La Comisión de Legislación General realizó hoy la cuarta reunión informativa en las se tratan posibles modificaciones a la nueva ley de alquileres. Se estima que este viernes esté definido el cronograma y el listado de proyectos a contemplar.
En la jornada informativa, Germán Hiralde, representante de la Cátedra Derecho a la Vivienda UNDAV, destacó: “La vivienda es un derecho constitucional, humano, fundamental, y es presupuesto de otros derechos porque no puede haber un verdadero derecho a la salud, educación o trabajo, si no se tiene un lugar donde vivir en paz”.
Contemplando la pluralidad de voces de distintos puntos del país, el arquitecto y corredor público Roberto Fabiano, detalló que en el interior “La mayor parte de las propiedades a la venta pertenecen a pequeños inversores, muchas veces jubilados”. Además puntualizó: “En la actualidad es tal el desface entre la posibilidad de pago del inquilino y la necesidad del propietario, que desaparece la oferta de propiedades”.
En representación del ámbito educativo, Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario, destacó la amplia convocatoria que tuvo la Comisión, definiéndola como “muy diversa para discutir un tema tan necesario y urgente. Destacar y agradecer el tener en cuenta la voz de las universidades, en este caso las nacionales, de múltiples maneras, con el aporte de sus investigadores y profesionales”.
En la cuarta jornada participaron también Josefina Del Río (Subsecretaria de Hábitat de la Municipalidad de Rosario y coordinadora del Centro de Asesoramiento Social en Alquileres), Josefina Mendoza (Fundación Haciendo), Renzo Quero (Asociación Inquilinos San Juan), Claudio Pilo (Hipotecados UVA), Sergio Chouza (Consultora Sarandí), Vanesa Falcón (Red de Derechos Humanos de Corrientes), entre otros.
Todos los bloques coinciden en la necesidad de avanzar sólo con la derogación de los dos artículos más cuestionados: los plazos de los contratos, que se extendieron a un mínimo de tres años, y la implementación de la metodología de actualización de las rentas, basada en un promedio entre el Índice de Precios al Consumidor y el salario promedio, con un intervalo de ajuste anual.
Desde la óptica de los inmobiliarios, la rentabilidad de los propietarios es la más baja de la historia producto de la ley de alquileres, y por lo tanto exigen que se libere la actualización de los precios para aumentarlos por encima del índice. También fueron determinantes respecto al plazo del contrato de alquiler, y plantearon que vuelva a ser de dos años.
En ese sentido, Juntos por el Cambio plantea que se vuelva a los contratos bajo ese periodo de tiempo y se cambie la fórmula de actualización de los contratos para permitir que los ajustes puedan realizarse en unidades de tiempo menores. El Frente de Todos, en tanto, plantea la creación de un incentivo para quienes pongan viviendas en alquiler y un impuesto a quienes no lo hagan, aunque la coalición opositora anticipó que no accederá a este último punto.
Según se pudo recoger desde la mirada de los inquilinos a través de las diversas exposiciones, la concepción del problema es opuesto. Por eso pidieron por una regulación del precio inicial del alquiler con porcentaje sobre del valor fiscal de la vivienda, siendo este el único precio que el Estado regula y actualiza todos los años y por el que los propietarios pagan sus impuestos.
Además, solicitaron estrictos controles sobre sobre las inmobiliarias a través de la AFIP, la creación de una edición oficial de precios de los alquileres de vivienda vía Secretaría de Comercio y que se haga público el índice contrato locación según el Banco Central.
Cerrar sesión