La Corte Suprema declaró abstracto un planteo del ex senador Ruperto Godoy por su desplazamiento del Consejo de la Magistratura a mediados de 2017 bajo la excusa de que no era abogado.
El caso podría parecer menor pero dista de serlo. Mauricio Macri logró que un juez amigo corriera al entonces senador Godoy del órgano que designa y remueve jueces con un argumento (ser abogado) que ni la Constitución, ni la ley ni la propia Corte exigen, coordinó con el entonces presidente del máximo tribunal Ricardo Lorenzetti que demore la jura de su reemplazante y en el interín, con una mayoría circunstancial, logró iniciarle un jury al camarista Eduardo Freiler, único juez en la historia que se atrevió a pedir una indagatoria para Héctor Magnetto y que con su salida le dejó al ex Presidente otro lugar clave para ocupar en Comodoro Py. Ahora, con el pretexto de que Godoy ya no es senador, la Corte dice que aquí no pasó nada.
El caso fue así. En 2017 Macri necesitaba números en el Consejo de la Magistratura. Ya se había apropiado de una banca que no le pertenecía, el lugar que ocupaba Anabel Fernández Sagasti cuando era diputada al que renunció para asumir como senadora. La sucesión le correspondía a Marcos Cleri, diputado del Frente para la Victoria, pero a través de un ardid administrativo en el Congreso hicieron que el interbloque Cambiemos figurara como la nueva primera minoría el lugar lo usurpó Pablo Tonelli. Pero querían más y fueron por el entonces senador Godoy. El truco fue decir que no era abogado y, por ende, no podría integrar ese órgano. Y fue justo Tonelli el que impulsó el tema dentro del Consejo.
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La denuncia contra Godoy la hizo Alejandro Fargosi, un abogado radical que trabajó en los grandes estudios de la city porteña y que integró el Consejo de la Magistratura entre 2011 y 2014 gracias a una alianza del radicalismo con el Colegio de Abogados de la calle Montevideo, ariete de los abogados del establishment e institución que fue sostén jurídico de los golpes de Estado. De hecho en esta causa fue patrocinado por Máximo Fonrouge, ex presidente del Colegio que fue parte de muchas operaciones judiciales del macrismo, entre ellas las presiones contra la ex Procuradora Alejandra Gils Carbó. O sea, la hizo un aliado de Cambiemos.
A fines de mayo de 2017 el gobierno de Macri obtuvo un fallo del juez Enrique Valerio Lavie Pico, el magistrado que supo habilitar a la cortesana Elena Highton de Nolasco para que se quede en su cargo pese a que cumplió los 75 años de límite que marca la Constitución, que suspendió las designaciones de fiscales realizadas por Gils Carbó, que jugó con el macrismo para neutralizar los reclamos judiciales contra los tarifazos y que unificó varios reclamos de la familia Macri contra el Estado por el caso Correo. Obtuvo a cambio que se desestime una denuncia en su contra iniciada por Elisa Carrió a partir de un fallo en el cuál beneficio nada menos que a Daniel “Tano” Angelici y su negocio con los bingos. En definitiva, un juez al servicio de Macri.
El juez Lavie Pico dijo que Godoy no podía integrar el Consejo de la Magistratura por no ser abogado y declaró inconstitucional la ley que regula ese organismo y que nada dice al respecto. La decisión del juez Lavie Pico fue incluso en contra de lo que resolvió la Corte Suprema el 18 de junio de 2013, cuando declaró la inconstitucionalidad de varios artículos de la ley 26.855 que reformó el Consejo de la Magistratura. La Corte anuló los artículos 2, 4, 18 y 30 de esa ley, que ampliaban el número de consejeros de 13 a 19 e incorporaba la elección popular de 6 de ellos. Pero no criticó del artículo 5, que estableció que los requisitos para ser miembro del Consejo de la Magistratura eran los mismo que para ser diputado. Según la Constitución, estos son tener 25 años y 4 de ciudadanía. Nada dice de ser abogado.
