La pandemia dejó al descubierto un problema estructural de la Argentina: el acceso a la vivienda. La necesidad de quedarse en casa sin una casa o con una casa en malas condiciones hizo que el déficit habitacional se volviera un tema de agenda que se completó con tomas de terrenos en distintos puntos del país. Cada vez hacen faltan más años para poder ser propietario o propietaria, algo que los millennials califican como "imposible". Ese sueño ya pareciera ser de otra generación. Hay un tema a repensar en nuestro país: si cobramos en pesos, ¿por qué seguimos valuando el ladrillo o la tierra en dólares?. Una de las propuestas que le llevó la Federación de Inquilinos Nacional al Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat apunta a la pesificación de ambos. Aún no tiene fecha, pero el guante fue recogido en el Congreso por el Frente de Todos y no se descarta que sea un debate de los próximos meses - o años, depende el optimismo de cada uno -. Una batalla que no será sencilla porque cuando se tocan intereses poderosos, las trabas también suelen serlo.
Un debate que planteó la vicepresidenta Cristina Kirchner en la carta que publicó por el aniversario de la muerte de Néstor Kirchner y a uno de la victoria en las urnas de Alberto Fernández: "Es que la Argentina es el único país con una economía bimonetaria: se utiliza el peso argentino que el país emite para las transacciones cotidianas y el dólar estadounidense que el país -obviamente- no emite, como moneda de ahorro y para determinadas transacciones como las que tienen lugar en el mercado inmobiliario. ¿Alguien puede pensar seriamente que la economía de un país pueda funcionar con normalidad de esa manera?", se preguntó.
"Prohibir la oferta en dólares de los inmuebles". Ese es el título de una de las seis propuestas elevadas al Ministerio la semana pasada. "El manejo de moneda extranjera en la Argentina es una constante. Paradójicamente, los trabajadores cobramos en moneda nacional; la edificación, los salarios y los materiales de construcción se pagan con moneda nacional. Pero a la hora de poner en valor a los inmuebles se cotizan en dólares, lo que altera absolutamente el cálculo rentista, alcanzando el canon locativo a más del 50 de nuestros ingresos, según nuestros datos estadísticos", explicaron desde la Federación de Inquilinos Nacional.
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¿Es utópico pensar en una política que avance en ese sentido? Al parecer, no. La propuesta llegó al Congreso de la Nación y en los próximos días podría ingresar un proyecto de ley desde el Frente de Todos para ir hacia la pesificación de viviendas y tierras en la Argentina. Pueden conseguirse los consensos para avanzar y que se sancione o puede demorar un poco más pero comenzar a generar conciencia social. Hace unos años a nadie se le ocurría pensar en un impuesto a la vivienda ociosa, algo que es un problema importante. El debate comenzó a instalarse y hoy no es descabellado. Con esto puede pasar lo mismo y sembrar el terreno para que en un futuro no muy lejano pueda ser real.
Desde Inquilinos Agrupados compartieron un informe de UBS Reporte Inmobiliario que es realmente alarmante. Compara la cantidad de años que se necesitan para comprar un departamento de 60 m2 en ciudades de todo el mundo y la ubicación de la Argentina da pocas esperanzas. En Buenos Aires hacen falta 62 años para acceder a este inmueble contra 39 de Munich, que figura en el segundo lugar.
Hong Kong está tercero con 38 años para lograr ser propietario de un departamento de 60 m2, Zurich con 37 años, París con 36, Singapur con 33, Londres con 31 años, Frankfurt 30, Madrid 24, Los Ángeles, 18 y Chicago 12 por poner algunos ejemplos.
Los otros desafíos
Hay desafíos urgentes y otros más estructurales, explicó el referente de Inquilinos Agrupados Gervasio Muñoz a El Destape en una nota que se publicó este domingo. La extensión del decreto que suspende aumentos, desalojos y prorroga contratos durante todo 2021 es una de las del primer grupo, junto con una campaña de difusión de la normativa y de la nueva ley de alquileres para que todos conozcan sus derechos.
También algo que quedó en un limbo, la reglamentación de los contratos de alquiler ante la AFIP estipulada en el artículo 16. "Uno de cada tres contratos se firma con cláusulas ilegales, plazos no autorizados e indexaciones no consentidas en la nueva ley. El mercado inmobiliario tiene las manos libres para hacer a su antojo, en la crisis más grave que vive la humanidad desde las guerras mundiales", explicaron desde Inquilinos Agrupados. En ese sentido, un organismo de control es clave. No sólo para asegurar el cumplimiento del DNU sino también de la ley de alquileres. Y, por supuesto, como vienen pidiendo hace meses, una política de desendeudamiento para ayudar al sector que sumó deudas en estos meses por la caída del poder adquisitivo o pérdida del trabajo, por poner algunos ejemplos generados por la crisis del coronavirus.
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