El juez federal Daniel Rafecas sobreseyó al dirigente social Juan Grabois en una causa por "intimidación pública" por declaraciones que pronunció en el marco de una marcha sobre "dejar sangre" para que no haya más hambre en el país.
Grabois fue denunciado por haber declarado, en referencia a los manifestantes que lo acompañaban: "Acá hay algunos gauchos y algunas gauchas que estamos dispuestos a dejar nuestra sangre para que no siga habiendo hambre en la Argentina". Esa expresión fue considerada por los denunciantes como una "amenaza" a la democracia.
Grabois fue denunciado por el empresario Juan Mussa, el animador Santiago Cúneo, el diputado Alberto Emilio Assef, entre otros, a partir de esas declaraciones, que formuló en julio pasado, en el Puente Pueyrredón, en el marco de un plan de lucha por mayores ingresos para los sectores más desprotegidos de la economía que duró varios meses.
El denunciante Mussa, que integra hoy el espacio porteño de La Libertad Avanza de Javier Milei, sostuvo ante el juez que Grabois intentó generar "caos" para "liberar a Cristina Kirchner del juicio de Vialidad". Además de "intimidación pública", Grabois fue denunciado por los delitos de "asociación ilícita", "amenazas coactivas" y "apología del delito", aunque todos ellos fueron descartados por la Justicia porque no cumplen, según el juez, los requisitos para configurarse.
El juez no tomó esta hipótesis y, por el contrario, señaló que "el sentido contextualizado de sus palabras, no fue otro que el de una protesta social, una prédica ideológica y un discurso político". A párrafo seguido, el magistrado del juzgado federal 3 señaló la importancia de "la presencia de libertades que hacen a la esencia del sistema democrático".
El equipo legal del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), que llevó adelante la defensa de Grabois, consideró una vez conocido el fallo que "no sorprende que el fiscal (Carlos) Stornelli haya intentado impulsar esta puesta en escena circense siendo que ha encabezado la inmensa mayoría de las investigaciones de las causas conocidas del lawfare". También, cuestionaron el uso de fondos públicos para investigar estas "denuncias sin sentido" y mencionaron que "esos recursos debieran destinarse a gestionar la conflictividad criminal del conjunto de la sociedad, una enorme deuda de la democracia".
"La coordinación entre todos los denunciantes para intentar estratégicamente el avance de alguna investigación, es una clara maniobra de fórum shopping -práctica prohibida por el derecho penal- que busca que alguno de los juzgados sorteados, por motivaciones políticas, les diera relevancia a las denuncias e impulsara una causa que no tiene sustento jurídico", denunciaron a su vez los abogados de Grabois.
Con información de Télam
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