La Corte no opinó sobre el artículo 5 de la ley 26.588, pero el juez Lavie Pico si. Ese artículo modificaba la redacción previa del artículo 4 de la ley 24.937, ley que reglamenta el Consejo de la Magistratura. En su texto anterior, ese artículo ponía como requisito para ser consejero los mismos que para ser juez de la Corte Suprema, es decir, ser abogado con ocho años de ejercicio de la profesión, sumado a los requisitos para ser senador (30 años, 6 de ciudadano y el anacronismo nobiliario de “disfrutar de una renta anual de dos mil pesos fuertes o de una entrada equivalente”). Pero en 2013 se eliminaron esas restricciones y sólo quedó la de tener 25 años y 4 de ciudadanía. Nada de ser abogado. Por ende, Godoy podía integrar ese cuerpo sin problemas.
El juez Lavie Pico afirmó en su fallo que resolver este tema “exige remitirse a la voluntad originaria expresada en la Asamblea Constituyente” de 1994, que introdujo en la Constitución el Consejo de la Magistratura. El artículo 114 de la nueva Constitución estableció: “El Consejo será integrado periódicamente de modo que se procure el equilibrio entre la representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular, de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula federal. Será integrado, asimismo, por otras personas del ámbito académico y científico, en el número y la forma que indique la ley”. Nada de ser abogado.
El juez, sin embargo, hizo una curiosa interpretación de lo que supuestamente quisieron establecer los constituyentes pero no lo pusieron en el texto constitucional: “la exigencia de contar con el título de abogado se encuentra más en línea con el objetivo de la reforma y la intención del constituyente. Así, es preciso requerir que aún los Consejeros que actúan en representación de los órganos políticos posean ciertos estándares de conocimiento e idoneidad técnica en la ciencia jurídica, pues de lo contrario la finalidad de profesionalizar el proceso de selección de magistrados podría verse afectado”. O sea, juez Lavie Pico se basó en una supuesta intencionalidad de los constituyentes que no quedó plasmada en la Constitución.
“La interpretación de la Constitución Nacional debe ser respetuosa de su letra, atendiendo al sentido profundo de ésta”, escribió Lavie Pico, pero fue tan profundo que cambió lo que dice la Carta Magna. Y declaró inconstitucional la reforma que quitó el requisito de ser abogado para integrar el Consejo dela Magistratura.
Pero la original hermenéutica constitucional de Lavie Pico fue el primer paso de esta operación.
En el siguiente movimiento tuvo un rol clave Lorenzetti, por entonces presidente de la Corte, coordinado con Adriana Donato, por entonces presidenta del Consejo de la Magistratura.
El macrismo necesitaba dos tercios de los votos del Consejo para iniciarle un jury al juez Freiler y lograr apartarlo de la Cámara Federal. Donato convocó a una reunión del Consejo a las 10 de la mañana del 16 de agosto de 2017. El caso Freiler figuraba en la mitad del orden del día. Antes, a las 9, el senador Mario País tenía que jurar como reemplazante de Godoy. La jura era ante Lorenzetti. Los tiempos daban: el Palacio de Tribunales queda en frente del Consejo de la Magistratura. Pais podía jurar, cruzar la Plaza y sumarse a la sesión del Consejo. Pero pasaron cosas.
Lorenzetti demoró la jura de Pais, Donato invirtió el orden del día para que el caso Freiler se tratara primero y aprovechando una mayoría circunstancial de 8 consejeros sobre 12 el macrismo aprobó la suspensión de Freiler y el inicio del jury en su contra.
La excusa para sacar a Freiler de Comodoro Py fue una denuncia por enriquecimiento ilícito. Freiler fue sobreseído, reabrieron la causa y finalmente se cerró. O sea, no encontraron nada. Pero en el medio lo sacaron de la Cámara Federal.
Godoy apeló todas las decisiones que lo dejaron afuera del Consejo. En el interín terminó su mandato de senador y, con esa excusa, la Corte declaró abstracto su reclamo. El daño ya está hecho.
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