El gobierno de Alberto Fernández, a través de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación que conduce Horacio Pietragalla, se sumó al repudio por el avance de la persecución judicial contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. "Deja en evidencia que el lawfare en nuestro país está más vivo que nunca", afirmaron.
En un comunicado oficial destacaron que la "guerra jurídica" constituye una práctica que condiciona los procesos electorales y "avasalla derechos fundamentales de las víctimas directas", en este caso de la expresidenta, al desconocer sus garantías fundamentales del Estado de Derecho. "Se desconocen garantías básicas del debido proceso como la presunción de inocencia, el derecho de defensa y el principio de objetividad que debe guiar la actuación del Ministerio Público Fiscal", argumentan. "La Secretaría de Derechos Humanos tiene la responsabilidad de investigar, analizar y dar a conocer los actos en los cuales las autoridades estatales pueden ser responsables de vulnerar derechos. La práctica del lawfare, impulsada por sectores del Poder Judicial, la oposición política y sectores concentrados del poder económico y mediático es un claro ejemplo en ese sentido", advierte en un comunicado.
"El lawfare es una práctica violatoria de derechos humanos, en primer lugar, en tanto avasalla derechos fundamentales de las víctimas directas que son objeto de su accionar", señaló el comunicado y agregó que esta práctica también "habilita el diseño e implementación de políticas públicas con un claro sesgo regresivo en materia de derechos humanos".
Asimismo, hizo un llamamiento "a favor de la independencia judicial y la democracia" y lamentó "profundamente que esta situación esté siendo avalada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación que, como máxima autoridad de un poder del Estado, debería intervenir para restablecer la legitimidad del servicio de Justicia".
La Secretaría aseveró que mantendrán el diálogo con organismos internacionales "para que realicen un escrutinio exhaustivo sobre estos procesos judiciales irregulares". Al retomar esta mañana su alegato en el juicio que se sigue a la vicepresidenta Fernández de Kirchner y otros doce imputados, el fiscal federal Diego Luciani sostuvo que en la provincia de Santa Cruz hubo un "direccionamiento grosero inadmisible" a favor de empresas de Lázaro Báez en la adjudicación de obra pública vial nacional entre 2003 y 2015.
El Frente de Todos, unido por CFK
Funcionarios del Gobierno nacional y referentes del Frente de Todos, entre ellos el jefe de Gabinete, Juan Manzur, coincidieron hoy en señalar que el juicio por el presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz, cuya segunda jornada de exposición del alegato de la fiscalía se desarrollaba hoy y que tiene a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner como una de las acusadas, constituye una "persecución judicial" y "la expresión más grotesca de 'lawfare'".
Al retomar esta mañana su alegato en el juicio que se sigue a la vicepresidenta y otros doce imputados, el fiscal federal Diego Luciani sostuvo que en la provincia de Santa Cruz hubo un "direccionamiento grosero inadmisible" a favor de empresas de Lázaro Báez en la adjudicación de obra pública vial nacional entre 2003 y 2015.
Mientras tanto, a través de la etiqueta #TodosConCristina, ministros del gabinete nacional y referentes de la coalición oficialista del Frente de Todos se expresaron a través de Twitter en respaldo de la Vicepresidenta.
Por su parte, el jefe de Gabinete, Juan Manzur, sostuvo que cree "en la inocencia de Cristina y esto va a quedar demostrado". "El alegato es una instancia de la cuestión judicial. Creo en la inocencia de Cristina y esto va a quedar demostrado", señaló el ministro coordinador esta mañana en declaraciones a la prensa al ingresar en Casa de Gobierno.
A su turno, el titular de la cartera de Obra Pública, Gabriel Katopodis, publicó en su cuenta de Twitter: "La Argentina necesita una Justicia independiente, transparente, ágil y cercana a la gente. Cristina Kirchner es víctima, justamente, de todo lo contrario. Es imperioso para nuestro sistema democrático que esa justicia no funcione como un Partido Judicial".
En tanto, el ministro de Defensa, Jorge Taiana, sostuvo que existe "otra vez una embestida judicial y mediática contra Cristina Kirchner. La persecución como instrumento para hacer política daña a la democracia y al Estado de derecho", apuntó.
También el secretario de Energía, Darío Martínez, aseveró que "lo que está ocurriendo con Cristina Kirchner es ejemplo de una justicia que se utiliza como instrumento político. Nuestra democracia exige una justicia independiente y transparente, que no se comporte como un partido judicial", argumentó.
Asimismo el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y sus ministros manifestaron su repudio contra "el lawfare y la persecución" a la vicepresidenta y manifestaron a través de redes sociales su apoyo hacia la exmandataria. "Contra el lawfare y la persecución a Cristina Fernández de Kirchner", expresó Kicillof en su cuenta de Twitter.
En declaraciones radiales, el senador nacional Oscar Parrilli dijo que el juicio contra la Vicepresidenta es "una fenomenal puesta en escena", y fustigó: "Más que un fiscal, Luciani parecía un columnista de TN y La Nación+" y añadió: "Usaba hasta las mismas palabras que usan estos medios".
El juicio se realiza de manera semipresencial, con los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu conectados desde una sala de audiencias de Comodoro Py 2002 y el resto de las partes de manera remota.
Un problema con la conexión a Internet en los tribunales del barrio porteño de Retiro obligó a disponer un cuarto intermedio y a un cambio de sala por parte del Tribunal, que pudo retomar la audiencia después de un corte de media hora. Además de la Vicepresidenta son juzgados Báez, el exministro de Planificación Federal Julio de Vido y exfuncionarios del área como Julio López y Carlos Kirchner, entre otros.
Cerrar sesión