Maria Lilia Gomez Alonso, la jueza que históricamente manejó los hilos de la causa por deuda de Correo Argentino, mantuvo una reunión en la Casa Rosada durante el gobierno de Mauricio Macri el 12 de septiembre de 2018. Fue con Pablo Clusellas, el Secretario Legal y Técnico, integrante de la Mesa Judicial de Cambiemos, histórico gerente SOCMA y uno de los funcionarios más cercanos a Macri.
El día de la reunión expediente por la deuda del Correo estaba en plena ebullición: los Macri insistían con desplazar a la fiscala Gabriela Boquin, que frenó la condonación de más de 70.000 millones de pesos; la familia del presidente había hecho una nueva propuesta que en los hechos implicaba que les perdonen la deuda; y el propio Macri preparaba los decretos para dar por cerrada la investigación interna sobre los funcionarios que ejecutaron esa maniobra para beneficiar a su familia. La letra de esos decretos estaba en manos de Clusellas, quien se juntó con la jueza Gomez Alonso.
La jueza Gomez Alonso integra la Sala B de la Cámara Comercial, que ha sido una parte fundamental en el letargo del expediente donde tramita la deuda de la familia Macri por el Correo. Es de hecho la presidenta de la Sala que fue funcional para que los Macri no pagaran un peso de su multimillonaria deuda con el Estado desde el 2001 hasta hoy. Y fue también parte de la maniobra por la cuál en 2016 en entonces presidente Macri quiso condonar esa deuda.
No es una jueza más, sino un nombre importante dentro de los grupos de lobby judicial. La hija de la jueza, Agustina, trabajaba con el ministro de Justicia Germán Garavano hasta que la premiaron con un cargo de jueza en un procedimiento plagado de irregularidades. El hoy fallecido esposo de la jueza era Héctor “Negro” Díaz Cordero, conocido operador judicial en materia comercial. Parecía un negocio familiar. Cuando falleció, la rutina García Lupo de leer los avisos fúnebres de La Nación reveló su arco de relaciones, incluidos buena parte del funcionariado macrista.
Según la planilla de accesos a la Casa Rosada, Gomez Alonso ingresó el 12 de septiembre de 2018 a las 10:43 horas por la entrada de Balcarce 24. Fue a la secretaría Legal y Técnica, que ocupaba Clusellas. Todo indica que la Mesa Judicial del macrismo se dedicaba tanto al ataque como a la defensa.
No hay ninguna justificación para esa reunión. Por entonces, Gomez Alonso presidía la Asociación de Magistrados, una de las asociaciones civiles que reúne funcionarios judiciales. Sin embargo, no hay ningún nexo entre esa función y la Secretaría Legal y Técnica que comandaba por entonces Clusellas. El vínculo institucional entre la Asociación y el Gobierno era y es a través del Ministerio de Justicia.
El contexto de la reunión permite inferir su contenido.
El 10 de julio, un par de meses antes, la jueza Gomez Alonso había recibido a los abogados de los Macri en la Sala B de la Cámara Comercial. En esa reunión, la familia Macri hizo una propuesta de pago idéntica a la que había realizado 2 años antes, el 28 de junio de 2016, y que implicaba el pago en cuotas durante 15 años con una tasa de interés negativa y con un esquema que licuaba la deuda hasta prácticamente condonarla. Ofrecían como novedad un “reconocimiento adicional”, y era pagar intereses a condición de ganarle juicios al Estado. Esos juicios de los Macri contra el Estado son por más de 4.500 millones de pesos y la Corte ya dijo en 2009 que no pueden compensarse las deudas de los Macri con el Estado con lo que ellos dicen que el Estado les debe a ellos. ¿Estuvo eso en la mesa de conversaciones entre la jueza Gomez Alonso y Clusellas? El marco de la reunión fue ese.
Pero hay más. La reunión fue el 12 de septiembre. El 3 de octubre Macri firmó el decreto 882/2018 donde se excusó de intervenir en toda cuestión relacionada con el caso Correo Argentino. Fue una confesión de que hasta ese momento había intervenido. El Destape ya reveló el documento donde el ex ministro de Comunicaciones Oscar Aguad, brazo ejecutor de la maniobra, dejó por escrito que actuaba "Siguiendo expresas instrucciones del señor Presidente de la Nación”. Incluso apenas este cronista publicó que intentaba condonarle la deuda a su familia el ex Presidente dijo que había ordenado que todo volviera a “foja cero”, como si dependiera de él.
Esa excusación de Macri, redactada por Clusellas, tenía una explicación: a la semana, el 12 de octubre, la entonces vicepresidenta Gabriela Michetti firmó el decreto 907/2018 por el cuál rechazó que siguiera la investigación sobre los ejecutores de la maniobra que buscó condonarle a la familia Macri más de 70.000 millones de pesos por su histórica deuda con el Estado. La letra de ambos decretos era responsabilidad de Clusellas.
El rechazo fue a una apelación del Sergio Rodriguez, titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), la fiscalía anticorrupción. El 10 de febrero de 2017, tras conocerse la maniobra de Macri para condonarle es multimillonaria deuda a su familia, el fiscal Rodriguez le pidió a la Procuración del Tesoro (PTN), la cabeza de los abogados del Estado, que iniciara un sumario para investigar el rol de los abogados que intervinieron es ese acuerdo entre los Macri de uno y otro lado del mostrador. El entonces procurador Carlos Balbin le dio curso a la investigación, pese a tratarse de un funcionario designado por Macri y que depende directo del Presidente. Fue su catapulta fuera del Gobierno. Macri lo desplazó y nombró en su lugar a Bernardo Saravia Frías, que paso de ser abogado de Macri a ser abogado de Macri con patente de funconario. “Lo de Correo hay que arreglarlo”, fue la orden que bajó Saravia Frías apenas llegó a la PTN. Hizo los deberes, cerró el sumario que había iniciado Balbín pero el fiscal Rodriguez apeló. Ante esto, la decisión quedaba en manos del presidente. El 4 de octubre, Macri se excusó de intervenir. Le dejó la firma a Michetti, que rechazó el recurso. Y al fiscal Rodríguez se lo cobraron: el difundo juez Claudio Bonadio le inició una causa penal.
Al mes, en noviembre, hubo otro hecho vinculado al caso Correo por el cual la reunión entre Clusellas y la jueza Gomez Alonso cobra relevancia. El gobierno de Macri movió varias fichas para colocar a un juez amigo como tercer integrante de la Sala B de la Cámara Comercial, que integran Gomez Alonso y la jueza Matilde Ballerini.
El mecanismo fue la manipulación del orden de mérito del concurso 408. El ministro de Justicia Garavano era, según distintas fuentes judiciales, el encargado de tantear a los concursantes mejor posicionados para que garantizaran un voto favorable a Macri. El que lideraba la terna, el juez Javier Cosentino, se negó. Mandaron su pliego para otra sala. El que estaba segundo, Sebastián Sánchez Cannavó, se prestó al juego. Tal como reveló El Destape, su esposa es la pieza clave para los aprietes a la fiscala Boquin a través de una falsa denuncia por maltrato laboral.
En diciembre, la Corte Suprema rechazó la pretensión de los Macri de apartar a la fiscala Boquin. No sería la última.
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