El gobernador de Mendoza Rodolfo Suarez brindó su tercer discurso ante la asamblea legislativa, que abrió el periodo de sesiones ordinarias en el parlamento provincial. En ese marco, el mandatario cuyano reclamó el tratamiento de un proyecto que presentó tiempo atrás: la reforma de la Constitución local.
Para avanzar con la propuesta, el dirigente radical requiere los dos tercios de los votos en ambas cámaras legislativas. Con la nueva composición en el recinto, al oficialista Frente Cambia Mendoza le faltan dos voluntades en el Senado y tres en Diputados para lograr los sufragios necesarios que habilitarían una discusión que diferentes gestiones intentaron dar a lo largo de las décadas, pero cuyo debate quedó siempre trunco.
Por tal motivo, Suarez llamó a la oposición –representada en el Frente de Todos, que por mandato partidario anticipó que no dará lugar- a “salir de la burbuja que producen los encantos dogmáticos” y acompañar la iniciativa que cuenta con algunos aspectos novedosos, y otros que ya fueron planteados en intentos de reforma.
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Unicameralidad
El texto enviado por el Ejecutivo mendocino impulsa una modificación destacable en la Legislatura, que pasaría de contar con dos cámaras (86 miembros) a una de 48 legisladores, bajo una lógica de representación poblacional y territorial, mediante la cual los 18 departamentos poseerán al menos una banca en el recinto.
Además, limita a una sola reelección todos los cargos electivos (ejecutivos, legislativos y municipales), a excepción del binomio gobernador y vice, que mantiene la restricción de un solo mandato que rige desde 1916.
Eliminación de la elección de medio término
“Votar cada dos años dificulta la gobernabilidad y genera mayores costos. Si quitamos las elecciones de medio término, habrá menos distracción y más trabajo”, sostuvo Suarez sobre una de las propuestas que despierta mayor polémica, ya que tradicionalmente los comicios a mitad de mandato son tomados como una devolución de la ciudadanía sobre el rumbo de la gestión. Dependiendo del resultado, el gobierno puede rectificar o ratificar el modelo.
Fuentes cercanas a Suarez indicaron a El Destape que más allá de las razones económicas, la finalidad de ese planteo es la reducción del “costo en términos institucionales”, en base a “que no se perderá ni un minuto en campañas o discusiones partidarias para definir candidaturas, por lo tanto la Legislatura dispondrá de cuatro años de labor ininterrumpida”.
Autonomía municipal
A diferencia de la mayoría de las provincias, y de la propia Constitución Nacional, la carta magna mendocina consagra una autonomía municipal semiplena, que impide –por ejemplo- la redacción a las comunas de sus propias cartas orgánicas.
El expediente que envió Suarez instituye tal régimen, “reglando su alcance y contenido en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero”. Asimismo, establece los principios rectores en materia de coparticipación municipal de impuestos, unificando criterios en el reparto de los fondos.
Sin déficit fiscal
Consagra el principio de equilibrio fiscal del sector público provincial y municipal como deber del Estado en todos sus niveles y derecho colectivo de la población a que “exista una adecuada relación entre los gastos corrientes y los recursos ordinarios”.
Ibáñez, el ministro de Gobierno, detalló que en el caso de que el gobierno de turno no pudiese garantizar ese balance, se impediría incrementar la planta de personal estatal, entre otras restricciones vinculadas al gasto, con el fin de evitar el déficit fiscal.
Otras modificaciones
Entre otras cuestiones, fija como edad máxima para el ejercicio de la magistratura los 70 años, suprime algunos de los impedimentos para acceder a un cargo legislativo (actualmente no está permitida –por ejemplo- la participación de personas con discapacidad), reconoce el derecho político al voto voluntario para jóvenes de 16 y 17 años, elimina la prohibición del sufragio a los miembros de la policía, y consagra la igualdad de oportunidades entre géneros en el ámbito público.
La postura opositora
Desde el Frente de Todos ratifican la postura adoptada tiempo atrás. Reclaman una mayor apertura al debate, no sólo con el resto de las fuerzas políticas, sino también con otros actores de la sociedad como las cámaras empresariales, organizaciones sociales y el sector académico.
“Tenemos un mandato partidario por unanimidad de no tratar esta reforma que mandó el Gobernador, por no abrir el diálogo. Es más una chicana política que una verdadera discusión”, dijo la presidenta del PJ, la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti.
En el mismo sentido se expresaron los jefes de bloque en ambas cámaras, Germán Gómez (Diputados) y Lucas Ilardo (Senadores). El primero anticipó que “si insisten con el proyecto que presentaron con anterioridad, que es un mamarracho, es una puerta cerrada”; en tanto que el segundo acusó a Suarez de “revolear los proyectos a la Legislatura” y no sustentarlos con la búsqueda de consensos.
Bajo ese escenario, difícilmente el radicalismo logre avanzar con la reforma, que además del peronismo despierta algunas dudas en ciertos aliados del Gobierno, como el PRO, cuyos dirigentes han puesto ciertos reparos sobre puntos específicos con los que no coinciden. En caso de aprobarse el proyecto de Suarez, se deberá llamar a un referéndum ciudadano que habilite la modificación de la Constitución , que será definida por el cuerpo de convencionales constituyentes que resultasen electos en una elección que se sumará a la próxima instancia legislativa.
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