Causa Lago Escondido: Comodoro Py bloquea una linea clave para la investigación

La familia judicial se autoprotege. Los camaristas Martín "Doctrina" Irurzun y Eduardo Farah bloquearon que se haga el entrecruzamiento y análisis de las llamadas de los viajantes a Lago Escondido invitados por el Grupo Clarín. Es una clara protección a sus colegas Pablo Yadarola, Carlos Mahiques, Pablo Cayssials y Julián Ercolini y a sus compañeros de viaje, el jefe de los fiscales porteños Juan Bautista Mahiques, el entonces ministro de Justicia y Seguridad de CABA Marcelo D’Alessandro, el publicista Tomás Reinke y el ex SIDE Leonardo Bergroth, todos invitados por el Presidente de Clarín Jorge Rendo y el abogado de la empresa Cablo Casey.

"Doctrina" Irurzun y Farah, miembros de la Sala II de la Cámara Federal de Comodoro Py resolvieron:

1. Impedir el entrecruzamiento de llamadas entre ellos y el análisis de sus contactos frecuentes desde que comenzaron a planificar el viaje hasta su regreso
2. Que la AFIP no sea querellante pese a que ya detectó que se fraguaron facturas para encubrir el viaje
3. Que Abogados por la Justicia Social (AJUS) no sea amicus curiae

El tercer juez de la Sala II de la Cámara Federal, Roberto Boico, votó en disidencia en todos los puntos. Si bien coincidió con Irurzun y Farah en que el entrecruzamiento de llamadas fue mal fundamentado cuando se pidió por primera vez, Boico argumentó que todavía no se hizo, que luego se hizo la fundamentación correcta y que se puede hacer sin problemas. Pero no sucederá: Irurzun y Farah impusieron su mayoría y protegieron a sus colegas. Boico también voto a favor de que la AFIP pueda ser querellante en el caso y, por ende, impulsar la causa y pedir medidas de prueba. También quedó en minoría. Lo mismo le pasó con el intento de AJUS de aportar información al expediente. Todo blindado.

El pedido de entrecruzamientos de llamadas lo pidió el juez de Bariloche Gustavo Villanueva el 12 de enero pasado, cuando aún tenía el expediente. A partir de entonces los viajeros cambiaron de estrategia y movieron sus influencias para el que caso se mudara de los lagos del sur a la ciénaga Retiro. “No es mejor que la mande a Py?”, preguntaba Casey, sobrino de Héctor Magnetto y abogado del Grupo Clarín, en el presunto grupo del chat filtrado. “Queridos, estoy a lo que resuelvan Uds. son los que conocen mejor las leyes y los personajes”, agregaba Rendo, presidente del Grupo Clarín, en los presuntos chats. Finalmente lo lograron, gracias al propio Farah y a los jueces de la Cámara de Casación Daniel Petrone y Diego Barroetaveña. Los resultados de la maniobra están a la vista.

El juez original de la causa, Villanueva, quería que la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJUDECO) hiciera un estudio de los interlocutores frecuentes y comunes de los viajeros, el entrecruzamiento de llamados entre ellos y sus geolocalizaciones entre el 1º de septiembre y el 15 de octubre de 2022. "No resulta a mi juicio irrazonable la fecha escogida para obtener los registros (1/9/2022), pues es sabido que un viaje desde Buenos Aires a esta ciudad, con la demanda que coloca a esta localidad como una de las más visitadas de toda la República Argentina, no pudo haberse decidido el mismo día del traslado, sino con suficiente antelación, máxime cuando los testimonios de los empleados de la firma 'Hidden Lake S.A.' -donde se alojaron los imputados- dan cuenta de esa fecha como aquella en la que inicialmente Casey se habría comunicado para organizar el evento. En conclusión, las medidas refieren a información necesaria para establecer cuál fue el objeto del viaje y quiénes lo organizaron", escribió el juez Villanueva.

El que se opuso fue el juez Yadarola, que es quien pone el nombre para la estrategia judicial del grupo. Y lo respaldaron los camaristas Irurzun y Farah, que votaron juntos como en los viejos tiempos. En pocas líneas dijeron que no estuvo justificado el pedido de entrecruzamiento de llamadas. "¿Si, en efecto, ya se conoce a dónde se viajó, con quién, por qué medios y ya se cuenta con la documentación referida a los pagos, qué novedad podía potencialmente aportar la diligencia, cuando a través de ella no puede acceder a contenidos de conversaciones? Esa es la pregunta que, frente al panorama descripto, debía hacerse y contestarse. Obviamente, en un contexto donde la defensa alega una 'excursión de pesca en exceso del objeto procesal', el tipo de actividad funcional que ejercían varios de los comprendidos en la diligencia, resulta un factor con incidencia en la discusión", argumentaron Irurzun y Farah. Pero el planteo es falso. En primer lugar, lo que sea familiar y personal debe borrarse, como marca la ley, algo que no se respeto cuando se intervinieron los celulares de allegados a CFK. En segundo lugar porque de ese entrecruzamiento puede surgir información relevante respecto a las relaciones entre los viajeros. Varios dijeron, por ejemplo, que se conocieron en el viaje. Si hubo llamados previos entre ellos mintieron. Por otro lado, pueden surgir más involucrados en el encubrimiento del viaje e incluso otros pasajeros.

