El presidente Alberto Fernández afirmó que "tener un techo digno es un derecho humano". Lo dijo en medio del debate por la ley de alquileres. Es que hoy Diputados fijó el cronograma con el objetivo de dictaminar el 27 de abril. Se trata de la modificación de la ley de alquileres que fue sancionada en 2020 y que fue rechazada por las inmobiliarias que ejercieron una fuerte presión.
Fernández entregó viviendas en el Barrio Azul, del partido bonaerense de Avellaneda, junto al ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi. El mandatario dialogó con las 14 familias que a partir del Programa Casa Propia hoy pudieron acceder a la casa propia, y recorrió el Polideportivo “Proyecto Nacional” que fue construido en el marco de la urbanización integral del barrio. “Vamos a seguir construyendo viviendas hasta el último día porque las familias argentinas lo necesitan y porque tener un techo digno es un derecho humano”, aseguró el mandatario junto al ministro, sobre la crisis habitacional.
El Jefe de Estado recordó que el gobierno nacional se encuentra construyendo “más de 100 mil viviendas y hay casi 3.900 obras en marcha a lo largo de todo el país”. Además, Fernández destacó el rol de “la obra pública y la construcción de viviendas como un gran dinamizador de la economía” porque en ellas “hay ladrillos argentinos, cemento argentino, vidrios argentinos, acero y hierro argentino, y detrás de todo eso hay trabajo argentino”.
Las casas entregadas se finalizaron a través del Programa Reconstruir, iniciativa impulsada con el objetivo de retomar obras paralizadas por el Gobierno Nacional durante el periodo 2016-2019. Además, otras 100 viviendas ya se encuentran en ejecución o próximas a iniciar sus obras, lo que permite continuar con el plan de urbanización en la zona.
En ese sentido, desde el año 2020, el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat está invirtiendo $546 millones en el barrio Azul, a través del Programa Federal Casa Propia. De esta manera, no sólo se facilita el acceso a la vivienda digna, sino que se interviene de manera activa en la generación de empleo y la reactivación de la economía local, gracias al movimiento que se genera en la industria de la construcción y los negocios de proximidad proveedores de insumos.
Desde 2007 se desarrolla en la zona un plan de urbanización, que comprende obras de agua, desagües, cloacas y asfaltado de calles. En 2015 se entregaron 395 unidades habitacionales, diferenciadas entre 299 casas unifamiliares de tipología dúplex y 96 departamentos de vivienda colectiva.
“Hoy estamos viendo aquí el mejor ejemplo de la potencia transformadora del Estado. Gracias a la articulación entre sus distintos niveles, este barrio se vio completamente transformado en los últimos 10 años, con una mirada urbanizadora integral e inclusiva”, resaltó Ferraresi.
Preparan una nueva ley de alquileres
La comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados inició el tratamiento de los proyectos que buscan modificar la ley de alquileres, en una reunión en la que se designaron las autoridades de ese cuerpo y en la que se estableció un cronograma de trabajo que incluye reuniones informativas para escuchar a especialistas y que según el cual entre el 26 y el 27 de abril se prevé emitir dictamen. El tratamiento de la ley de alquileres se retomó esta semana, tras un acuerdo entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio para poder avanzar en los cambios de la ley.
"Los proyectos enfrentan dos modelos. Uno de negocios y uno de derechos", afirmó a El Destape Gervasio Muñoz, quien pide profundizar la normativa creada a partir de 2020 y no volver a un mercado de alquiler sin regulaciones. Desde Inquilinos Agrupados apoyan los proyectos presentados por los diputados José Luis Gioja y Gisela Marziotta.
Los puntos en el centro de la polémica son la duración de los contratos, el plazo de actualización por inflación, el tipo de regulación de los precios y los impuestos a pagar. La vigente ley de alquileres establece un aumento anual cuyo porcentaje surge del promedio entre la inflación anual y el incremento de sueldos. Las inmobiliarias exigen que el aumento sea semestral debido a que consideran que la variación anual erosiona los ingresos de los propietarios.
Desde el macrismo, el diputado nacional del Bloque Encuentro Federal (JxC), Emilio Monzó, presentó un proyecto para que el incremento sea por el promedio oficial o por lo que acuerden las partes. La iniciativa -que lleva las firmas de Margarita Stolbizer, Sebastián García de Luca y Domingo Amaya- establece un plazo para los incrementos que no podría ser inferior a los seis meses.
Por su parte, el Colegio de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad (Cucicba), la Federación Inmobiliaria de la República Argentina (FIRA), la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA) y el Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios (CoFeCI) presentaron una carta al Congreso exigiendo "la libertad contractual para las partes, en la determinación del sistema de actualización y en su periodicidad".
La actualización semestral significaría un duro golpe para el bolsillo de los inquilinos que tienen aumentos de paritarias anuales, pero deberán afrontar incrementos cada seis meses. Además advierten que llevaría a un incremento de la pobreza y la inflación.
La vigente ley establece que los contratos deben durar tres años y fue determinado como un mecanismo para evitar que los propietarios suban los alquileres de forma desproporcionada al momento de renovar los acuerdos. En sintonía con los proyectos presentados por los legisladores de Juntos por el Cambio, las inmobiliarias ya pidieron "el cambio drástico en el plazo mínimo inicial de tres a dos años de duración de los contratos".
El diputado José Luis Gioja denunció que las inmobiliarias subieron los contratos de alquiler a propósito luego de que haya sido sancionada la ley para hacer lobby y perjudicar su implementación. Para evitar el ataque del mercado, el legislador propone también regular el valor inicial del alquiler y la renovación de los contratos. La iniciativa establece que el precio inicial de alquiler de contratos renovados destinados a vivienda tendrá como tope un 10%, mientras que el precio inicial de alquiler no podrá ser mayor 20% adicional del ajuste anual.
Uno de los reclamos de los sectores progresistas es que ante la salida de inmuebles del mercado de alquiler se cobre un impuesto a las viviendas que no son usadas por sus dueños, ni tampoco alquiladas. Las inmobiliarias en el comunicado enviado al Congreso alertaron de forma insólita que la sola mención de "establecer un impuesto a la denominada 'vivienda ociosa' o 'un tope al valor del canon locativo´ podría profundizar el retiro de la oferta de un mayor número de unidades".
La iniciativa de Gioja propone elaborar un modelo de proyecto de ley para gravar en provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los inmuebles que podrían destinarse a la vivienda y que se encuentran deshabitados.
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