El gobierno nacional y las organizaciones populares coinciden en el diagnóstico: la crisis profundiza la desigualdad y la exclusión, a pesar de las medidas de emergencia que se impulsaron desde la llegada de la pandemia. La situación social está al límite, habrá un aumento de la pobreza, es notable la mayor demanda alimentaria, y la caída de la actividad económica limita las oportunidades para conseguir ingresos, mientras el desenlace de la crisis sanitaria es incierto.
Hay otra mirada compartida: la salida es con generación de trabajo, y uno de los caminos posibles es el estímulo y respaldo del Estado a la economía popular. Por lo bajo también reconocen que, tras cuatro años de macrismo y el duro golpe de la pandemia, la contención de la red comunitaria en los barrios es y será clave para evitar un desborde.
Este viernes, Alberto Fernández participó por videoconferencia de un acto organizado por la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y señaló que “venimos de una Argentina que ha desatendido a los más necesitados y los ha condenado a vivir casi a las márgenes de la sociedad".
El encuentro se realizó en la fecha de celebración de San Cayetano y de los cuatro años de la marcha histórica de 2016 que comenzó a construir la unidad entre las distintas organizaciones, que confluyeron a fines de 2019 en la creación de la UTEP.
Las organizaciones sociales fueron parte del sustento político que construyó el Frente de Todos para ganar las elecciones, y varios de sus dirigentes ocupan lugares importantes en el gobierno y el Congreso nacional. Tienen diálogo permanente con el presidente y sus ministros, impulsan desde adentro las demandas de los sectores populares y forman parte del diseño de los programas. Pero también advierten las dificultades y desafíos del lugar que ocupan al mismo tiempo en la calle y el Estado.
"Mi compromiso con ustedes es absoluto. Llegué al gobierno de la mano de ustedes y sé el compromiso que tengo con cada uno de ustedes", reconoció el presidente. Y destacó la puesta en marcha de diversas medidas como el plan Argentina contra el Hambre, la distribución de la Tarjeta Alimentar y la implementación del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).
Una demostración de esa realidad social en crisis son las casi 9 millones de personas -se anotaron 12 millones- que debieron ser auxiliadas con el IFE. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó este miércoles que el 61,7% de los beneficiarios son trabajadores informales o están desempleados. Datos del ministerio de Economía señalan que el 60% son menores de 34 años, y el 55% son mujeres.
Mientras definen los detalles y el momento oportuno del anuncio, que podría ser esta semana si no vuelve a postergarse, entre las 60 medidas que anticipó el presidente para enfrentar la crisis habrá algunas destinadas a la economía popular. "En los tiempos que se vienen deben tener un lugar en la Argentina. Tiene que haber un capítulo de la economía popular", dijo Fernández.
En esa línea ya está en marcha el programa Potenciar Trabajo, que vincula los programas Hacemos Futuro y Salario Social Complementario, fusiona los recursos del Estado con contraprestación laboral, finalización de estudios, y un impulso a emprendimientos productivos de sectores como la construcción, textiles, producción de alimentos, economía del cuidado y reciclado.
Dentro de ese marco, esta semana el gobierno nacional realizó dos anuncios. El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, presentó el programa "Obras + Trabajo", destinado a realizar obras en los barrios populares de todo el país. Apunta a la inclusión de más de 40 mil trabajadores y una inversión inicial de 2.000 millones de pesos, en articulación con las provincias, los municipios, las organizaciones sociales y las iglesias.
Tiene tres componentes centrales. Uno vinculado con la refacción de espacios comunitarios, comedores, merenderos y clubes de barrio que fueron clave para enfrentar la pandemia. El objetivo planteado es refaccionar más de 1000 comedores en todo el país, y unos 250 de clubes de barrio. El segundo eje está vinculado con los espacios de la economía popular, tanto polos productivos como almacenes y mercados. Y el tercer eje está relacionado con el hábitat, la urbanización y la mejora de los barrios, villas y asentamientos.
Además, el mismo día, lanzaron el programa Potenciar Acompañamiento para jóvenes que atraviesan la salida de su tratamiento de adicciones y consumo problemático de drogas. Apunta a crear condiciones para la inserción laboral, finalizar estudios y un respaldo económico de 8.500 pesos mensuales. Estuvieron presentes el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, el ministro Arroyo, el secretario de Economía Social y referente del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, y Juan Grabois, entre otros.
En el gobierno apuntan que ese plan de salida con generación de trabajo genuino deberá dirigir con eficacia los escasos recursos propios para estimular la actividad económica y el consumo, con eje en la obra pública. Aunque nadie lo descartó oficialmente, la idea de un salario universal o renta básica ya no está -si es que alguna vez estuvo- entre las alternativas para amortiguar el impacto de la crisis.
