La Oficina Anticorrupción renunció a la querella en el juicio por la obra pública contra la vicepresidenta Cristina Kirchner. El organismo dio sus explicaciones y argumentos a El Destape sobre esta decisión que sucede a días del alegato.
El escrito presentado por la OA al TOF 2 informa: “El Titular de este organismo ha dispuesto desistir del rol de querellante en las causas en que esta Oficina se encontraba constituida en tal carácter. Por lo tanto, no habiendo prueba propuesta por la representación de este organismo pendiente de producción, se solicita a Vuestra Excelencia que se aparte a esta Oficina Anticorrupción del rol de querellante, oportunamente asumido (art. 85, en función del art. 420 del Código Procesal Penal de la Nación) y se dé baja del sistema Lex 100 a los letrados intervinientes”.
Desde la OA argumentaron la decisión a este portal: "Esto es la materialización de una resolución de hace más de un año que sacó la OA, que era que dejaba de ser querellante en todas las causas en las que estaba presentada en función de una reorientación de la política general de la Oficina".
¿De qué se trata esta política de la OA que dirige el abogado Félix Crous? "Es básicamente apuntar a la investigación: orientar los recursos a la investigación y prevención, que es donde podemos hacer un diferencial. Y no poner recursos en la querella, donde en primer lugar está el Ministerio Público Fiscal y, en segundo lugar, ya hay otros órganos del Estado, como la AFIP, la UIF", contaron fuentes del organismo a El Destape.
Agregaron desde la Oficina: "Es una dilapidación de recursos. Se tomó esta decisión en general, no de esta causa sino de todas las causas hace más de un año". Sobre esta causa específica de obra pública contra CFK, adelantaron desde el ente: "Lo que ocurrió es que esa resolución decía que donde éramos querellantes nos quedábamos hasta que se terminara de producir la prueba. Y como eso ya ocurrió, como una medida de control que la propia OA había ofrecido como querellante, ya habiéndose cerrado esa etapa en esta causa se procede a dar cumplimiento a lo resuelto por el titular de la Oficina", explicaron.
El TOF del juicio por obra pública está a cargo de Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso. Se fijó el inicio de los alegatos para el 11 de julio. En la causa se instruye contra la expresidenta, exfuncionarios del ministerio de Planificación de su gobierno y el empresario Lázaro Báez. En total son 12 personas.
El antecedente
En mayo de 2020, la Oficina Anticorrupción tomó la misma decisión: renunció a ser querellante en las causas Los Sauces y Hotesur, en donde estaban acusados la vicepresidenta y también sus hijos, Máximo y Florencia.
Un año después, noviembre de 2021, el Tribunal Oral decidió sobreseer a los imputados de la causa Hotesur. La decisión la tomaron los jueces Adrián Grünberg y Daniel Obligado. La jueza Adriana Palliotti votó en disidencia y sostuvo que el planteo debía ser rechazado.
Pero hace un mes, el fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal, Mario Villar, dictaminó para que se revoquen los sobreseimientos y se realice el juicio en la causa Hotesur contra la vice y sus hijos.
Villar fue designado por Mauricio Macri luego de un curioso cambio en la terna del concurso para el cargo, según reveló El Destape. Fue quien solicitó que se realice el juicio oral que fue anulado y se aparte a los dos magistrados que votaron en ese sentido. Las defensas y el Ministerio Público de la Defensa, por el contrario, reclamaron que se ratifique lo resuelto por el TOF. Ahora será la sala I del máximo tribunal penal del país la que deba tomar la decisión final. En esa sala hay una mayoría conformada por dos jueces también designados por Macri, Daniel Petrone y Diego Barroetaveña.
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