El Senado bonaerense convirtió en ley el proyecto que había enviado el gobernador Axel Kicillof para expropiar terrenos en Quilmes, Merlo, Moreno, La Matanza y Tigre y edificar establecimientos penitenciarios y alcaidas en un plazo de hasta 10 años. La iniciativa ya había sido aprobada por la Cámara baja provincial la última sesión.
El senador del Frente de Todos y presidente de la comisión de Obras y Servicios Públicos, Gustavo Sos explicó que “ayer estuvo el ministro de Justicia Julio Alak en la comisión y nos explicó cómo será este plan integral que será para la provincia de Buenos Aires. La construcción de alcaidías va a permitir garantizar despachos para que los detenidos estén más cerca a sus familias”. Y agregó: “Agradezco el acompañamiento de la oposición y haber logrado consensos con ellos. Estamos encontrando un camino no solo de consenso, sino de acordar políticas de Estado que ahora se está dando en esta temática”.
Desde Juntos por el Cambio, el presidente del bloque, Roberto Costa, afirmó: “Es un tema que abarca y habla de las obligaciones del Estado y de los derechos de los detenidos. Por ejemplo, La Matanza tiene 4000 detenidos y tiene lugar para 400, es un dato que me asustó y no es para polemizar”. Y finalizó: “Es una ley necesaria”.
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Debate
En la Cámara de Diputados la única fuerza que votó en contra fue la Izquierda, que solo posee un diputado provincial. Los bloques opositores Juntos por el Cambio, Cambio Federal, partido FE y 17 de noviembre acompañaron la iniciativa en general.
Durante el debate en la Cámara baja, desde Juntos por el Cambio, indicaron que “el 50% de los detenidos en el país, unos 48.565 presos pertenecen al ámbito de la provincia Buenos Aires, y de esos 48.565, el 69% tiene domicilio en el gran Buenos Aires, vaya si hay necesidad de acercarlos a su domicilio para que puedan ser visitados por sus familiares. Esto es política de estado y lo debe hacer el gobierno junto a los municipios”.
El Frente de Todos explicó que “hoy la Provincia tiene un faltante de 20 mil plazas, además hay un grado de reincidencia entre el 70% y 85%, y quienes no lo hacen son los presos que tuvieron educación universitaria y secundaria y salieron con una formación profesional. Tenemos que convertir las cárceles en centros de formación, para que los internos, cuando cumplan la condena, no lo hagan como castigo sino para reinsertarse”.
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