El Gobierno le soltó la mano a la diputada cordobesa acusada de quedarse con el sueldo de sus asesores

María Celeste Ponce le habría exigido a una de sus exempleadas que le entregue más del 70% de su sueldo mensual. Manuel Adorni dijo que el hecho que involucra a la diputada "corresponde al Poder Legislativo" y que no conoce los "detalles". 

22 de julio, 2024 | 10.07

La tensión que se vive en el seno de La Libertad Avanza (LLA) del Congreso por la polémica visita de seis diputados nacionales a un grupo de genocidas en la cárcel de Ezeiza, tiene un condimento más para sumar a la fricción puertas adentro de la bancada: acusaron a la legisladora cordobesa María Celeste Ponce por exigir pagos a sus colaboradores a cambio de contratos

La acusación fue dada a conocer en el canal de YouTube libertario "El Presto", a cargo del periodista Eduardo Prestofelippo, quien en una de sus transmisiones habló de la supuesta maniobra que habría realizado Ponce. Después de diciembre, y al nombrar de manera muy rápida a varios asesores, la diputada le habría exigido a una de sus exempleadas que le entregue más del 70% de su sueldo mensual

A través de una serie de audios, la joven relató cómo era la polémica operatoria de la legisladora. “De las 700 lucas que yo cobraba como asesora, me sacaba 500 y yo me quedaba con 200. Así que no te confíes de que son buena gente, son una lacra. Celeste Ponce por sobre todo”, dice el testimonio que reprodujo al aire Prestofelippo.

Según LPO, la denunciante María Guillermina Ruiz adjuntó captura de las transferencias realizadas antes de ser despedida por negarse a seguir “compartiendo” su sueldo.

“Decidí no darle más la plata que me exigía. Yo estaba trabajando para ganarme la plata y por ende, me pertenecía. Decidí no prestarme más a la extorsión de ella”, sentenció la joven. Según detalló el influencer, Ruiz formalizará la denuncia en los próximos días.

Tras darse a conocer el escándalo, el Gobierno se desligó completamente del polémico accionar de Ponce: ante la consulta realizada durante la conferencia de prensa del día viernes, el portavoz oficial, Manuel Adorni, dijo que el hecho que involucra a la diputada "corresponde al Poder Legislativo" y que no conoce los "detalles" ni la "información" del hecho. 

Ponce llegó de manera directa a la lista de diputados el año pasado por un contundente pedido desde la cúpula libertaria y tras conformar Pumas Libertarios, una agrupación con una fuerte base en el sur de la provincia de Córdoba.

De esta manera, Ponce se convirtió en una de las tres diputadas de LLA, junto a Gabriel Bornoroni y Cecilia Ibáñez. Un tridente que no tiene buena sintonía, a pesar de que todos representan al mismo bloque y oriundos de una misma provincia.

La situación vuelve a encender las alertas en Córdoba porque Bornoroni, además de ser el jefe de bloque en Diputados, fue "bendecido" por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, para armar en la provincia y quedarse con el sello La Libertad Avanza, en la primera estocada de la mesa chica libertaria hacia el interior. El Gobierno empieza a allanar el terreno de cara a las elecciones legislativas del 2025, donde buscará conseguir personería jurídica y representación a nivel nacional para consolidar el partido.

Bullrich defendió y justificó la visita de diputados de LLA a genocidas: "Libertad"

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se refirió al encuentro entre diputados de LLA y represores detenidos por crímenes de lesa humanidad en el penal federal de Ezeiza y justificó a los legisladores "dentro de la ley". La funcionaria comparó la visita a genocidas con otros políticos detenidos y dijo que eso es libertad.

"Fue una decisión personal y cada uno debe hacerse cargo", planteó la funcionaria tras la cita con Alfredo Astiz, exoficial de la Marina condenado a cadena perpetua por delitos de lesa humanidad. En este marco insistió que consistió en "una decisión persona y que, cada uno debe hacerse cargo de lo que hace y esa es la libertad".

En la misma línea, defendió a los legisladores y sostuvo que ella está "a cargo del sistema, no quiero evaluar a qué preso podés ir a ver o cuál no. Me parece que lo que estamos viviendo es una construcción de libertad y si hay alguien que considera que tiene que ir a ver a un detenido porque ellos consideran que formó parte de un momento trágico de la Argentina lo puede ir a ver".

Los legisladores que participaron del la visita a Astiz, Ricardo Cavallo y Raúl Guglielminetti son Rocío Bonacci (Santa Fe), Beltrán Benedit (Entre Ríos), María Fernanda Araujo (Entre Ríos), Lourdes Arrieta (Mendoza), Guillermo Montenegro (Buenos Aires) y Alida Ferreyra (Corrientes).

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