Comodoro Py insiste en controlar el caso Lago Escondido y apuesta a dos jueces M

“No es mejor que la mande a Py?”, preguntaba Pablo Casey, sobrino de Héctor Magnetto y abogado del Grupo Clarín, en el presunto grupo del chat filtrado que compartía con jueces, fiscales, funcionarios porteños y un espía a los que invitó a pasear por Lago Escondido y donde coordinaban como encubrir ese viaje. Se refería a la causa iniciada en Bariloche a partir de la difusión pública del viaje.

Ayer, el juez federal subrogante de Bariloche Gustavo Villanueva rechazó enviar el caso a Comodoro Py, tal como reclama uno de los viajeros, el juez Pablo Yadarola. Hoy, desde Comodoro Py el camarista Eduardo Farah insistió en que el expediente vuele de la Patagonia a Retiro. La palabra final queda en manos de la Cámara de Casación, donde resolverán los jueces Juan Carlos Gemignani (que sigue en el cargo pese a las múltiples denuncias por violencia de género) y Mariano Borinsky, el asiduo visitante de Mauricio Macri en la quinta de Olivos mientras resolvía causas clave. En cada caso incómodo para los ejecutores del lawfare Casación se inclinó por mantenerlo bajo control en Comodoro Py. Todo indica que no será la excepción.

Vale recordar que los pasajeros del vuelo que fue de San Fernando a Bariloche el 13 de octubre del 2022 fueron:

• Jorge Rendo y Pablo Casey, presidente y abogado del Grupo Clarín respectivamente, que según se desprende de los chats financiaron el viaje, organizaron el grupo y aportan la pata mediática.
• El juez Julián Ercolini, que impulsó las causas Vialidad y Hotesur, representa a Comodoro Py e intervino además en causas vinculadas a Clarín como el caso Papel Prensa.
• Juan Bautista Mahiques, organizador del lawfare en la era Macri y actual nexo con Horacio Rodríguez Larreta, que en el grupo se encarga del direccionamiento de la causa judicial que involucra a todos los viajeros.
• Su padre el juez Carlos “Coco” Mahiques, retaguardia macrista en la clave Cámara de Casación que revisará las causas contra Cristina y que ya intervino en una causa vinculada a Lago Escondido.
• El juez penal económico Pablo Yadarola, de mucha influencia sobre la jueza María Eugenia Capuchetti, que por entonces ya tenía en sus manos la causa por el atentado contra la Vicepresidenta y es el que impulsa judicialmente que el caso se mude a Comodoro Py.
• Leonardo Bergroth, ex miembro de la SIDE vinculado a Antonio Stiuso.
• El publicista Tomás Reinke, especializado en campañas por redes sociales.
• El juez Pablo Cayssials, que en su momento anuló la adecuación de oficio de Clarín a la ley de Medios audiosivuales, fue clave para el apartamiento de la ex procuradora Alejandra Gils Carbó y, tal como reveló El Destape, manejaba 82 expedientes del grupo Clarín
• Marcelo D'Alessandro, por entonces ministro de Justicia y Seguridad porteño, otro vínculo de este viaje con Rodríguez Larreta que está hoy de licencia.

¿Quién es la punta de lanza para que el expediente vuele de Bariloche a Comodoro Py? El juez Pablo Yadarola, uno de los viajeros. Lo patrocina el estudio Cúneo Libarona, el mismo que defiende a la familia Caputo en el caso del financiamiento del violento grupo antik Revolución Federal. Y cuenta con el camarista federal Eduardo Farah, que tras ser eyectado de Comodoro Py por Macri volvió con el actual gobierno. Algunos se convencieron que comenzaría a actuar de acuerdo al Código Penal, pero las terminales de Farah son serviciales.

De la lectura de los supuestos chats para encubrir el viaje a Lago Escondido surge que una de las maniobras que evaluaban tenía que ver con el caso que se había iniciado por la denuncia del abogado Marcelo Hertzriken Velasco en Bariloche, a partir de la difusión pública del viaje se resolviera en Comodoro Py. “Queridos, estoy a lo que resuelvan Uds. son los que conocen mejor las leyes y los personajes”, agregó Jorge Rendo, presidente del Grupo Clarín, en los presuntos chats. En algunos audios el juez Julián Ercolini opinaba que lo mejor era que lo cerrara “la mina de allá”, por la jueza subrogante María Silvina Domínguez, con la que “había que hablar”.

