Causas armadas contra ella y sus hijas. La amenaza de detenerla. Presiones judiciales, políticas, mediáticas y hasta institucionales. La ex Procuradora General de la Nación Alejandra Gils Carbó declaró en el caso Mesa Judicial M y brindó detalles de cómo fue la persecución en su contra durante el gobierno de Mauricio Macri, que culminó con su renuncia al cargo el 30 de octubre de 2017. Signo de que la avanzada no terminó, minutos antes de prestar testimonio se anotició de que uno de los jueces del Lawfare, Julián Ercolini, la envió a juicio oral en un expediente armado por el macrismo. Hasta el ministro de Justicia, Martín Soria, se hizo eco de esta situación y consideró al hecho “una muestra más de la influencia del aparato de persecución que montaron desde el gobierno Macrista”.
“Fui perseguida por el Gobierno de Mauricio Macri para obtener mi renuncia por más de dos años”, aseguró Gils Carbó en una audiencia que se celebró el martes en el marco de la causa en que se investiga cómo operó la Mesa Judicial macrista. La exjefe de los fiscales relató que las presiones se extendieron desde la campaña electoral de Macri, en 2015, a octubre de 2017, punto culmine de la avanzada en su contra.
Gils Carbó hizo referencia a una “violencia privada estatizada” porque se trató de una violencia con fines particulares de Macri “que utilizó el aparato del Estado para llevarla a cabo”. Habló de una “coordinación de la violencia estatalizada” que se ejerció contra ella y su familia. La escuchaban tres abogados defensores (entre ellos, el de Fabián “Pepin” Rodríguez Simón) y el fiscal Franco Picardi quien tiene delegada la investigación del caso.
Durante la a audiencia, que se realizó de forma virtual y se extendió por una hora y media, la exprocuradora describió los distintos tipos de violencia que sufrió:
- La que se replicaba desde los medios, donde se la presionaba para que renuncie;
- La que se ejercía a través de los casos judiciales, que se utilizaban como amenaza de llevarla presa a ella y sus hijas;
- Y la institucional, porque le quitaban presupuesto para la gestión e independencia al Ministerio Público Fiscal.
La descripción de presiones mediáticas y judiciales fue una constante en los testimonios de los jueces que declararon como testigos en la causa de la Mesa Judicial M (la camarista Ana Figueroa, el juez laboral Luis Raffaghelli o la juez Martina Forns son algunos de los que prestaron testimonio en sede judicial).
En octubre de 2017, de forma coordinada, se sucedieron una serie de hechos que llevaron a Gils Carbó a dar un paso –forzado- al costado. Según detalló en la Justicia, la cronología fue la siguiente:
- El 12 de octubre de 2017, Ercolini la procesa por administración fraudulenta en el caso de la compra del inmueble que hoy es sede de la Procuración.
- Al día siguiente, el 13 de octubre, el N° 2 del diario Clarín, Ricardo Roa, publica el teléfono de la hija de Gils Carbó en el diario, lo que deriva en llamados con agresiones.
- Apenas una semana después del artículo de Roa, el 20 de octubre, el juez Pablo Cayssials del fuero Contencioso Administrativo en sintonía con los intereses del macrismo declara que la procuradora puede ser removida de su cargo sin necesidad de un juicio político. Lo hizo al declarar inconstitucional un artículo de la ley del Ministerio Público que equipara al procurador general con los jueces de la Corte. Fue tras un planteo de la ONG filomacrista Será Justicia y del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires.
- Luego trasciende en los medios el proyecto de reforma del Ministerio Público según el cual el Presidente por decisión fundada puede pedir la remoción de la Procuradora y así obtener su suspensión inmediata en el cargo.
- El viernes 27 de octubre, Gils Carbó se reúne con su equipo más cercano para comunicarle que estaba evaluando la posibilidad renunciar. En ese encuentro le comentan la amenaza que el hoy prófugo Fabián “Pepin” Rodríguez Simón le comunicó al fiscal Gabriel De Vedia, quien había ido a verlo en la Casa Rosada para solicitarle que amaine la persecución contra la procuradora. “Si vos me traes la renuncia, obvio que la persecución se acaba”, le dijo el operador judicial a De Vedia. “Pero ella no va a renunciar”, le respondió el fiscal de la Seguridad Social. “Y bueno, meteremos presas a las hijas, y a ella”, le sentenció Pepín. De Vedia confirmó estos dichos en esta misma causa un mes atrás, aproximadamente.
Las palabras de Pepín le confirmaron a Gils Carbó que “había un coordinación desde altas esferas de la Casa Rosada para obtener mi renuncia con violencia” y reforzaron su decisión de renunciar por el contexto que se estaba dando.
La entonces procuradora consideraba verosímiles las palabras de Pepín ya que se estaban sucediendo detenciones arbitrarias y persecuciones contra hijos de dirigentes como fue el caso de Florencia Kirchner.
El último fin de semana de octubre de 2017, Gils Carbó se reunió con De Vedia, quien le confirmó la versión. El lunes renunció al cargo. Entonces, la persecución en su contra cesó. Hasta este martes, cuando declaró en la causa de la Mesa Judicial M.
La causa del edificio y el tuit de Soria
El mismo día que declaró en la causa de la Mesa Judicial macrista a Gils Carbó le informaron de la elevación a juicio de una causa armada en su contra: la de la compra del edificio para la Procuración. “Cuando me siento en la computadora y voy a buscar en el mail el link de la audiencia, cinco minutos antes, ahí me encuentro con que me acaban de notifica la elevación a juicio”, explicó este miércoles en declaraciones a Radio 10.
