El presidente, Alberto Fernández, compartió su preocupación ante la situación judicial y mediática que atraviesa el expresidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva tras considerar que "pretende reiniciarse la persecución" al líder del PT luego de que la Justicia brasileña haya anulado las condenas, operadas por los medios de comunicación y la derecha, en su contra. A la vez, invitó a no ceder “por presiones mediáticas y políticas” en la definición que tomó el Supremo Tribunal Federal brasileño.
Recientemente, el Tribunal Superior Federal de Brasil resolvió anular todas las condenas y procesos que pesaban sobre Lula Da Silva, al demostrarse que el ex juez y luego ministro de Justicia Sergio Moro había sido parcial a la hora de llevar adelante la investigación por la cual lo condenó y apresó en 2018, a meses de las elecciones presidenciales de aquel país que dejaron en el poder al ultraderechista Jair Bolsonaro. "En estos días, vemos con preocupación que pretende reiniciarse la persecución a @LulaOficial utilizando las mismas malas prácticas que ya antes fueron usadas" advirtió a través de su cuenta de Twitter.
En un mensaje en redes sociales, el Presidente observó que "el STF de Brasil dispuso días atrás anular los juicios que habían determinado la condena de Lula da Silva apartando al juez y a los fiscales que intervinieron en el caso. La decisión tuvo singular relevancia porque dejó en evidencia el accionar de distintos factores de poder (políticos y mediáticos) que condicionaron la administración de Justicia para restarle a un ciudadano la posibilidad competir electoralmente".
Fernández aprovechó el hilo para resaltar la importancia de la figura del líder del Partido de los Trabajadores y lo definió como "un líder democrático no solo para Brasil si no también para todo el continente Latinoamericano" al tiempo que apuntó contra "la persecución que lo encarceló y condenó indebidamente representa una mácula que Brasil no merece y que el STF ha comenzado a limpiar".
En esta línea, retomó su advertencia y concluyó que "dar marcha atrás en la decisión tomada por el STF por presiones mediáticas y políticas significaría un retroceso institucional para Brasil y un daño incalculable para quienes reivindicamos el Estado de Derecho como base de sustento de la democracia".
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