Precarización y pobreza: por qué las mujeres son las que más pierden con la Ley bases

La Ley Bases del gobierno de Javier Milei constituye la arquitectura perfecta para legalizar la precariedad de la vida y profundizar la informalidad laboral que tiene a las mujeres y disidencias como principales afectadas. En Argentina, las trabajadoras sin aportes jubilatorios ni obra social alcanzaron el 39,4%, lo que representa a casi 4 de cada 10 mujeres. Con este paquete de leyes se eliminaría la moratoria previsional, la doble indemnización, se promueve modificaciones en las licencias por embarazo, la eliminación del monotributo social, entre otros. Los feminismos alertan por el deterioro de la calidad de vida de los mujeres y disidencias y la perdida de derechos adquiridos.

El paquete de leyes que incluye la reforma laboral se encuentra en debate en comisiones del Senado luego de ser aprobado en Diputados, todavía el gobierno de Javier Mile no logró el dictamen para llevar al recinto los proyectos. En medio del debate y las negociaciones entre los bloques políticos, referentes del feminismo, intelectuales y dirigentas gremiales advirtieron sobre el impacto de la conocida Ley Ómnibus y alertaron en diálogo con El Destape sobre el impacto que tendrá sobre las jubiladas, cocineras, trabajadoras de casas particulares, gestantes y jefas de hogares, principalmente. Las referentas puntualizaron uno por uno los artículos que atentan contra los feminismos y también sobre los beneficios que busca generar la ley al capital financiero que conforma la estructura patriarcal que oprime, principalmente, a las mujeres.

Respecto a esto, la coordinadora de la agenda feminista del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), Lucia De la Vega, dialogó con El Destape e hizo hincapié en el primer artículo de la Ley Bases y la Reforma Fiscal que apunta contra los sectores precarizados y principalmente a las mujeres: la moratoria previsional que en el artículo 274 de la Ley Bases deroga directamente la Ley 27705 de plan de pago de deuda previsional que permitió que 9 de cada 10 personas se puedan jubilar,  la mayoria de ellas mujeres. “El planteo que hace el gobierno es sacar la moratoria previsional y la posibilidad de jubilarse y la lleva a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) que es el 80 por ciento de la jubilación mínima que de por sí es insuficiente”, remarcó De la Vega.

La profesional enfatizó que esta moratoria reconoce las tareas de cuidado y le da reconocimiento a las mujeres que hacen girar el mundo con la llamada “triple jornada”. Remarcó que es fundamental que se siga reconociendo la situación laboral que tienen las mujeres y el tiempo que se le dedica al cuidado y trabajos reproductivos que “aportan a todos los sectores sociales”. Eliminar la moratoria jubilatoria va a implicar que más o menos el 94% de las mujeres no se van a poder jubilar, lo cual va a significar que 10 mujeres de cada 11 no podrán hacerlo. 

En este marco, la secretaria de Formación de la CTA-T, Yamile Socolovsky, enfatizó que las medidas, que pretenden legalizar la precarización laboral flexibilizando las formas de contratación, habilitando formas fraudulentas que ocultan la relación laboral, y dispensando a los empleadores de sus responsabilidades, afectan especialmente a mujeres y diversidades. "Tendremos ahora muchas menos posibilidades de acceder al empleo con estabilidad y plenos derechos”, subrayó. 

En este marco, Luci Cavallero de Ni Una Menos enfatizó en que a la derogación de la Reforma Previsional se suma la suba de la edad jubilatoria que pasará de 60 a 65 años. Planteó que si se aprueba la ley tal como se dio media sanción en Diputados "una mujer empezaría a percibir una PUAM, es decir una versión pensión universal que es un 20% menor que la jubilación mínima, a los 65 años y además no podría cobrar otro tipo de pensión porque es incompatible"". Entonces "la ley es una ley perversa que en general afecta y sube los niveles de sobreexplotación del trabajo feminizado y esto hay que decirlo con todas las letras, sumándole los capítulos, que además junto con la ley fiscal, tienen un montón de beneficios para las corporaciones profundizando el extractivismo lo que además va a redundar en mayores niveles de violencia", apuntó.

"Es una ley que nos afecta transversalmente y que no tiene ningún beneficio para quienes vivimos de nuestro trabajo, por eso es muy importante que las semanas y los días que vienen nos organicemos desde los feminismo populares desde los feminismos transversales para enfrentar esta ley en conjunto con todos los sectores de la sociedad que se están movilizando y que se van a movilizar el día de la sanción del Senado", completó.

Modificación de la licencia por embarazo 

Luego, Socolovsky hizo énfasis en una de las modificaciones en la ley de Contrato de Trabajo, en el artículo 90 del proyecto de ley de Bases produce cambios sobre las licencias por maternidad y permite que la licencia por embarazo podrá iniciarse hasta 10 días antes de la fecha del parto. "La reducción a 10 días de la prohibición de trabajar antes del parto expone a las trabajadoras a ser forzadas a continuar trabajando cuando en muchos casos es riesgoso o implica una enorme exigencia para la embarazada, situación mucho más probable en un contexto de desempleo creciente, apuntó.

En este sentido, Clarisa Gambera de ATE Nacional planteó que es la opción en medio de una situación de relaciones desiguales entre empleada y patrones. “Trabajar, viajar hasta 10 días previos a un parto es una situación de riesgo y desgaste enorme para las mujeres que viven más lejos de sus empleos y para quienes tienen empleos más pesados”, afirmó.

“No hay ni un capítulo que esté dirigido a recibir la pobreza por el contrario se plantea una reforma que corre al Estado de áreas claves para trabajar en garantizar derechos y achicar las desiguales",apuntó.

