En la provincia de La Rioja, los empleados de los Programas de Empleo Municipal (PEM) denunciaron a la intendenta de la capital perteneciente a Juntos por el Cambio, Inés Brizuela y Doria, y transformaron la problemática en el principal centro de la agenda política en medio del contexto electoral. Durante los días previos a los comicios, la mandataria pasó a planta a más de 1.000 trabajadores precarizados -a quienes el municipio les depositó los haberes del primer mes como empleados permanentes del Estado- pero luego llegaron los problemas.
Al parecer, las autoridades comunales no hicieron las previsiones presupuestarios para cubrir dicho gasto de manera sostenida y por eso, los trabajadores se quedaron sin cobrar el segundo mes. Al mismo tiempo dejaron de percibir otros beneficios que brinda el propio Estado como la AUH y la Tarjeta Alimentar. No percibieron ni sus haberes ni como planta ni como precarizados y además perdieron todos los beneficios sociales.
Ante la falta de respuesta de la intendenta macrista, decidieron iniciar acciones legales contra ella. Entre las denuncias aparecen: abuso a la autoridad y violación de los deberes de funcionario público, previstos en los artículos 209 y 248 del Código Penal. "Las designaciones terminaron ocasionándonos más perjuicios de los esperados basados en su accionar malicioso, temerario e irresponsable por realizar los pases de manera irregular, sin contar con los fondos correspondientes para afrontar los gastos provenientes de los sueldos", señalaron.
Por otro lado, los empleados de los PEM destacan que los pases a planta previo a las elecciones legislativas van en contra de la ley presupuestaria del municipio y que la falta de pago de salario, causó "lesiones a los derechos subjetivos que administra como intendenta de Capital y que en este caso se trata del derecho de los trabajadores a recibir un sueldo digno". El Tribunal de Cuentas Municipal buscó realizar una auditoría sobre las designaciones, para supervisarlas, a pesar de que Brizuela y Doria se negó a brindar información pública, agrediendo a funcionarios y vocales.
Quien también está bajo la lupa es el viceintedente de la capital, también de la oposición, Guillermo Galván, en la causa por "privación ilegal de la libertad personal" donde se investigan los daños producidos en la residencia del gobierno que lidera actualmente Ricardo Quintela. Allí, el pasado 8 de noviembre, fueron quemados accesos y limitada la circulación de trabajadores y trabajadoras del lugar durante una manifestación de un grupo militante de la intendenta. Hubo agresiones, alcohol y violentos atacaron con piedras, botellas y fuego.
Se puso en marcha el Operativo de Emergencia Pública Sanitaria
A través de sus redes sociales, el gobernador Ricardo Quintela manifestó: "Quiero comunicar que decidí declarar la Emergencia Pública en materia sanitaria y ambiental para la Capital que nos permitirá proteger a la ciudadanía y actuar inmediatamente ante la situación de contaminación e insalubridad que se genera por la falta de recolección de residuos". Y añadió: "Los basurales a cielo abierto que se formaron y la basura quemada traen consecuencias nocivas para la gente. No queremos perjudicar a las y los trabajadores municipales que reclaman, pero es necesario actuar pronto en tanto las autoridades municipales resuelvan su situación" por lo que el Gobierno decidió limpiarlos.
Luego de la emergencia decretada por el gobernador de la provincia, un total de 500 personas participaron del operativo entre ellas 130 fueron voluntarios municipales y 370 voluntarios del Comité Operativo de Emergencia (COE), quienes se realizaron la recolección de 750 toneladas de residuos sólidos urbanos en lo que hace a recolección domiciliaria, de microbasurales y acumulación de basura en la vía pública. Además hicieron desinfección con hipoclorito, fumigaciones con termo nieblas en focos infecciosos. Finalmente se informó que este operativo durará 48 horas.
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