El Gobierno difundió una nueva versión del proyecto de ley "Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos", conocida como ley ómnibus, producto de los cambios negociados entre el oficialismo y algunos bloques opositores. En ella, se derogan los artículos de la llamada ley de Medios que habían creado la Defensoría del Público, lo que generó el rechazo de inmediato de este organismo.
"Según versiones publicadas este fin de semana en distintos medios de comunicación, la disolución de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual habría sido incorporada al proyecto de Ley 'Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los argentinos', como medio de negociación, a cambio de revertir el cierre de otras entidades de la cultura", advirtió el organismo en un comunicado que tituló "No al cierre de la Defensoría del Público". En consecuencia, rechazó su disolución y reclamó al Congreso "ser consultados en el marco del debate, posibilidad que se le dio al resto de los organismos públicos involucrados".
Por eso, pidió a los legisladores que sus integrantes sean "escuchados y que conozcan nuestro trabajo, antes de votar el proyecto", al criticar que una eventual disolución del organismo no puede realizarse con la eliminación "simplemente por una línea de una ley que indica: 'Derógase los artículos 19 y 20, Capítulo V de la Ley 26522', artículos con los que se creó la entidad pública y se estableció la designación de su titular. Sobre la finalidad y el trabajo de esa entidad, detalló que es "un organismo del Poder Legislativo que defiende la libertad de expresión y el derecho de las personas a estar informadas", y recordó que la Defensora, Miriam Lewin, fue nombrada por la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, las Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización con mandato vigente hasta el próximo 24 de junio.
Además, reivindicó que ese organismo "escucha a las audiencias, atiende sus reclamos y defiende su derecho a expresarse y a estar bien informada" y contaron que "cuando una persona percibe que en un medio de comunicación se difunde información inexacta o que vulnera sus derechos, reclama ante la Defensoría y ésta interviene facilitando el diálogo y la reparación, sin que esto involucre sanción alguna". "Esta Defensoría cuenta con personal especializado, profesionales de la comunicación ultra calificados que trabajan para dar respuesta a los reclamos de las audiencias y capacita a periodistas, agencias de publicidad, organismos de la sociedad civil, radios, canales de televisión, a pedido de los medios de comunicación más diversos", resaltó y remarcó su trabajo en alianza con "periodistas", "organismos internacionales", "universidades públicas y privadas", entre otras, informó Télam.
Marcha atrás al cierre del Fondo Nacional de las Artes
El Gobierno envió al Congreso el texto reformado del proyecto de ley ómnibus donde da marcha atrás a la derogación del Fondo Nacional de las Artes (FNA) y del Instituto Nacional del Teatro (INT), entre otros puntos incluidos en el capítulo dedicado a la cultura, que se "rediseñó protegiendo los recursos del sector, pero preservando el objetivo de que los gastos administrativos no sean una carga excesiva", según se explicó en los fundamentos de la iniciativa.
El nuevo texto plantea que el FNA pase a funcionar con directores ad-honorem y un límite de gastos del 20% de sus ingresos; que se reforme la categorización de filmes nacionales, restricciones financieras para el Instituto Nacional de la Música (Inamu) y la Comisión Nacional de Biblioteca Populares (Conabip).
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