeciones a las emergencias (plantean solo cuatro), delegación de facultades y los tiempos veloces, impuestos por el gobierno, para su tratamiento.

En el listado de objeciones están la reforma electoral, postergable, y el rechazo al aumento de retenciones o la eliminación de la fórmula de movilidad jubilatoria con un empalme trágico para este sector (con la intención de que la actualización por inflación sea automática).

Pero retoma puntos solicitados por los gobernadores y negados en el dictamen oficialista, como evitar la eliminación de fondos fiduciarios tanto de Infraestructura como de Desarrollo para las provincias, o la coparticipación de lo recaudado en impuestos por el blanqueo con justificación en la difícil situación financiera de las provincias, entre otros puntos que hacen a la preocupación de los mandatarios. Incluso, también plantea observaciones al capítulo Bullrich de reforma del Código Penal.

El bloque comandado por Miguel Ángel Pichetto tiene una clara ascendencia de las provincias y cada diputado cuida lo que le parece que mejor protege al territorio que representa. Una de ellas, por ejemplo, es la vinculada a la educación, su “financiamiento” e “impacto en las economías” locales.

Por eso, el diputado fue el primero en salir a contestarle al ministro de Economía, Luis Caputo, que decidió amenazar a los gobernadores con más ajuste en caso de no lograr aprobar el paquete entero conocido como ley ómnibus.