El lunes, el oficialismo en la Cámara de Diputados difundió a la prensa el proyecto de ley ómnibus con las modificaciones que derivaron de las negociaciones con algunos bloques opositores la semana pasada. Entre los artículos cambiados, aparece el que decía que una reunión de tres personas en el espacio público era considerada una manifestación. El cosecretario General de la Confederación General del Trabajo (CGT) Héctor Daer cuestionó que el nuevo proyecto "profundiza la presión penal".
Originalmente, el proyecto de ley ómnibus prohibía las reuniones en la vía pública de tres personas. En el nuevo documento, el Ejecutivo sostuvo: "Entiéndase por 'reunión' o 'manifestación' a la congregación intencional y temporal de 30 o más personas en un espacio público con el propósito del ejercicio de los derechos aludidos en la presente.
Además, el Gobierno pretende aumentar las penas por resistencia a la autoridad. En caso de que la "resistencia" la realice un grupo de tres o más personas desarmadas, "si el hecho se cometiere a mano armada", si "el autor fuere un funcionario público" o si el autor "pusiere manos en la autoridad", la pena puede ser de cuatro a seis años. Antes, la pena máxima era de dos años.
Héctor Daer repudió el proyecto que circuló durante el lunes. Sobre los artículos del nuevo documento, señaló: "Juntarse un grupo de personas en la calle es equivalente a un abuso sexual leve, con penas excarcelables. es lo mismo resistir a la autoridad con un arma si son tres personas sin armas". En diálogo con A24, agregó: "Sacan algunas palabras y después ponen otros términos absolutamente genéricos para hacer y deshacer en términos de persecución penal".
Fin de la Defensoría del Público: la nueva versión de la ley ómnibus que impulsa el Gobierno busca eliminarla
El Gobierno difundió una nueva versión del proyecto de ley "Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos", conocida como ley ómnibus, producto de los cambios negociados entre el oficialismo y algunos bloques opositores. En ella, se derogan los artículos de la llamada ley de Medios que habían creado la Defensoría del Público, lo que generó el rechazo de inmediato de este organismo.
"Según versiones publicadas este fin de semana en distintos medios de comunicación, la disolución de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual habría sido incorporada al proyecto de Ley 'Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los argentinos', como medio de negociación, a cambio de revertir el cierre de otras entidades de la cultura", advirtió el organismo en un comunicado que tituló "No al cierre de la Defensoría del Público". En consecuencia, rechazó su disolución y reclamó al Congreso "ser consultados en el marco del debate, posibilidad que se le dio al resto de los organismos públicos involucrados".