El Gobierno de Alberto Fernández evalúa suspender la ley de Alquileres próximamente, un reclamo de las diferentes partes involucradas que venía analizándose en el último año pero hasta ahora sin novedades.
El ministro de Economía, Sergio Massa, decidió que la ley de Alquileres será finalmente suspendida, según pudo saber El Destape de fuentes de su entorno. La idea surgió luego de un almuerzo que el titular del Palacio de Hacienda mantuvo el lunes con el jefe de Estado en Casa Rosada.
Todavía no está resuelta la forma en que se procederá. Las vías potenciales son dos. La más sencilla es avanzar mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). La otra posibilidad es derogar la ley, sancionada originalmente en junio de 2020, mediante el Congreso. Por estas horas, la que suena como más probable es la del decreto del Poder Ejecutivo.
La vía parlamentaria, al contrario, sería engorrosa y de más difícil concreción, ya que requeriría o bien que el oficialismo reúna una mayoría propia, algo no asegurado, o bien que llegue a un consenso con la oposición.
Más allá de que la semana pasada la Cámara baja logró habilitar una sesión y dar media sanción a varios proyectos, entre ellos el de fortalecimiento de la justifica federal de Santa Fe para combatir el narcotráfico, el tema de la ley de Alquileres resultó un asunto delicado en la discusión entre las principales fuerzas políticas.
De hecho, la idea de reemplazar la ley de Alquileres actual por una nueva norma está en la agenda tanto del Frente de Todos como de Juntos por el Cambio desde hace hace un año. En abril de 2022, ambas coaliciones se reunieron en la Comisión de Legislación General de Diputados con la intención de llegar a un dictamen para modificar la norma.
Sin embargo, tras unas pocas reuniones, la iniciativa quedó en la nada por los desacuerdos en cuanto a cómo debía ser la nueva ley. Mientras que Juntos por el Cambio proponía reducir el plazo de los contratos de tres a dos años nuevamente (como en la regulación anterior) y aprobar un nuevo esquema de actualización del monto, el Frente de Todos pretendía mantener la duración del contrato para los inquilinos y el mismo sistema de actualización.
Finalmente, no hubo un dictamen único sino que la comisión aprobó tres diferentes, siendo el de mayoría el del FDT. Aun así, la iniciativa nunca llegó a tratarse en el recinto, por lo que la ley no se modificó hasta el día de hoy.
Aunque algunas asociaciones de inquilinos apoyan la vigencia de la normativa actual y aducen que un eventual cambio podría perjudicar a los inquilinos mismos en favor de los propietarios, la ley de Alquileres es cuestionada desde diversos sectores afectados. Según argumentan las diferentes partes, el problema es que la nueva regulación derivó en que muchos propietarios retirasen su vivienda del mercado, lo que llevó a una escasez de oferta y a una suba de los montos de ingreso en el contrato, que no está regulado.
Algunos también cuestionan que es difícil para los inquilinos afrontar de golpe subas interanuales de entre un 80 y un 93% al ritmo inflacionario cuando este no es seguido por los salarios, tal como sucedió en el último año.
Cerrar sesión