De Sousa desligó al Gobierno de la resolución de la Corte y confía en un fallo favorable de Casación

Uno de los dueños del Grupo Indalo y Oil Combustibles, Fabián de Sousa, habló luego del sorpresivo fallo que la Corte Suprema emitió este martes y pidió a Casación que revise la decisión con la que absolvió a los empresarios De Sousa y Cristóbal López en 2021. 

De Sousa desligó al Gobierno de la resolución de la Corte y confía en un fallo favorable de Casación. "Tenemos la tranquilidad absoluta en que se va a demostrar nuestra inocencia", aseguró en una rueda de prensa con periodistas que se llevó a cabo en un hotel en el barrio porteño de Palermo. 

El empresario se encontraba junto a su abogado, Carlos Beraldi. Entre ambos dieron definiciones jurídicas sobre la causa, en la que López y Sousa fueron llevados a juicio y absueltos en 2021. Ese mismo fallo fue ratificado por la Casación en diciembre de 2023. Pero ahora el máximo tribunal pidió revisarlo. 

Uno de los dueños del Grupo Indalo, que también es titular de C5N, Radio 10 y Pop entre otros medios, afirmó: "Los jueces son jueces, en todo este proceso me encontré con eso. Más allá si le decimos K, M ó P, por su simpatía política o dónde juegan a la pelota, me han demostrado en su ejercicio responsabilidad y cada uno han resuelto a la realidad de lo que ha pasado". 

Fue una de las declaraciones donde De Sousa eligió hacer foco en la política. Desligó al Gobierno de cualquier intromisión ante la Justicia y ante este fallo. Dijo que no cree que se vaya a inaugurar un nuevo período de persecución judicial como el que vivió la Argentina durante la administración de Mauricio Macri.

"No hay ninguna persecución contra nosotros, existió durante un período, pero no están dadas las condiciones ni la voluntad política. Todos hemos aprendido, hoy ante un fallo adverso estamos dando la cara y planteando nuestra posición ante la sociedad. En aquel momento creímos que no había que explicarla a la sociedad, el aprendizaje hace que hoy estemos acá”, aseguró De Sousa.

Asimismo, expresó: "Nosotros no somos un medio opositor, reflejamos la realidad desde un prisma que en Argentina había una cantidad de medios con una visión monolítica y había una visión de la sociedad que no estaba representada. No somos opositores al Gobierno. Somos empresarios. Y como medios de comunicación interpretamos una visión de qué país queremos. Y lo hacemos con quien sea que esté en el Gobierno. Sea Javier Milei, Alberto Fernández, Mauricio Macri o sea Cristina Kirchner".

De Sousa estuvo dos años preso luego de una causa que se abrió en 2016 donde la AFIP macrista denunció que hubo defraudación penal por pagar impuestos en cuotas. Se trataba de 5600 millones de pesos. Por el hecho fue condenado Ricardo Echegaray, ex titular de la AFIP durante el kirchnerismo. En marzo de este año, el procurador General de la Nación puesto por Macri, Eduardo Casal, había emitido un duro dictamen en el que pedía revocar esas absoluciones. En solo dos meses, la Corte resolvió.

De Sousa explicó que el fallo “está ajustado a derecho y la Corte responde a la duda de la Procuración de si se dio una respuesta completa o no. Atravesamos un proceso con interferencias de distintos poderes del Estado, pero hoy no veo que haya esa interferencia". Y agregó: “La Corte tiene la necesidad de validar la presentación del recurso extraordinario para, con todos los elementos de prueba, tener mayores elementos”. Beraldi, a su lado, dijo que evidentemente hubo "celeridad" de parte del máximo tribunal. 

Ahora, López y De Sousa quedaron en manos de Casación, que no tiene plazos para definir. El empresario dijo que "es falso que se revirtió la absolución". Aclaró que "lo que le dicen al juez de Casación es que no se ha contestado de manera eficiente los agravios que presentó el Ministerio Público Fiscal, por lo que vuelve para que se haga una nueva sentencia", explicó el empresario. Y cerró: "Nosotros seguimos absueltos".

La causa

El 16 de diciembre de 2021, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3 de la Capital Federal condenó a Echegaray a 4 años y ocho meses de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer la función pública, por considerarlo autor del delito de administración fraudulenta, agravado por haber sido cometido en perjuicio de la administración pública.

En esa causa, se juzgó el otorgamiento de planes de regularización de deudas impositivas por falta de pago oportuno de las liquidaciones correspondientes al impuesto a los combustibles líquidos (ICL). En la acusación se sostuvo que los empresarios, contando con la anuencia de AFIP, financiaron la expansión de su grupo económico mediante préstamos "intercompany" por montos equivalentes al dinero que dejaban de abonar al fisco en concepto de ICL, cuyo pago diferían sistemáticamente gracias a los planes de regularización concedidos por el funcionario competente.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3 de la Capital Federal, sin embargo, sostuvo que la parte acusadora no había probado más allá de toda duda razonable que la intervención de De Sousa y López fuera otra cosa más que el "mero hecho de peticionar planes de facilidades de pago" y, en consecuencia, los absolvió.