La Organización de las Naciones Unidas (ONU) evaluará la denuncia de "lawfare" presentada por el Gobierno Nacional en un informe oficial sobre la situación de los derechos humanos en la Argentina. El informe fue redactado por la Secretaría de Derechos Humanos con el apoyo técnico de la Cancillería, tiene treinta fojas y será analizado en Ginebra el próximo lunes 23 de enero.
El Destape accedió a la denuncia donde se cuestionan los discursos de odio, destacando los ataques sistemáticos hacia la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por parte de medios masivos de comunicación y en las redes sociales, y también el fenómeno del "lawfare", impulsado por "sectores del Poder Judicial, la oposición política y sectores concentrados del poder económico y mediático".
En el informe se destaca que desde el gobierno de Alberto Fernández "desde sus primeras manifestaciones públicas, reivindicó la defensa de los derechos humanos como “columna vertebral” de las políticas que se adoptarían en nuestro país" y, al definir los desafíos pendientes, llamaron la atención por la existencia de "los denominados discursos de odio, y sus implicancias para la convivencia democrática".
"Los discursos de odio han tomado mayor visibilidad en los últimos tiempos debido a los graves sucesos acaecidos recientemente, que culminaron con el intento de magnicidio de la actual Vicepresidenta de la Nación, y dos veces Presidenta, Cristina Fernández de Kirchner", se lee en la presentación.
Asimismo, el Gobierno marca que "estos postulados se advierten de modo creciente en diversos espacios políticos, en medios masivos de comunicación y en redes sociales".
Otro de los desafíos pendientes es el fenómeno del “lawfare o “guerra jurídica”. "Desde el actual Gobierno Nacional y el movimiento de derechos humanos se advierte que la práctica del lawfare – impulsada por sectores del Poder Judicial, la oposición política y sectores concentrados del poder económico y mediático – constituye una práctica violatoria de los derechos humanos y opera como condicionante de los procesos electorales, de la agenda política y de la opinión pública", se plantea.
Sobre este punto, se destacó que en las causas judiciales, como las que enfrenta Cristina Kirchner, "bajo la excusa de la investigación y sanción de hechos de corrupción, se violan garantías fundamentales del Estado de Derecho: se desconocen garantías básicas del debido proceso como la presunción de inocencia, el derecho de defensa y el principio de objetividad que debe guiar la actuación del Ministerio Público Fiscal".
"Estas causas penales se impulsan únicamente en contra de referentes políticos que representan a sectores populares, mientras se mantiene en la impunidad a sectores poderosos, que han permitido o avalado el endeudamiento criminal que ha generado pobreza e indigencia en la población", aseguran en el informe al que accedió este medio.
MÁS INFO
A través de un comunicado, el Consejo de la ONU explicó que Argentina debe presentar su Examen Periódico Universal (EPU), que reporta la situación de los derechos humanos en el país. La delegación estará presidida por Horacio Pietragalla Corti, Secretario de Derechos Humanos y desde el Grupo de Trabajo del EPU tienen previsto aprobar las recomendaciones de Argentina el próximo 27 de enero.
"La situación de derechos humanos en Argentina será considerada por cuarta vez por el mecanismo del Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas", afirmaron desde Naciones Unidas sobre la presentación que se llevará a cabo el próximo lunes.
Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas analiza la situación en Argentina: qué se va a tener en cuenta
El Examen Periódico Universal (EPU) es un mecanismo que implica la revisión periódica de la situación de derechos humanos de los 193 Estados Miembros de la ONU. Las primeras, segundas, y terceras revisiones del EPU de Argentina fueron en abril de 2008, octubre de 2012, y en noviembre de 2017, respectivamente.
Los documentos en los que se basa el EPU son:
- Un informe nacional con información presentado por el Estado bajo examinación;
- Una compilación de los informes de expertos y grupos de trabajo independientes conocidos como los Procedimientos Especiales, los Órganos de los Tratados de derechos humanos, y otras entidades de las Naciones Unidas;
- Un resumen de la información proporcionada por los actores interesados pertinentes, incluyendo las instituciones nacionales de derechos humanos, las organizaciones regionales y las organizaciones no gubernamentales.
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