Si el problema existencial de la derecha argentina fuera la ansiedad política, sus dirigentes estarían todo el día repitiendo que lo mejor es lo que está por venir.
Serían infelices, como lo son ahora, pero por lo que todavía no sucedió.
Como su situación, en cambio, es de retorno obsesivo a ciertos hechos del pasado trágico, situación que les impide tomar parte de los debates del presente sin introducir en ellos una perspectiva funeraria o fantasmal, el problema sería más del orden de la depresión política.
Que los lleva a ser infelices, como lo son ahora, pero por lo que todavía no aceptan que pasó.
Se sabe que, después de la Corte del lawfare y del perro Balcarce, no hay nada más macrista en la Argentina que la Sala I de la Cámara Federal porteña, que integran Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens.
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Verdadero tridente ofensivo de Py, su tarea es garantizar buenas noticias judiciales para el ex presidente, misión principal a la que ahora se sumó el ejercicio de exhumar expedientes de los ’70 para ser utilizados en la ortopedia del relato macrista sobre aquellos años.
Años en los que una derecha genocida asaltó ilegítimamente el gobierno a través de un golpe militar y sembró el país de campos clandestinos de detención, tortura y exterminio. Como hicieron los nazis, pero acá. Fue cuando el Estado se hizo terrorista y todos fueron Eichman. Según los fallos, en esta historia hubo un solo demonio. Es cosa juzgada por tribunales comunes, civiles, democráticos, los previstos por la Constitución.
Sin embargo, Bruglia, Bertuzzi y Llorens le ordenaron a la jueza María Servini resucitar el expediente por un atentado de Montoneros contra el edificio de Coordinación Federal de la PFA de julio de 1976 y volvieron a alimentar así la melancolía de una derecha que no acepta que muchas veces fue imperdonablemente monstruosa contra sus propios compatriotas.
Y que por esa misma razón los delitos del Estado terrorista, creación de esa derecha, son de lesa humanidad e imprescriptibles, y que no ocurre lo mismo con los cometidos por organizaciones no estatales como las guerrilleras cuyos integrantes, además, fueron víctimas del genocidio. Algunos sobrevivieron para contarlo y otros no aparecieron nunca más.
Ahora que los negacionistas retornaron al Parlamento de la mano de Macri y de Milei, la operación de los camaristas abandona la clásica movida para reinstalar la “teoría de los dos demonios”, que iguala a las víctimas del genocidio con sus victimarios, para retomar la del “enemigo interno” de “la doctrina de la seguridad nacional” que se usó para el exterminio masivo de la población. Todo con el objetivo político de exculpar o reducir el repudio democrático a los genocidas, que ahora cuando piden el arresto domiciliario, consiguen jueces que se los concedan.
Porque debilitar la conciencia democrática a través de maniobras de este tipo es condición necesaria para volver a empoderar a los sectores que fueron derrotados por la movilización popular contra el 2x1que impulsó la Corte bonsái macrista hace unos años.
Parte de la operación en marcha presenta el atentado a Coordinación Federal como un ataque a un comedor policial, prescindiendo del rigor informativo que los contextos aportan a los hechos. Ocurrió en julio del ’76, cuatro meses después del golpe. El blanco elegido por la guerrilla peronista montonera fue el edificio de Moreno 1417 donde funcionaba la central de inteligencia del aparato de represión videlista, además un histórico centro de reclusión y tortura policial por donde pasaron cientos de militantes políticos de diverso origen ideológico en todas las dictaduras.
El Estado terrorista se cobró el ataque pocas semanas después. La Policía Federal Argentina sacó de las celdas de Moreno 1417 a 30 detenidos-desaparecidos, que en ese momento eran buscados por sus familiares, y los llevó a un descampado en Pilar, los fusiló y los dinamitó con la ayuda del Ejército Argentino. El caso se conoció como la Masacre de Fátima. Y aún está impune: solo dos policías fueron condenados por la matanza.
Decir esto es subsanar las omisiones y decir la verdad completa, sin justificar nada de lo ocurrido. Medio siglo después de los sucesos en cuestión, el crimen no es reivindicado como metodología válida para la disputa política por nadie.
Mucho menos el genocidio para ajustar cuentas, como se hizo antes desde los sótanos de la dictadura y ahora algunos pretenden continuar desde los sótanos de la democracia reflotando una doctrina que Videla, Camps y Etchecolatz usaron para tratar de justificar lo injustificable, e imperdonable.
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