Beltrán Benedit, el diputado nacional entrerriano que ingresó en 2023 al Congreso de la mano de La Libertad Avanza, finalmente explicó los motivos que lo llevaron a encabezar una comitiva de legisladores que visitaron represores en el Penal de Ezeiza, el 11 de julio. El escándalo se destapó poco después y sigue siendo objeto de conversación. Una lluvia de pedidos de sanciones y hasta solicitudes de expulsión son analizados por comisiones de la Cámara Baja nacional, donde en las últimas horas los involucrados han expresado sus explicaciones.
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El último en hacerlo, justamente, fue el mencionado dirigente entrerriano. En un escrito enviado a las comisiones de Peticiones y Asuntos Constitucionales, aseguró que el viaje a la cárcel donde están alojados genocidas condenados por delitos de lesa humanidad en la última dictadura cívico-militar "no tuvo motivación política alguna". De acuerdo a su mirada, fue una "acción humanitaria y de inspección" cuyo objetivo fue revisar las condiciones en las que están detenidos, entre otros, Alfredo Astiz, uno de los personajes más siniestros de aquella etapa oscura de nuestra historia.
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Según Benedit, ser diputado le confiere una "función fiscalizadora" y subrayó que la recorrida le permitió constatar "carencias" de los internos, especialmente en aquellos de "avanzada edad". Para cerrar, dijo que los hechos se "distorsionaron" para "alimentar la narrativa de persecución y descalificación política".
En su argumento, el legislador entrerriano omitió una serie de aspectos que han sido denunciados oportunamente. Por ejemplo, no negó ni ratificó trabajar en un proyecto de ley, ya sea para indultar represores o para darles beneficios que no tienen, como la prisión domiciliaria. Ese proyecto habría sido delineado por uno de los detenidos, Raúl Guglielminetti, un criminal condenado por múltiples delitos de lesa humanidad en el caso conocido como “Automotores Orletti” y además vinculado, ya en democracia, con el tráfico de estupefacientes y de armas. En efecto, en la foto que surgió como evidencia de la visita a Ezeiza, se lo ve a Benedit sosteniendo un sobre que tendría los puntos generales de la iniciativa. La posibilidad de que el diputado esté trabajando en una norma de esas características fue deslizada por Lourdes Arrieta, otra de las involucradas en el escándalo. La ahora exintegrante del bloque libertario apuntó al dirigente rural como quien encabezó la comitiva y "engañó" a los demás asegurando que el fin último era otro.
Tampoco habló Benedit de su visita -anterior- a represores en Campo de Mayo. El hecho fue ventilado por la propia mendocina en los chats de WhatsApp publicados en la red social X, donde todos los que participaron de la travesía a Ezeiza hablan de la repercusión de lo sucedido y piden más respaldo de la conducción de la Cámara, a cargo de Martín Menem. En esas conversaciones, el diputado se muestra enojado con la actitud del Poder Ejecutivo, quien se despegó rápidamente de lo sucedido. De hecho, también da a entender que sería capaz de acudir al Consejo de la Magistratura para plantear una serie de objeciones en relación a la situación de Astiz, conocido por su alias “Él Ángel de la Muerte”.
No hizo referencia tampoco el legislador a las múltiples acusaciones vertidas en su contra por su excompañera de bancada, que fue expulsada poco después de que contara abiertamente lo que había pasado. No reconoció haber encabezado la comitiva y evitó explicar el hermetismo reinante alrededor de la actividad, que habría tenido complicidad de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aunque ésta dijo luego haberse "enterado por los medios".
Consultado por El Destape, Benedit prefirió el silencio. Sí le manifestó a este cronista que le molesta que se denomine "genocidas" a represores enjuiciados y condenados por secuestros, torturas, desapariciones, muertes y robos de bebés. Delitos todos debidamente comprobados y que se perpetraron, en casos, gracias a tareas de inteligencia ilegal en el marco de una dictadura cívico-militar donde las libertades individuales estaban cercenadas. Una actitud que se inscribe dentro de la narrativa que ha instalado el gobierno libertario desde su arribo, calificando estas violaciones a los derechos humanos como “excesos” y manifestando en más de una ocasión –especialmente a través de la vicepresidenta Victoria Villarruel- las “injusticias” que padecen algunos sentenciados.
La situación del diputado entrerriano y los otros cinco involucrados está siendo analizada por las comisiones de la Cámara Baja, donde han encontrado amparo -momentáneo- en el PRO. Fuentes legislativas le garantizaron a El Destape que el sector aliado a LLA no tiene intenciones de avanzar en sanciones y que interponen medidas que sólo buscan dilatar el tema hasta agotarlo, sin resolución alguna. La semana próxima habrá un nuevo encuentro, tras la presentación de los descargos.
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