Después de frenéticas conversaciones entre la oposición y La Libertad Avanza (LLA), esta tarde el oficialismo habría aceptado incorporar a la ley ómnibus una serie de modificaciones a pedido de los diez gobernadores de Juntos por el Cambio que estarán incluidos en el dictamen. El PRO, un sector de la UCR y parte de Hacemos Coalición Federal acompañarán el dictamen de mayoría, pero con disidencias. Sin embargo, dentro de la oposición dialoguista, la Coalición Cívica (CC) decidió que no se plegará a la estrategia cerrada por el mismo bloque que integra y emitirá un dictamen propio. Los radicales referenciados en Facundo Manes no firmarán ningún expediente. Margarita Stolbizer y la socialista Mónica Fein también presentarán un dictamen propio, mientras que Unión por la Patria tendrán uno de rechazo.
Según supo El Destape de fuentes al tanto de la negociación, los gobernadores y el Poder Ejecutivo acordaron estas modificaciones a cambio de acompañar el dictamen del Gobierno que será el de mayoría y que comenzará a tratarse a las 20.30. Eso sí, tendrá disidencias ya que no consiguieron que se eliminen las retenciones a los sectores productivos. “Es un dictamen de mayoría con disidencias. Van a votar en contra de retenciones, pero a favor del resto de la ley”, confirmó un gobernador de JxC a El Destape. En LLA, en tanto, confían que tienen más de 50 votos para el dictamen pero saben que tienen que esperar hasta el momento de la firma.
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Si bien el acuerdo está encaminado, el dictamen de mayoría con disidencia parcial está trabado con el punto que refiere al Fondo de Garantía de Sustentabilidad. “El Gobierno se comprometió con los gobernadores a hacer los cambios que pide la oposición, pero ahora no están acordando la letra chica”, remarcaron en el bloque Hacemos y aclararon que es un punto “definitorio” para acompañar el dictamen. Desde el Gobierno se mostraron optimistas: “Aún no hay humo blanco, pero estamos muy cerca”.
En cuanto a los radicales, los ocho que están en el sector de Facundo Manes no firmarán ningún dictamen para no mostrar una grieta con la facción de Rodrigo de Loredo, que responde a los gobernadores de este partido, ni para quedar pegado al kirchnerismo. Los otros ocho que están en el plenario y de encolumnan detrás de De Loredo se pliegan a la postura del PRO de acompañar con disidencias. El principal punto de rechazo son las retenciones y pese a no conseguir que el Gobierno de marcha atrás, los gobernadores saben de la debilidad parlamentaria de los libertarios. “Sin los votos de la UCR y Hacemos ese artículo no sale”, afirmaron.
Pero pasadas las 18.30, el espacio de Elisa Carrió hizo saber que no está de acuerdo con tres puntos básicos: delegación de facultades, retenciones y jubilaciones. Este último refiere a que objetaron los tres meses que no se contemplan de pérdida de poder adquisitivo para los jubilados y que se espera sean de alta inflación (enero, febrero y marzo). Recién en abril se indexará por inflación pero no está provista una compensación para ese trimestre.
Los gobernadores y referentes de Juntos por el Cambio venían insistiendo en modificaciones al proyecto de ley ómnibus hace varias semanas y la discusión se aceleró en las últimas horas. El domingo pasado tuvieron un zoom, del que también participaron los presidentes de los bloques Rodrigo de Loredo (UCR) Cristian Ritondo (PRO) y Miguel Ángel Pichetto (Hacemos), Alejandro Cacace (UCR) y Nicolás Massot (Hacemos Coalición Federal). Anoche hubo otro encuentro virtual entre el ministro del Interior, Guillermo Francos, y los gobernadores. Esta mañana el diálogo continuó en Casa Rosada entre el titular de la cartera de Interior, el Jefe de Gabinete de Ministros, Nicolás Posse, y el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, en representación de los jefes provinciales.
Los seis puntos que acordaron
Las modificaciones discutidas giran en torno a atender la situación financiera de las provincias, agravada por el recorte de transferencias no automáticas, el impacto de la devaluación sobre los intereses en dólares y la caída de recaudación tras la eliminación del impuesto a las Ganancias de cuarta categoría, que implicará una pérdida anual para las 24 jurisdicciones de $1.69 billones en base a las estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso. En compensación, hasta tanto eso se revierta, obtuvieron que el blanqueo sea sin asignación específica. Los gobernadores pidieron modificar el segundo párrafo del Artículo 164° del proyecto de ley “Bases”, y de esa forma se elimina la asignación específica lo producido del Impuesto Especial de Regularización destinada a la capitalización del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y pasará a ser coparticipable.
Otro de los puntos de acuerdo es recortar facultades delegadas al Ejecutivo. Apuntaron a bloquear la eliminación del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (FFFIR) y del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial (FFDP), algo que en la ley original estaba previsto en el Artículo 4° inciso h). Ambos fondos están destinados a brindar financiamiento a las provincias. Los gobernadores argumentaron este pedido atendiendo a la situación económica a la dificultad en el acceso al financimiento en los mercados de crédito.
Además los mandatarios provinciales propusieron el cumplimiento estricto de la disposición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y en todos los casos donde la CSJN dirima cuestiones interjurisdiccionales.
También pidieron cambios que repercuten en el salario mínimo docente, al pedir sustituir el artículo 10 de la Ley N° 26.075, con el objetivo que sea el Consejo Federal de Educación -en consulta con los Ministerios de Economía nacional, provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires, y también con el asesoramiento de una comisión del Consejo Federal de Inversiones- quien acuerde el salario mínimo docente junto con la representación nacional de los gremios docentes y con las entidades representativas de las instituciones de educación pública de gestión privada. Al respecto, agregaron que cada provincia y CABA acordarán según corresponda las condiciones laborales, el calendario escolar, la escala salarial y la carrera docente.
Los mandatarios también dedicaron un pedido al Fondo de Garantía de Sustentabilidad al pedir su transferencia al Tesoro Nacional y facultar al Poder Ejecutivo Nacional a adoptar todas las medidas necesarias para la instrumentación de la misma. Con esto, los gobernadores se garantizan una compensación de las deudas por este movimiento y los flujos que permitan hacer frente a las compensaciones anuales por las cajas jubilatorias no transferidas de las provincias que aún no lo hicieron, entre las que se encuentran Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe.
Otro punto acordado es la desgravación de retenciones impositivas a los cobros electrónicos en pequeños contribuyentes. Los gobernadores pidieron la eliminación del artículo 182, que establecía que las tarjetas de débito y crédito pueden realizar retenciones impositivas a sus clientes cuando así lo dispongan las autoridades tributarias nacionales o locales competentes.
Una vez que supere el dictamen la etapa deliberativa y llegue al recinto, posiblemente esta semana, el desafío del Gobierno pasará por conseguir primero el quórum. Para ello deberá reforzar los escasos 38 votos propios. Algunos asegurados tiene con estos acuerdos, pero lejos está todavía de tener cerrada la media sanción.
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