Legalización de despidos discriminatorios

Las referentes también apuntaron contra el artículo que busca permitir la legalización de los despidos discriminatorios que pasan a tener como contraparte una indemnización agravada, pero dejan de estar prohibidos y de obligar a la reincorporación. Sostuvieron que este tipo de despidos típicamente se aplica a personas embarazadas y a personas extranjeras. En este sentido, detallaron que en la composición por sexo hay una mayor representación en la población de trabajadores migrantes: el 55 por ciento son mujeres, por lo tanto esta medida apuntaría directamente a ellas.

Sobre la eliminación de la doble indemnización, la referente del Cels apuntó que "la ley da apoyo a la informalidad con la eliminación de este derecho en caso de no estar registrada una persona, con muchas consecuencias en las trabajadoras de casas particulares que la mayoría son mujeres las que están en peores condiciones". Remarcó que "se quita la doble indemnización directamente y ya no hay una sanción si se despide a una persona no registrada, además establece que una persona monotributista puede tener cinco personas a cargo sin relación laboral, así que eso también es una de las cuestiones que van a afectar y lo que hace es fomentar la informalidad".

"Lo que se está empujando por supuesto es a la mayor informalidad, donde sabemos que tiene consecuencias gravísimas para las mujeres que son las que están sobrerrepresentadas en los sectores de bajos ingresos", agregó.

La eliminación del monotributo social

Otro de los artículos que apuntaron desde las mujeres es la propuesta de eliminar el monotributo social, un régimen tributario pensado para sectores de bajos ingresos económicos que les permite tener obra social, emitir facturas y jubilarse. Para Luci Cavallero proponer la quita de este régimen "castiga a los sectores populares en el que encontramos principalmente a las mujeres ya que es una forma en la cual muchísimas de ellas que viven de changas, que trabajan en la economía popular o que trabajan de manera informal tienen algún tipo de aporte. Es la forma que tienen muchas de ellas para tener una mínima formalidad con el sistema impositivo que pueda dar un piso mínimo de derechos".

"Esta ley elimina el monotributo social y hace aumentar el monotributo, por ejemplo quién está pagando ahora 3000 podría llegar a estar pagando 30.000 pesos de monotributo. Entonces es una ley que castiga a los sectores populares que tienen altos niveles de informalidad y donde ahí encontramos una gran población de mujeres", remarcó.

En Argentina, la brecha salarial es del 27,7% y estas desigualdades se agravan en el caso de las trabajadoras informales ya que perciben un 34,5% menos que sus pares varones, por lo que sus ingresos son los más bajos de toda la economía. El dato surge del informe “Más mujeres para el desarrollo argentino”, publicado en febrero del 2023 por la Mesa de políticas económicas con perspectiva de género y diversidad, del Ministerio de Economía de la Nación. De esta manera, las empleadas sin aportes jubilatorios, ni obra social alcanzaron el 39,4%, lo que significa casi 4 de cada 10 trabajadoras en el tercer trimestre del 2022.

Sistema fiscal regresivo que afecta a las mujeres

La economista Carina Farah dialogó con El Destape. Ella advirtió sobre las medidas fiscales particularmente de la Ley Bases y remarcó que adopta un sistema fiscal regresivo, entre ellos el aumento de impuestos a las ganancias con la incorporación a la cuarta categoría, en los que encontramos profesionales independientes, entre los que se encuentran las mujeres.

En otro orden, también hizo referencia a la estructura económica histórico que "ha marcado que los propietarios de los factores productivos son mayormente varones entonces bajarles los impuestos a los bienes personales también termina beneficiando más a los varones que a las mujeres haciendo un contraste con el IVA".

"Las mujeres estamos sobrerrepresentada en los ingresos bajos esto significa que mayor proporción de nuestros ingresos van a pagar IVA. Claramente estas modificaciones tiene una regresividad de género tanto de ganancias como IVA", concluyó.

RIGI y el blanqueo de capitales de origen ilícito

La economista Farah se refirió también al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (Rigi) y apuntó que permite el ingreso de capitales con origen de actividades ilícitas, entre ellos el narcotráfico y sostuvo que es peligroso. En este sentido, trajo a memoria el libro de Rita Segato "La Guerra contra las mujeres" que plantea que estos ilícitos terminan inscribiendo su violencia disciplinante en el cuerpo de las mujeres, principalmente, y de los niños y niñas.™Me parece que cuando le damos entrada a cualquier inversión les damos entrada también a que estos capitales ejerzan su violencia en el cuerpo de las mujeres", subrayó.

Eliminación de fondos al FISU y ANSES

Por último, la economista hizo referencia a la eliminación puntual del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), creado por el Decreto N° 819/2019 que tiene como objetivo principal el financiamiento de proyectos de integración socio urbana para los Barrios Populares que se encuentren inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP) y la creación de lotes con servicios. La profesional remarcó que "impacta sobre las mujeres porque en estos sectores también estamos sobrerrepresentadas y somos las que tenemos los hijos a cargo y somos también las que tenemos los adultos mayores a cargo".

​​​​​Entonces, reflexionó que "eliminar un fondo que iba mejorando lo urbano para que la mamá pudiera salir con sus pibes tomarse el micro y llevarlos a la escuela o llevarlos al jardincito y poder ir a trabajar, que ya es todo un montón y ahí también hay un impacto concreto".

Las referentes coincidieron en la urgencia de frenar esta ley que solo viene a silenciar a las mujeres y disidencias, desconocer las tareas de cuidado como actividad económica y quitar derechos a tener mejores condiciones de vida y laborales. Contra la violencia sobre nuestros cuerpos.