Otro testimonio y otra causa contra Cristina Fernández de Kirchner que se desmorona. El de hoy fue el caso de Raúl Enrique Rigo, un hombre de carrera del Ministerio de Economía, que atravesó las gestiones de Eduardo Duhalde, Néstor Kirchner, la propia CFK y Mauricio Macri como Subsecretario de Presupuesto. Y la causa es por la obra pública en Santa Cruz, armada desde la Dirección de Vialidad, una de las tantas que armó el macrismo.
El de Rigo se trata de un testimonio importante ya que es uno de los principales expertos en materia de presupuesto público del país y explicó cómo lejos de existir beneficios de obra pública en Santa Cruz y para Lázaro Báez todas las inversiones fueron auditadas, figuraron en los presupuestos que analizó, aprobó y auditó el Congreso, que no hubo ningún decreto específico sobre esas obras y que nadie verificó ninguna irregularidad. Es decir, que toda la acusación de que se direccionaron obras y pagos hacia esa provincia y proveedor se cae. Y muestra que lejos de ser decisiones de CFK, las obras las autorizó el Congreso.
El 21 de mayo de 2019, cuando comenzó el juicio oral por esta causa, CFK publicó un hilo de Twitter que cerraba así: “Las ‘pruebas’ por las que fui acusada son las leyes nacionales de presupuesto aprobadas por ambas cámaras del Congreso de la Nación, los DNU de ajustes presupuestarios de toda la Administración Pública Nacional y las Decisiones Administrativas dictadas por los Jefes de Gabinete”. Hoy el testimonio de Rigo lo confirmó.
Rigo habló casi 3 horas, en las que contestó las preguntas del tribunal que conforman los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrígo Giménez Uriburu, del fiscal Diego Luciani, de la Oficina Anticorrupción, de la Unidad de Información Financiera (UIF) y de las defensas de los acusados.
Según pudo reconstruir El Destape, Rigo declaró que todas las obras que son parte del juicio fueron informadas al Congreso en las leyes de presupuesto de cada año, que las Cámaras de Diputados y de Senadores las analizaron y aprobaron, que los gobiernos de Kirchner y CFK enviaron también al parlamento las cuentas de inversión (que indican como se ejecutó el presupuesto) con el detalle de cada una de las partidas asignadas a obra pública y que estas fueron revisadas por la Auditoría General de la Nación (AGN) y aprobadas de nuevo por el Congreso. Rigo enfatizó en este punto, ya que la aprobación de la cuenta de inversión es la forma de verificar si se desviaron o no fondos del presupuesto.
Otro de los puntos que subrayó Rigo fue que en ninguno de los decretos de reasignación de partidas presupuestarias hubo alguna mención específica a las obras de Santa Cruz y Báez, sino que eran todos de carácter general. Y reafirmó que no hubo preferencias hacia Santa Cruz en las transferencias de recursos a distintas provincias.
Para el armado de esta causa, el gobierno de Macri armó una oficina especial dentro de la Dirección Nacional de Vialidad, manejada por Javier Iguacel, que en lugar de auditar toda la obra pública se limitó a armar un expediente sobre las obras realizadas en Santa Cruz y adjudicadas a Lázaro Báez y aún así no encontraron irregularidades ni sobreprecios. Tal fue el direccionamiento que este juicio solo se ocupa de 43 obras en Santa Cruz adjudicadas a Báez y nada de las 903 obras que hubo en todo el país entre 2003 y 2015 y que la propia CFK pidió que se auditaran. No era el objetivo auditar la obra pública sino sentarla en el banquillo de acusada en Comodoro Py.
La instrucción de esta causa estuvo en manos del juez Julián Ercolini y los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques. Ésta último tiene un apellido ahora más conocido: es el hermano de Juan Bautista Mahiques, el brazo ejecutor de la persecución judicial desatada por Macri, que lo premió con una designación como juez en Mercedes que el presidente Alberto Fernández frenó apenas asumió. A Juan Bautista hoy lo cobija Horacio Rodríguez Larreta como jefe de los fiscales porteños.
La propia CFK explicó que esta causa “se trata de una denuncia efectuada por el gobierno de Mauricio Macri sobre obras públicas viales llevadas a cabo enteramente en la provincia de Santa Cruz”, que “no se trata de una denuncia original sino de un refrito de denuncias desde el año 2008, armadas por diputados de la Coalición Civica, en las cuales Comodoro Py se declaró incompetente en el año 2011 y la justicia de Santa Cruz las sobreseyó por inexistencia de delito” y que “jamás tomé intervención alguna en los expedientes administrativos que se realizaron por cada una de estas obras. Entre la Presidencia de la Nación y las obras denunciadas existen doce instancias administrativas de carácter nacional y provincial”.
Cerrar sesión