La afirmación de la jueza Ana María Figueroa de que fue presionada por funcionarios del Ministerio de Justicia durante la gestión macirsta para fallar de una forma determinada provocó dos presentaciones en los tribunales de Comodoro Py. Ambas requieren que se investigue al expresidente Mauricio Macri y a sus funcionarios con injerencia en tribunales por presiones a magistrados no alineados con los intereses oficialistas y direccionar causas. Ambas presentaciones hoy están en manos del juez Sebastián Ramos.
La primera denuncia la realizó el diputado Martín Soria, el martes. “Los hechos denunciados por la jueza Figueroa son gravísimos, no sólo porque dan cuenta de la puesta en marcha de una ingeniería corrupta y extorsiva inherente al gobierno de Mauricio Macri, sino también por la afectación al estado de derecho y de las instituciones del Estado, mediante la ilícita injerencia en el poder Judicial”, sostuvo el diputado. Esta presentación recayó en el juzgado a cargo de Ramos, quien delegó la investigación en el fiscal Ramiro González.
González ya está investigando el caso y citará a declarar a Figueroa, integrante de la Cámara Federal de Casación Penal, la máxima instancia penal del país. La magistrada había declarado en una entrevista radial que recibió “muchísimas” presiones. “Desde el propio diciembre de 2015, cuando me vinieron a preguntar cuánto iba a demorar en sacar un fallo, cosa que no me había pasado nunca en el tiempo que estoy yo en el ejercicio de la jurisdicción en Casación, les dije que el Poder Judicial era independiente y que no entraran a mi despacho a hacerme ese tipo de preguntas. Y ahí no lo hicieron más personalmente a través del poder político, pero sí lo hacían con títulos de diario”, afirmó en diálogo con el periodista Mariano Martín.
Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia.
Un día después de la presentación de Soria, un grupo de legisladores del Frente de Todos, con el jefe de bloque del Senado, José Mayans, a la cabeza, realizó una denuncia más abarcativa donde apuntó contra Macri y su Mesa Judicial. Apuntó contra el exjefe de Estado y 8 funcionarios, entre los que destacan el exjefe de la AFI, Gustavo Arribas, el exministro Germán Garavano y el exconsejero (hoy Fiscal General de la Ciudad) Juan Bautista Mahiques. Justamente, este último es el que Figueroa dio a entender que fue a visitarla a su despacho para “conversar” sobre la causa por el Memorándum de Entendimiento con Irán.
La denuncia de los legisladores recayó en el juzgado de Daniel Rafecas. Pero este magistrado consideró que debía enviársela a Ramos por “acumulación”, ya que el disparador de ambas investigaciones son las declaraciones radiales de la jueza Figueroa. Eso hizo Rafecas este jueves. ¿La razón? Conexidad objetiva.
Por este motivo, hoy Ramos tiene ambas presentaciones.
Ahora se abren dos caminos: que el titular del juzgado federal Nº 2 acepte la causa o la rechace y se la devuelva a Rafecas, candidato a Procurador General de la Nación propuesto por el presidente Alberto Fernández, cuyo pliego debe tratarse en el Senado. En ese caso, Rafecas podría insistir. Eso derivaría en un conflicto de competencia entre ambos jueces que tendría que resolver el presidente de la Cámara Federal porteña, Martín “Doctrina” Irurzun. Justamente, el camarista que fue fotografiado en un bar con el funcionario macrista Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, uno de los operadores judiciales denunciado por los legisladores del Frente de Todos en la segunda presentación.
Curiosidades: los restantes tres camaristas fueron designados durante la gestión de Mauricio Macri. Dos de ellos, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, a dedo, ya que llegaron al cargo de forma irregular, mediante traslados muy cuestionados.
Cerrar sesión