La Comisión Provincial de la Memoria (CPM) presentó una denuncia penal contra el diputado nacional de La Libertad Avanza Beltrán Benedit por apología del crimen por haber promovido una visita a la cárcel a genocidas y represores de la última dictadura cívico militar. Junto con otros cuatro integrantes de su bloque, el legislador nacional fue al penal de Ezeiza para encontrarse con los condenados por crímenes de lesa humanidad: Antonio Pernías, Gerardo Arraez, Honorio "el Pájaro" Martínez Ruiz, Agustín Oyarzabal Navarro, "el Uruguayo" Juan Manuel Cordero, Mario "el Cura" Marcote, Miguel Ángel Britos, Adolfo Donda y Alfredo Astiz, uno de los más sangrientos asesinos de la dictadura, conocido como "el Ángel de la Muerte".
Desde la organización de derechos humanos, además, consideraron que "hubo una clara intencionalidad" por parte del diputado nacional para que su posicionamiento fuera público y sus ideas fueran "ampliamente difundidas".
"Hubo una clara intencionalidad para que este posicionamiento político ideológico que defiende a genocidas condenados por crímenes de lesa humanidad tuviera consecuencias sociales", apuntaron, por lo que señalaron que el "Estado tiene la obligación de investigar y sancionar" tanto los crímenes de lesa humanidad y, también, la apología de ellos.
"Luego de esa visita, Benedit realizó una serie de declaraciones, que se hicieron públicas a través de redes sociales, en las que llamó a los represores 'excombatientes que libraron batallas contra la subversión marxista' e intentó negar los crímenes cometidos. La CPM considera que estas expresiones públicas son constitutivas del delito de 'apología del crimen' y deben investigarse y juzgarse pues son una afrenta a la democracia", explicaron desde la CPM. El delito está estipulado en el artículo 213 del Código Penal y establece una pena de prisión de un mes a un año a quien "hiciere públicamente y por cualquier medio la apología de un delito o de un condenado por un delito".
Una vez que conoció la visita y el posicionamiento de Beltran, lejos de demostrar arrepentimiento, confirmó en un chat de WhatsApp de su bloque la identidad de sus pares y se hizo cargo de la propuesta, como se contó en esta nota. Su accionar fue en espejo con lo hiciera la vicepresidenta, Victoria Villarruel, que también visitó genocidas en las cárceles, como con las políticas de recortes en los organismos de derechos humanos de la nación y el intento de cierre de políticas que buscan la Memoria, la Verdad y la Justicia.
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En la captura de pantalla de la conversación que se viralizó en las redes sociales, también se pueden leer todavía más cuestionamientos que hizo Benedit sobre las personas que fueron detenidas, torturadas y desaparecidas: “¿Qué edad tenían estos presos al momento que se le inventan los cargos? Entre 19 y 23 años. ¿Los cargos han sido probados? No, muchos son inventados”, dijo en un momento. Y subrayó: “Vamos a hacer un escrito que dirá que no se cumplen los derechos humanos porque quienes fueron parte (terroristas) hoy se erigen en jueces y fallan en función de la venganza, la ideología y el negocio”.
Como si fuera poco, dijo que las "Fuerzas Armadas vencieron al terrorismo marxista por las armas"; aseguró que el presidente, Javier Milei, "combate en la política esta ideología (la marxista)" y que apuntarán contra "los jueces que armaron y fallaron a favor de esta farsa", como es el Consejo de la Magistratura.
Con todo ese material dado a conocer, la CPM sostuvo lo obvio: que Benedit "defiende abiertamente a los represores que visitó en Ezeiza y su accionar probadamente delictivo durante la última dictadura militar". Desde la organización de derechos humanos alertaron, además, sobre "la gravedad" que implica la mención a Milei "como una figura que avala y apoya el negacionismo frente a crímenes que implican gravísimas violaciones a los derechos humanos y que continúan perpetuándose al no conocerse el destino de quienes siguen desaparecidos".
Por último, advirtieron que la difusión masiva de estas ideas "reivindica" la metodología usada por los genocidas en su plan de exterminio que se basó en la desaparición forzada, el asesinato, la tortura, el abuso sexual y la apropiación de niñas y niños. El resultado de la dictadura cívico militar argentina, que actuó en coordinación con otros regímenes autoritarios de América Latina para la persecución de personas, dejó un saldo de 30 mil personas desaparecidas y más de 300 bebés cuyo paradero todavía se desconoce.
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