El procurador interino Eduardo Casal, que jugó un rol indispensable en la persecución judicial y que sigue en su cargo, se negó a entregar información sobre los manejos en el Ministerio Público Fiscal solicitada por el Congreso. La excusa que puso fue la pandemia de COVID-19 pero su par del Ministerio Público de la Defensa, Stella Maris Martínez, cumplió con un pedido de información idéntico pese a que cuenta con muchos menos recursos. Desde la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público evalúan ya denunciar penalmente al interino Casal por mal desempeño y obstrucción.
El Destape informó el 18 de julio que el Congreso puso la mira en el desempeño del interino Casal y que la Comisión Bicameral realizará auditorías sobre sus (des)manejos en la Procuración. Las auditorías van a analizar desde la persecución interna de fiscales (los casos de Gabriela Boquin y Juan Pedro Zoni por el caso Correo Argentino, por ejemplo) hasta la protección de otros como el caso del procesado Carlos Stornelli, pasando por cuestiones administrativas y presupuestarias y todos los movimientos y traslados de fiscales decididos por el interino Casal.
Para esto, el 16 de julio la Comisión Bicameral le requirió a Casal varios informes y le dio un plazo de 10 días para entregarlos. Juntos por el Cambio quiso proteger a Casal y no acompañó el pedido. Con el plazo vencido, el 28 de julio el interino Casal se negó y envió una nota donde pidió más tiempo bajo el argumento de que tiene capacidad limitada por el COVID.
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El senador Martín Doñate, que preside la Comisión Bicameral que pidió los informes, advirtió en El Destape Radio que el interino Casal “se está negando a dar información bajo la excusa del COVID”. El senador reveló que “las medidas dictadas por el Gobierno en el marco de la pandemia no le impidieron tomar decisiones. Firmó 245 resoluciones. Dispuso subrogancias, interinatos, tomó decisiones de las más variadas pese al COVID. Sin embargo, cuando pedimos las informaciones, resúmenes y auditorías, dice que no las puede hacer en tiempo y forma por esta situación”.
Casal fue (y es, ya que sigue en el cargo) muy importante para el lawfare. Desde su rol como jefe interino de los fiscales operó al compás de los deseos de Mauricio Macri, tanto para darle cobertura personal en casos como el de Correo Argentino como para proteger a otros actores del lawfare como el fiscal Stornelli. Sigue en el cargo, ya que el Senado tiene trabada la designación de su reemplazo. La propuesta del Presidente Alberto Fernández es que asuma el actual juez Daniel Rafecas, pero debe votarlo el Senado y alcanzar los dos tercios de sus miembros.
Vale recordar que Casal llegó al cargo de procurador interino gracias a que la alianza entre Macri, Clarín, Comodoro Py y los abogados de grandes empresas y de genocidas presionó y logró la renuncia de Alejandra Gils Carbó.
Su interinato responde a la ley que ordena el Ministerio Público, que establece que en caso de vacancia el cargo de procurador lo asume el fiscal “que tenga más antigüedad en tal cargo”. Casal era Procurador ante la Corte desde 1992. Allí intervino en la investigación por el atentado a la Embajada de Israel, caso que nunca se esclareció pero generó uno de los mayores papelones de la historia judicial argentina. En la apertura del año judicial de 2015, el entonces presidente de la Corete Ricardo Lorenzetti aseguró erróneamente que era “cosa juzgada”. Casal fue parte de esa investigación aún trunca, pero que le abrió contactos naturales con Israel y Estados Unidos, además de los servicios locales.
Para cubrir el cargo Macri amagó con proponer a Inés Weinberg de Roca, hoy integrante del Consejo Asesor para la Reforma Judicial. La propuesta nunca tuvo chances y finalmente la tarea quedó en manos de Casal, que se alineó de manera automática con Cambiemos y todos contentos.
En la procuración, Casal se rodeó de Juan Manuel Olima Espel, Juan Pablo Ugarte y Juan Manuel Casanovas, los 3 juanes. El más relevante fue el primero, Olima Espel, que por sus vínculos con la AMIA, la DAIA y la Embajada de Estados Unidos llevó su agenda de lucha contra el terrorismo al MPF. Entre sus nexos estaba Juan Bautista Mahiques, ariete de la persecución judicial orquestada en la era Macri.
Entre los datos que hoy se niega a aportar están los documentos sobre como protegió a Stornelli procesado por su participación en 7 casos que ejecutó el espía ilegal Marcelo D’Alessio. También las múltiples maniobras para presionar a la fiscala Boquin, que fue quien evitó que la condonación de más de 70.000 millones de pesos a la familia Macri por el caso Correo Argentino. Le vació la fiscalía, le retaceó recursos y le inició procesos disciplinarios con falsas denuncias, todo con el objetivo de frenar sus investigaciones sobre el vaciamiento de Correo Argentino. No se le pueden achacar a Casal otro tipo de presiones que recibió Boquin pero coincidían en el tiempo.
El senador Doñate señaló que hay “12 o 13 pedidos de juicio político contra el procurador interino Casal” y que “ha sido piedra basal del sistema de persecuciones” y que “hizo todo lo posible para proteger la rebeldía del fiscal Stornelli”. Ahora, además, se niega a entregar información a la Comisión parlamentaria que debe controlarlo.
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