Emilio Pérsico, secretario de Economía Social, dijo que “la renta básica y todas esas pelotudeces que se dicen, en realidad terminan desordenando a la sociedad”. Destacó que la Argentina tiene un sistema de cobertura y prevención social importante, pero advierte que aumentó la brecha de la desigualdad. “El sistema viene sembrando pobres en los barrios y nosotros queremos transformar trabajadores. Es muy importante recuperar la dignidad como trabajadores”, dijo en declaraciones a FM La Patriada.
El secretario general de la UTEP, Esteban “Gringo” Castro, en diálogo con El Destape, marca que el trabajo es el eje vertebrador que siempre plantearon, y con el que apuntan a ordenar la poscuarentena. Calcula que 5 millones de personas trabajan en el mundo de la economía popular, con mayor o menor formalidad. Está en proceso el Registro Nacional de la Economía Popular (Renatep) que instrumentó el gobierno nacional.
Castro descarta similitudes con la crisis económica y social de principios de siglo. "Ahora es terrible, pero no es como el 2001. Hay otro tejido social, otro nivel de organización y articulación barrial, donde tiene mucho que ver el trabajo de las compañeras, del feminismo popular o comunitario”.
El referente social advierte que “van a quedar condiciones muy difíciles pero hay muy buena articulación con el gobierno, por parte de Alberto y de Cristina", y destaca que "hay mucha predisposición y diálogo, hay más escucha, para nosotros eso es importante".
Cristina Kirchner también reconoce el trabajo de las organizaciones populares. A fines de julio mantuvo dos reuniones en las que recibió a dirigentes del movimiento Barrios de Pie, y también estuvo con tres mujeres del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), la agrupación que tiene entre sus referentes a Juan Grabois. La vicepresidenta las escuchó, le acercaron propuestas, y destacó el trabajo esencial que realizan los movimientos sociales, en particular las mujeres, en los barrios.
Unos días antes, Alberto Fernández se reunió con los referentes del Movimiento Evita para compartir un homenaje a Eva Perón. Ahí reafirmó el “compromiso” del gobierno nacional “con los que menos tienen” y volvió a remarcar que "cuando vemos la desigualdad no podemos estar en paz con nuestra conciencia".
La preocupación del gobierno y los referentes sociales no es sólo económica. Advierten que en la salida de la cuarentena podría haber un aumento del delito en los barrios populares. Ya se realizó un despliegue de fuerzas federales en el conurbano bonaerense, a pedido de los propios intendentes, que se implementó luego algunas diferencias públicas entre Frederic y Berni.
Desde el ministerio de Seguridad destacan la coordinación de acciones con los referentes sociales. Este sábado, la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, se reunió con Juan Grabois, y de manera permanente los funcionarios del ministerio mantienen conversaciones con todas las organizaciones y las iglesias para establecer mecanismos de resolución alternativa de conflictos en los barrios, en un contexto de reiterados casos de violencia policial.
“Para este ministerio el ejercicio del control y la prevención de la violencia institucional constituye un eslabón fundamental en la construcción de un modelo de seguridad democrático y consecuentemente de una sociedad más justa y segura”, señaló Frederic este viernes ante el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados.
Santiago Cafiero dijo esta semana en El Destape Radio que “la desigualdad siempre puede generar delito” ante las “complicaciones económicas” que dejará la pandemia, pero eso “no necesariamente debe generar un aumento en la delincuencia. Nosotros no pensamos que la situación socioeconómica debe convertirse en un sujeto de sospecha”.
El funcionario y dirigente social Emilio Pérsico analizó este viernes que “el delito callejero es producto de la gran diferencia social de la que vamos a salir de la pandemia” y que la solución no es combatir al delito con represión sino con políticas para “que los pibes tengan trabajo”.
Mientras el Estado asiste en la emergencia a 9 millones de personas con el IFE y alimenta a 11 millones en comedores de todo el país, la Argentina se encamina a tener a la mitad de su población por debajo de la línea de pobreza. El porcentaje de niños y niñas pobres alcanzaría en diciembre el 62,9%, según la nueva estimación de la pobreza infantil en la Argentina que elaboró UNICEF Argentina.
Nadie en el gobierno ni en las organizaciones sociales asegura que la salida vaya a ser fácil ni rápida, la discusión es sobre los recursos y tiempos de gestión para evitar el desborde. Las necesidades son urgentes para millones de personas que con cada crisis caen más rápido de lo que tardan en levantarse.
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