Proponen que la Ciudad tenga su propia Oficina Anticorrupción

Después de perder estado parlamentario, el Frente de Todos volvió a proponer que la Ciudad de Buenos Aires tenga su propia Oficina Anticorrupción para fomentar la transparencia y controlar el uso de fondos públicos. En caso de aprobarse el proyecto, las denuncias podrán ser presentadas por particulares, funcionarios y empleados públicos.

También podrá investigar preliminarmente, de oficio o por denuncia los hechos que pudieren configurar presunto enriquecimiento ilícito o irregularidades en el manejo de los fondos reservados por los funcionarios públicos; a su vez podrá recomendar la suspensión preventiva de los agentes denunciados, cuando su permanencia en el cargo o en las funciones pudiera resultar contraproducente a los fines de la investigación; entre otras cuestiones.

Para avanzar en las investigaciones, puede tomar declaraciones testimoniales, recibir medidas de prueba y demás medidas que resulten necesarias para el mejor resultado de sus investigaciones. Puede también requerir dictámenes periciales y procurarse la colaboración de expertos, y solicitar a las reparticiones o funcionarios/as públicos/as la colaboración que considere necesaria, la que debe ser obligatoriamente prestada por estos.

La iniciativa planeta que el organismo sea autónomo, autárquico y que cuente con el presupuesto necesario para cumplir con sus objetivos establecidos. Que sus autoridades sean elegidas por las fuerzas opositoras de esta legislatura. 

El texto, al que accedió El Destape, estipula el ámbito de acción de la Oficina Anticorrupción porteña: la Administración Pública Central en cualquiera de sus poderes, entes descentralizados, entidades autárquicas y cualquier otra entidad que pudiera depender del Estado de la Ciudad y de las Comunas; órganos de control, organismos de seguridad social. 

También incluye a las empresas, sociedades y todo ente público y privado con participación del Estado o que tenga como principal fuente de recursos el aporte estatal o cuyos recursos estén garantizados por el Estado; a las personas físicas y jurídicas proveedoras de bienes y servicios que contraten con el Sector público y concesionarias de obra pública y otros servicios públicos porteños y al Banco de la Ciudad de Buenos Aires.

Según el proyecto de ley presentado este viernes, el organismo deberá ser conducido por un Secretario/a de Transparencia y Anticorrupción designado por la Legislatura de la Ciudad, a propuesta del bloque opositor con mayor representación numérica en el Cuerpo, que ejercerá el cargo por cinco años, con la posibilidad de ser reelecto/a por una única vez. Para ocupar el cargo, la persona deberá ser ciudadano argentino, con dos años de residencia inmediata enl a Ciudad, tener título de abogado y demostrar idoneidad y antecedentes suficientes que aseguren el cumplimiento de los objetivos del ente.

La Oficina Anticorrupción tendrá una subsecretaría de investigaciones para analizar irregularidades o hechos ilícitos; una subsecretaría de planificación de políticas de transparencia que identificará, analizará e investigará las causas que den lugar a hechos de corrupción  y deberá elaborar políticas y programas para fomentar la transparencia. Se constituirá como querellante en las actuaciones que se identifiquen los criterios de significación institucional, económica o social determinados.

Además, de forma anual, el organismo deberá producir un informe que elevará a la Legislatura, al Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al Síndico, a la Auditoria General de la Ciudad y al Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El mismo debe contener la identificación de los y las funcionarias que a la fecha de producción del informe anual incumplan con un dictamen de la Oficina Anticorrupción; la identificación de las actuaciones que hubieran dado lugar a la apertura de sumarios administrativos y de las autoridades responsables de instruirlos.

A su vez, deberá incluir la identificación y situación procesal de las causas denunciadas a la justicia y, en su caso, informar el monto estimativo del patrimonio estatal afectado; la identificación de las causas en las que fuera parte querellante; una descripción de las causas de los hechos de corrupción administrativa que resultaran de los estudios realizados; las propuestas normativas relacionadas con su objeto; las recomendaciones en materia de políticas y programas de transparencia, prevención y sanción de la corrupción dadas a los organismos del Estado, su recepción por parte de los organismos y el impacto logrado; y el Plan de Acción Anual para el próximo año.

En los fundamentos se explicita que "es imperioso generar instituciones públicas que velen por el mejor cuidado de la administración, que contribuyan a cumplir con las reglas establecidas para la organización y el funcionamiento del Estado y a resguardar la ética pública, que sostengan a la honestidad como valor elemental, el cumplimiento del estado de derecho, y la rendición de cuentas con transparencia".

Sobre esto, el legislador del Frente de Todos Santiago Roberto explicó: "La Ciudad necesita de mecanismos institucionales y normas que regulen el comportamiento de las y los funcionarios y las y los empleados de la administración pública con el objetivo de garantizar transparencia y cuidar los intereses públicos", aseguró el legislador que resaltó "la importancia de que el nuevo organismo cuente con legitimación procesal, independencia funcional y autarquía financiera". El texto también lleva las firmas de sus compañeras y compañero de bloque María Rosa Muiños, Matías Barroetaveña y Cecilia Segura.