Las acusaciones contra la titular del FMI, Krystalina Georgieva, que desde hace una semana sacuden el mundo de las finanzas, pueden convertirse en un cisne negrísimo en el camino de una Argentina que no tiene margen para nuevas sorpresas. Todo lo que se avanzó hasta ahora en la renegociación de la deuda, que el gobierno de Alberto Fernández espera resolver este año, puede quedar en suspenso hasta que se resuelva la situación de Georgieva.
La directora gerente del Fondo Monetario enfrenta un embate de la ortodoxia, que la señala como responsable de haber modificado reportes del Banco Mundial en beneficio de China en 2018, cuando se desempeñaba como directora de esa entidad. Del scrum participan el establishment de Wall Street, exfuncionarios de Donald Trump, como el presidente del BM, David Malpass, pero también la actual conducción demócrata del Tesoro norteamericano.
En los últimos días, los dos medios especializados más influyentes del mundo, el Financial Times y The Economist, sugirieron la necesidad de que Georgieva renuncie. Pero aunque la ofensiva no alcance a voltearla, es probable que su margen de maniobra vaya a verse reducido, y esa no es una buena noticia para la Argentina, que tiene en la búlgara una interlocutora más atenta que las alternativas que podrían llegar a reemplazarla.
Muchas voces importantes denunciaron que la investigación sobre supuestas irregularidades para mejorar la calificación de China en el informe anual Doing Business de 2018, cuando Georgieva era directora del Banco Mundial, esconde un contraataque de sectores financieros descontentos con la pátina heterodoxa que ella está dándole al organismo, adaptando algunas de sus estrategias a las necesidades de los deudores.
“Hay movimientos para reemplazar o al menos debilitar en gran medida a Kristalina Georgieva”, advirtió esta semana el Nobel de economía Joseph Stiglitz en una columna de opinión titulada “Un golpe de Estado en el FMI”. En el mismo sentido se manifestó Jeffrey Sachs, que sostuvo que “el acalorado ataque no tiene que ver con la calidad de su gestión” sino que “quieren que se vaya porque no es enemiga declarada de Pekín”.
Un enfoque similar utilizan en el gobierno argentino para explicar el conflicto: “Es un acto de lawfare contra la directora del FMI”, aseguran en el ministerio de Economía, donde reconocen que un traspié de la búlgara puede llevar a foja cero la renegociación de la deuda y agregar un nuevo problema a las exigidas cuentas del país. En términos estrictamente financieros puede ser tan dañino como otra pandemia, aseguran.
Sucede que Georgieva es la principal interlocutora del equipo que conduce Martín Guzmán y la negociación con el Fondo sigue una serie de premisas que son, justamente, aquellas que cuestionan los que atacan a la funcionaria por su heterodoxia. Si fuese reemplazada, en su lugar asumiría un ortodoxo, que probablemente intente imponer condiciones más férreas al país a la hora de refinanciar los vencimientos para los próximos años.
Incluso si se sostiene al frente del organismo, el conflicto con la secretaría del Tesoro de los Estados Unidos, accionista mayoritario del FMI, puede complicar la acumulación de consensos necesarios para llevar a buen puerto las charlas con Guzmán. Uno de los principales funcionarios de ese área del gobierno norteamericano no es otro que David Lipton, número dos del Fondo cuando le otorgó el crédito a Mauricio Macri.
Otro protagonista del ataque es el actual director del Banco Mundial, David Malpass, exfuncionario de Donald Trump. La contraofensiva ortodoxa, en el marco de una nueva guerra bipolar entre los Estados Unidos y China, atraviesa las divisiones políticas en Washington. Guzmán, la semana pasada, advirtió que “el establishment financiero que ha escrito las reglas de juego que hacen un mundo desigual sigue queriendo profundizar su poder”.
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