Según relató en el caso de la Mesa Judicial, la causa del edificio se originó el 23 de marzo de 2017 con el envío de un sobre anónimo a la fiscalía de Carlos Rívolo (la forma en que se originaron causas emblemáticas durante el macrismo como Operación Puf, el caso Ciccone o la causa de las fotocopias de los Cuadernos merecen una nota aparte). En ese anónimo se acusaba a Gils Carbó de comprar el inmueble sede de la Procuración de la calle Perón para beneficiar a su ex marido. El fiscal del caso terminó siendo Eduardo Taiano. Como la hipótesis original no tenía sustento se instaló que la entonces procuradora quería un edificio señorial para instalar su despacho. Es por eso que en su declaración, la exfuncionaria judicial consideró que es víctima también de violencia patriarcal. Consideró que solo a los hombres se les puede ocurrir semejante imputación contra la primera procuradora mujer.
Ya en septiembre de 2018, la Cámara Federal porteña señaló en esta causa que no hubo cobro de comisiones ni se había causado daño al Estado. No obstante, se sustanció la elevación a juicio. Pero en la notificación que le llegó este martes no se habló de sus intenciones de un edificio señorial sino que “urdió un plan complejo” sin explicar cuál fue ese plan. “Pero voy a ir a juicio oral”, indicó en declaraciones radiales.
Este hecho, motivó un tuit del ministro de Justicia Martín Soria. “Llamativo: minutos antes de declarar en la causa de la Mesa judicial M, Alejandra Gils Carbó fue citada a juicio oral por una denuncia inventada desde esa misma Mesa. Una muestra más de la influencia del aparato de persecución que montaron desde el gobierno Macrista”, escribió. Y añadió: “Gils Carbó, la última procuradora legítima, fue una de las víctimas más notorias de la Mesa Judicial: llegaron a amenazar a sus hijas, la extorsionaron hasta obligarla a renunciar y así lograron eternizar a un procurador interino servil a sus espurios negocios”. Por eso, dijo, “se niegan a transformar la Justicia y el Ministerio Público: porque necesitan garantizar su propia impunidad”.
En el caso del edificio, Gils Carbó ya había recusado a Ercolini y pedido la nulidad del proceso. ¿La razón? La declaración de Alberto Fernández, quien dijo que ese juez se vio obligado a procesarla por presiones del gobierno macrista. “Lo fui a ver y le dije que era un disparate, vi como se agarraba a cabeza y me decía: ‘Pero es lo que tengo que hacer, la tengo que procesar'", relató el Presidente en diálogo con Radio del Plata en marzo de este año. La visita fue antes de que sea electo primer mandatario.
El caso del edifico se suma a una causa que tramitó Bonadío en contra las dos hijas de Gils Carbó. Ante Picardi, este martes la exprocuradora dijo que allí se las acusaba de “asociación Ilícita, coacción, negociaciones incompatibles, defraudación a la administración pública, violación de secretos e incumplimiento de deberes de funcionario público”. Una asociación ilícita de la que la propia procuradora -en la tesis de Bonadío- era la instigadora. Todo por tener un blog de noticias judiciales. Es decir, las amenazas de Pepín Rodríguez Simón tenían de qué sostenerse.
Por cierto, Gils Carbó debía declarar este jueves en el caso de las extorsiones al Grupo Indalo, donde la jueza Maria Servini pidió la captura internacional de Pepín. Este miércoles le suspendieron la audiencia.
La Mesa Judicial M
El caso de la Mesa judicial tramita en los tribunales de Comodoro Py. La investigación está delegada en el fiscal Picardi. La jueza a cargo del proceso es María Eugenia Capuchetti, designada por Mauricio Macri.
De acuerdo a los denunciantes, entre los que se encuentra el actual ministro de Justicia de la Nación, la “Mesa judicial” constituyó “una fuerza de tareas ilegal que, al margen de toda institucionalidad, utilizó los recursos de la administración pública para cooptar y disciplinar al Poder Judicial, intentando convertir al sistema penal en una herramienta política”.
¿Quiénes integraron esa mentada mesa de articulación política y judicial? Macri, Rodríguez Simón, Germán Garavano; el exjefe de la AFI, Gustavo Arribas; Patricia Bullrich, exministra de Seguridad; Pablo Clusellas, ex Secretario de Legal y Técnica; Juan Bautista Mahiques, exconsejero de la magistratura y subsecretario de Relaciones con el Poder Judicial durante el macrismo; Bernardo Saravia Frías, último Procurador General del Tesoro de Macri; el asesor José Torello; y Daniel Angelici, operador judicial y único miembro de “la mesa” que no tenía cargo formal en el gobierno macrista.
En el caso se apunta a la Mesa Judicial M como un centro de operaciones desde el cual se desató la persecución judicial de opositores. Para eso, se denuncia, se buscó disciplinar a los magistrados y magistradas que no fallaban de acuerdo a los deseos del macrismo.
Una frase de Macri, de 2017, no puede pasar desapercibida: “Los jueces tienen que saber que buscamos la verdad o buscaremos otros jueces que nos representen”. Toda una declaración de intenciones que demostró sus alcances, por ejemplo, en el caso del procurador. Tras la salida de Gils Carbó –con un perfil de experta en delitos económicos, algo que molestaba a Macri- llegó el interino Eduardo Casal quien desde su arribo dictaminó en sintonía con los intereses del macrismo. Por eso, hoy es blindado por Juntos por el Cambio.
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