Escándalo en La Rioja: intendenta macrista empleó personas a las que no les puede pagar

Se trata de Inés Brizuela Y Doria, quien empleó trabajadores sin acordar los recursos con el gobierno provincial. Como si no fuera suficiente, acusa a Ricardo Quintela de su propio error.

03 de noviembre, 2021 | 14.01

La intendenta de La Rioja, Inés Brizuela Y Doria, nombró empleados en pleno proceso electoral y ahora no puede pagarles el sueldo. Tras una serie de movilizaciones de los trabajadores, la intendenta responsabiliza al gobernador provincial, Ricardo Quintela tanto por el pago de los sueldos como de las respuestas de los empleados que intentaron ingresar al municipio.

Inés Brizuela Y Doria quiso dar vuelta el resultado de las PASO en las que el Frente de Todos superó por más de 18 puntos a Juntos por el Cambio, y otorgó 2.500 puestos de trabajo en el marco de los Programas de Emergencia Laboral (PEM). Al cumplirse el mes, los trabajadores ingresaron en la municipalidad tras no cobrar el sueldo por el que fueron designados.

El conflicto comenzó con el nombramiento de los empleados, violando una ley del año 2015 que impide a los municipios designar personal de planta sin antes consensuar con el gobierno provincial los recursos para pagar sus sueldos. 

Según trascendió, el 21 de octubre la jefa comunal intentó desviar la responsabilidad al gobernador Ricardo Quintela al movilizar en vehículos oficiales a trabajadores del municipio, quienes acercaban un petitorio para que el mandatario se haga cargo del pago de sueldos.

Este martes, otros empleados se acercaron al palacio municipal en contra de la propia Brizuela Y Doria quien, nuevamente, responsabilizó al gobernador riojano de promover los incidentes al acusarlo de no enviar las fuerzas policiales a detener la manifestación de personas que reclamaban cobrar su sueldo. Tanto dirigentes como medios macristas reprodujeron la movilización.

En respuesta a las acusaciones por asfixia financiera que alega la intendenta riojana, fuentes allegadas al gobernador aseguraron que se trata de “una decisión que corre por cuenta de la intendenta que ahora pretende que el gobierno provincial abone esos salarios, cosa que no corresponde”.

“La gobernación cumple con la ley de coparticipación y que lo que se busca es nacionalizar el conflicto como una jugada electoral”, añadieron. 

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