La difusión pública del viaje y los supuestos chats para encubrirlo evidentemente hicieron que la estrategia cambiara. La fiscala María Cándida Etchepare, con la que el viajero y jefe de los fiscales porteños Juan Bautista Mahiques decía estar en contacto, comenzó a investigar y los huemules (como se llamaban entre ellos en los chats) parece que quieren la tranquilidad de los tribunales porteños, donde ya se cerraron 2 causas vinculadas a las filtraciones de los chats de uno de los viajantes, el ministro de Justicia y Seguridad porteño D'Alessandro.

El juez Sebastián Ramos rechazó en primera instancia plantearle al juzgado de Bariloche que le remitiera el expediente. Hasta febrero el juzgado de Bariloche era subrogado por María Silvina Domínguez, pero luego la reemplazó Gustavo Villanueva, que es juez federal de Neuquén. El viajero Yadarola apeló y el caso llegó a la Cámara Federal de Comodoro Py, donde el juez Eduardo Farah le concedió el pedido.

¿Cuál fue el argumento del camarista Farah para que el caso pase de Bariloche a Comodoro Py? Escribió que “Se sabe -sin debate o duda al respecto- que (i) todos los agentes públicos que se mencionaron ejercen sus funciones en el ámbito de esta ciudad; (ii) todos los asuntos que -se dijeron- conectados a los hechos, se sustanciaron o llevaron adelante en esta sede territorial; (iii) si, por hipótesis, existieron los alegados ofrecimientos y aceptaciones de traslados y alojamientos (etc.), los incumplimientos de obligaciones ligadas a los oficios de los involucrados, u otras variantes que se trajeron a colación, todo ello también habría sucedido aquí”. Agregó que “es notorio que las circunstancias que son dirimentes para la solución del tema tienen una nota en común: habrían acontecido en esta Ciudad de Buenos Aires” y que “a los fines de determinar la competencia territorial (únicos que se analizan en la presente) deviene insustancial cuál habría sido el destino previamente pactado y después concretado de aquellos servicios. Nótese, para reforzar el argumento, que podría haber correspondido a diferentes lugares, e incluso al exterior del país”.

Pero el argumento del camarista Farah tenía y tiene (ya que ahora lo repitió) muchos agujeros. Por un lado, de jurisprudencia. El ejemplo son las múltiples causas por delitos de lesa humanidad que hubo en juzgados federales de todo el país donde se juzgó a los genocidas que tenían sede oficial en la ciudad de Buenos Aires. De hecho, la primera condena que tuvo el dictador Jorge Rafael Videla luego del juicio a las Juntas (y la primera luego de ser indultado) fue en Córdoba en el 2010. Que el enjuiciado tenga su oficina de trabajo en CABA no implica que deba ser juzgado en Comodoro Py.

El camarista Farah plantea que si hubo negociaciones espurias entre los jueces, funcionarios, fiscales y empresarios que viajaron sucedieron en CABA. ¿Cómo sabe? Es, de hecho, otro de los argumentos que esgrimen los acusados en el supuesto chat, donde el directivo de Clarín Rendo dice: “Para confabular no hace falta ir hasta allá, si uno quisiera confabular, confabula en un bar de Buenos Aires”.

Por el otro, si el caso es por dádivas a partir del viaje en avión, el vuelo partió desde San Fernando, por lo que el delito se consumó cuando subieron a la aeronave. En ese caso le correspondería a los juzgados de San Isidro, no a Comodoro Py.

Villanueva, el juez de Bariloche, rechazó ayer enviar el caso a Comodoro Py. Según consignó Télam, el juez Villanueva alegó que en Bariloche hay más cercanía con las pruebas y Lago Escondido, que si el caso viaja a Comodoro Py se puede entorpecer la investigación e incluso contradijo a Farah en su argumento de que todos los involucrados ejercen funciones en CABA al señalar que otro de los viajeros, Carlos “Coco” Mahiques, integra la Cámara Federal de Casación Penal, que tiene sede en Comodoro Py pero competencia en todo el país.

Frente a este rechazo el camarista Farah repitió su planteo y mandó el caso a la Cámara Federal de Casación Penal, la instancia superior donde se resuelven este tipo de controversias. Tiene jurisdicción en todo el país pero, como dice el dicho, Dios está en todos lados pero atiende en Buenos Aires.

En la Cámara de Casación resolverán el caso los jueces Gemignani y Borinsky, integrantes de la Sala 3. Hasta hace unos días compartían Sala con Eduardo Riggi, pero tuvo que jubilarse porque cumplió 75 años. Gemignani tiene abiertas denuncias por violencia de género además de un currículum servicial con Juntos por el Cambio. Borinsky sigue inmutable en el cargo a pesar de que El Destape reveló que se reunió al menos 16 veces con Macri en la quinta de Olivos mientras ponía su firma en causas clave del lawfare.