El presidente Alberto Fernández admitió que si fuera por él, derogaría la ley del arrepentido, al justificar que "es una mala legislación" y que solo se usó para perseguir a opositores con métodos de presión sobre quienes daban testimonios.
En diálogo con El Destape Radio (FM 107.3), el primer mandatario deseó que "la Justicia tuviera la capacidad de revisarse a sí misma", al referirse a algunas de las medidas que se llevaron a cabo en causas, donde se manipuló el derecho para perseguir a opositores y armar causas.
"El tema de los arrepentidos y la capacidad de rematar los bienes de un procesado sin tener condena firme (n. de r. en referencia a la ley de Extinción de Dominio), son dos cosas que repugnan", explicó.
"A mi la ley del arrepentido me parece mala. Cuando uno mira en América Latina, en tres casos se usaron para perseguir opositores. Es un sistema muy perverso. Nosotros tenemos un sistema legal desde el derecho europeo. Se puede cambiar la ley y, si fuera por mi, la derogaría porque es una mala ley", enfatizó.
"Todos hemos escuchado a muchos de los arrepentidos decir que habían sido presionados por un fiscal (Carlos Stornelli), que ahora está procesado. No quiero que la Justicia me haga caso, quiero que haga justicia".
¿Qué es la ley del arrepentido?
La ley del arrepentido permite reducir la pena a personas que acusadas en la participación de un delito si dan información que ayuda en la investigación de delitos como el tráfico de drogas, trata de personas, corrupción, entre. El arrepentido tiene que celebrar un acuerdo de colaboración, que firma junto al fiscal de la causa y siempre tiene que intervenir el defensor.
Dicho artilugio fue aprobado durante la gestión de Mauricio Macri y fue principalmente utilizado en la denominada causa de los cuadernos, donde se detuvieron y procesaron a un número de empresarios y ex funcionarios que figuraban en unas fotocopias de anotaciones hechas por un ex chofer oficial. Sin embargo, el fiscal de la causa, Carlos Stornelli, utilizó la figura del arrepentido para presionar y extorsionar a los detenidos. Tanto es así que no existen registro audiovisuales complementarios de las confesiones, algo exigido para garantizar la validez de las declaraciones.
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