El acceso y la democratización de la justicia es uno de los temas de agenda del gobierno nacional que, en la provincia de Buenos Aires, quiere instarlo el senador del Frente de Todos, Francisco “Paco” Durañona. En ese sentido, el legislador propone hacer modificaciones en el territorio judicial bonaerense: eliminar la Cámara Federal de Casación Penal bonaerense y crear juzgados y Cámaras para agilizar el acceso a la Justicia para los y las bonaerenses.
El ex intendente de San Antonio de Areco, detalló a El Destape que, “en sintonía con la ampliación del acceso a la justicia que propone el presidente Alberto Fernández, con nuevos juzgados y Cámaras en todas las provincias del país, la provincia de Buenos Aires debe imitar la iniciativa considerando que el 90% de los municipios del interior no tienen fuero Criminal y Correccional, obstruyendo y limitando el acceso a la justicia de millones de vecinos y vecinas”.
El presidente de la comisión de Legislación General del Senado provincial explicó la realidad que se vive en los distritos: “Si vivís en San Antonio de Areco y sos víctima de violencia machista, tenés que recorrer 60 km para encontrar un defensor oficial, un fiscal o un juez que entienda en la causa; si se necesita cobertura judicial laboral, hay que hacer 100 kilómetros. Una mujer de Ayacucho, víctima de cualquier delito, debe recorrer 140 kilómetros para acceder a la justicia; un verdadero despropósito para el territorio que contiene al 40% de la población argentina. En el siglo XXI y con el claro objetivo de promover arraigo con perspectiva de género es imprescindible avanzar en este sentido”.
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"El Servicio Penitenciario Bonaerense está colapsado con un 70% de presos sin condena, afirmó Durañona
Justicia rápida
La Cámara Federal de Casación Penal es el tribunal penal por el que pasan todas las causas penales antes de llegar a la Corte Suprema de la Provincia. Al respecto, Durañona afirmó: “Propongo eliminar la Cámara de Casación Bonaerense e integrarla a la Corte, ya que el ‘doble conforme exigido por los tratados y jurisprudencia internacionales’ queda garantizada como así también una mejora sustancial en los tiempos procesales".
En términos jurídicos los beneficios del proyecto del legislador apuntan a “acortar los plazos de duración de los procesos penales en la provincia de Buenos Aires. Desde la óptica del imputado, permite reducir la situación de incertidumbre de quien se encuentra sometido a proceso penal. Y desde la óptica de las víctimas, también se reduce el tiempo de proceso para obtener un pronunciamiento firme relativo a sus derechos”.
De esta forma, “la discusión en torno a la duración de las prisiones preventivas y el paso del status de detenido preventivamente a cumplimiento de pena también se achica ya que para la firmeza de la sentencia (por agotamiento de los recursos) va a haber una instancia menos. Además, el Servicio Penitenciario Bonaerense está colapsado con un 70% de presos sin condena”.
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Para la víctima el beneficio radicaría en que “el peligro de prescripción de la acción penal se reduciría. Por ejemplo, un caso de condena de estafa - que tiene un plazo de prescripción de 6 años - corre serios riesgos de prescribir si tiene que pasar por Casación como tribunal superior y luego por la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.
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