En el caso del camarista Boico coincidió en que el juez Villanueva no fundó correctamente el pedido de análisis de las llamadas, pero dijo que como aún no se hicieron y el juez luego sí dio razones para hacerlo ahora sí se puede. "Por lo expuesto: 1) el decreto del 12 de enero de 2023, en lo que respecta a la justificación de la medida invasiva, al no haberse dado razones suficientes para su producción, es nula; 2) al no haberse llevado a cabo la medida que de inicio es nula, nada impide que ahora, con los elementos colectados hasta aquí, y fundamentalmente con los argumentos expuestos por el Sr. juez para avalar su medida, se la pueda llevar a cabo", planteó Boico en moniría.

Irurzun y Farah también frenaron el ingreso de la AFIP a la causa como querellante. Su rol es importante, ya que buena parte del expediente versa en torno al ocultamiento del viaje a través de la confección de facturas truchas que simularan que todos habían pagado una parte. Según la filtración de chats, el abogado de Clarín Casey, en medio de las tratativas para fraguar las facturas, les dice “Muchachos, más allá de todo lo que paguen, quiero decirles que yo me encargo de todo porque es mi responsabilidad”. Y el juez Yadarola le contesta: “Pablo, ni lo digas. Somos un grupo y fuiste más que generoso en la invitación”. En uno de los supuestos chats, el juez Ercolini dice: “Segundo tema, donde estuvimos difícil de explicar que todos juntos fuimos a otro lado. sin dejar cabos sueltos Por que el tema denunciable principal. ya estaría resuelto con las facturas”. Ercolini plantea que necesitan figurar pagando su estadía en Lago Escondido, y pide que le consulten a Nicolás Van Ditmar, el hombre en Argentina del magnate inglés Joe Lewis, que lleva la administración de sus negocios y de su estancia en Lago Escondido. Además de conseguir las facturas truchas para encubrir el viaje, el juez Ercolini estaba también preocupado y, según la filtración, escribió: “Si se consiguiera eso (las facturas truchas), sólo queda la idea de confabulación, que es la nada misma. Salvo que tengan más”.

Al solicitar ser querellante, la AFIP planteó que "las facturas emitidas podrían resultar apócrifas y/o ideológicamente falsas, emitidas con fines espurios o al solo efecto de encubrir los ilícitos investigados u otros que resulten conexos. Sin perjuicio de ello, también podría resultar del curso de la investigación, que su emisión surge a posterioridad y como efecto de la relevancia que posee la presente causa judicial, en cuyo caso podríamos estar ante dos contribuyentes que evaden impuestos por medio de la ocultación de sus ventas y/o que los documentos fueron adulterados y que estamos en presencia de una adulteración dolosa de los registros de esta AFIP”. Frente a esto, el juez Boico sostiene que "tal imputación podrá ser a la postre descartada o corroborada, pero lo dirimente a estos fines es que resulta concreta, basada en hechos específicos, vinculada a la que ya fue introducida previamente en el legajo por la fiscalía y, a priori, compatible con los presupuestos que, por ley, habilitan la actuación del órgano como querellante". Pero quedó de nuevo en minoría.

En el caso de AJUS, los jueces Irurzun y Farah rechazaron que sea amicus curiae ya que, según ellos, "no hay en la causa un debate sobre un tema específico en que se requiera la opinión –para pluralizar, enriquecer o fortalecer soluciones- de un ente o persona con reconocida trayectoria y solvencia sobre cuestiones de trascendencia institucional". ¿No es de trascendencia institucional que jueces y funcionarios viajen de paseo invitados por una de las principales empresas del país, que incluso tenía causas en los juzgados de sus invitados?

Boico quedó de nuevo en minoría. Dijo que "la naturaleza del caso y de sus involucrados permite observar, en torno a aquél, un interés que trasciende a las partes con una proyección cierta hacia el resto de la sociedad" y que tenía que aceptarse a AJUS como amicus curiae.